CONCURSO EÓLICO

El Tribunal Superior declara ilegal la anulación del reparto eólico del bipartito

La sentencia alerta de la “inseguridad jurídica” provocada por Javier Guerra

Uno tras otro, al conselleiro de Economía e Industria, Javier Guera, se le vuelven en su contra los argumentos de defensa de la legalidad con los que desmontó el reparto eólico que había efectuado el Gobierno bipartito. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló ya en marzo de 2011 el decreto que sustentó aquel reparto, el 242/2007, en una sentencia que desmontaba el informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que sirvió de justificación para emprender un nuevo concurso eólico. Ahora, el mismo tribunal acaba de anular la decisión adoptada en agosto de 2009 por el propio Guerra de suspender el procedimiento de autorización de parques eólicos, cuya “ilegalidad” considera acreditada.

De esta forma, recobran su validez todas las propuestas de parques eólicos que la Xunta de Touriño había seleccionado cuando el nacionalista Fernando Blanco estaba al frente de la Consellería de Industria, lo que abre la vía a la reclamación de indemnizaciones, según adelantaron fuentes del sector. Las mismas fuentes aseguraron que el proceso eólico queda en una situación “muy compleja”, con unas concesiones en marcha y otras anteriores, las que anuló la Xunta de Feijóo, que consideran nuevamente activadas.

Tras ganar unos comicios en las que hizo del reparto eólico una de sus principales armas electorales, la Xunta del Partido Popular suspendió aquel reparto sin anular el decreto que lo sustentaba, argumentando su difícil encaje en un anteproyecto de ley que todavía no había entrado en vigor. Según el TSXG, Javier Guerra se precipitó. “Esas novedades legislativas, con evidente incidencia en el procedimiento en tramitación, no se habían producido en el momento de acordar la medida provisional”, argumenta el tribunal. La sentencia, del pasado 24 de julio, atiende el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Aucosa Eólica, que, con 216 megavatios, resultó la segunda mayor adjudicataria del reparto efectuado por el bipartito.

El TSXG considera que la Xunta incurrió además en desviación de poder, al adoptar una medida cautelar no para asegurar la eficacia de una resolución, “sino para un fin distinto”. “Bajo la excusa de evitar la consolidación de una supuesta situación ilegal”, que por lo demás “no existe”, continúa la sentencia, “se pretende garantizar, por razones de oportunidad, la iniciativa legislativa del Gobierno autonómico, sin tener que afrontar las consecuencias que se derivan de la aplicación de la normativa en vigor”, relata. Es decir, la Xunta podía derogar el decreto o revisar la selección de anteproyectos, pero optó por suspender el otorgamiento provisional de autorizaciones de parques eólicos, lo que la puede abocar al pago de indemnizaciones. “Es evidente que, si por razones de política legislativa, se quería cambiar la norma en vigor, no existía más posibilidad que su derogación a través de una nueva norma”, abunda el fallo del TSXG. Al no actuar de ese modo, la Xunta fue contra “el principio de seguridad jurídica” y contra la “confianza legítima en el actuar de la Administración”, ya que optó por “soluciones ideadas al margen de reformas legislativas aún no operativas”. Otro de los fundamentos de la sentencia consiste en que ni los “indicios de ilegalidad” del decreto del bipartito ni la “incompatibilidad en el nuevo modelo eólico” del reparto anulado, que son los motivos que argumentó la Consellería de Economía e Industria, “justifican la medida provisional adoptada”.

La de Aucosa es la primera sentencia que se publica contra la anulación del reparto del bipartito, pero no la única presentada. Otras empresas como Ventos Cooperativos, que había recibido 192 megavatios de los 2.325 que adjudicó el bipartito, también recurrieron la decisión de la Xunta de Feijóo, al considerarla lesiva contra sus intereses.

Aucosa Eólica, que había recibido 216 megavatios repartidos en siete parques, defendió su recurso con argumentos similares a los manifestados por la patronal eólica EGA en sus alegaciones contra la resolución de EconomíaCuenta entre sus socios con Pita Hermanos, Conservas Cerqueira, Bernardo Alfageme, Thenaisie Provote, Justo López Valcárcel e Hijos de Carlos Albo, entre otras empresas del sector de la conserva.

 

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