Ponteareas se sitúa al borde de la intervención del Estado por su bancarrota
Cualquier plan de ajuste pasa por reventar el modelo clientelar heredado de José Castro
El Ayuntamiento de Ponteareas, que preside el popular Salvador González Solla, tiene que presentar ya un plan de ajuste coherente y convincente —y el gobierno local no ofrece ninguno— o se verá abocado a su intervención por el Estado en un plazo estimado de tres o cuatro meses, con la consiguiente disolución de sus órganos de gobierno. El Ministerio de Hacienda rechazó el mes pasado su plan de ajuste “por no recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de operaciones de endeudamiento”, así como por no existir “una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasas o precios públicos”.
El Ayuntamiento tendrá que ahorrar tres millones de euros el próximo año, a partir de septiembre, y los grupos municipales tratarán de buscar hoy una salida en un clima de gran tensión política que hace totalmente improbable el consenso. El BNG ya viene anunciando que no negociará nada con el PP. “El gobierno local tendrá que explicar cómo se ha llegado a esta situación y luego dimitir, ya que está demostrando su incapacidad de resolverla”, indica su portavoz, Xosé Represas.
Los grupos municipales analizan hoy un documento con las propuestas no del PP, sino de la interventora
Los independientes de ACIP —escisión del propio PP— y los socialistas se muestran, sin embargo, más proclives a pactar con los populares algún acuerdo “que salve al Ayuntamiento de la catástrofe”. Los tres grupos de oposición, aparte de la reunión de hoy, ya han solicitado un pleno municipal para el próximo día 30 para reprobar la gestión de la edil de Hacienda y adoptar formalmente los acuerdos que podrían perfilarse hoy, a partir de un informe técnico de la interventora municipal con diversas opciones —todas traumáticas—, que es el único documento trasladado por el gobierno local para salir de la situación. González Solla ya presentó un primer plan de ajuste que fue rechazado por toda la oposición.
Para la segunda propuesta obtuvo el apoyo de ACIP, pero, según desveló la respuesta de Hacienda —que el gobierno local ocultó durante un mes—, falseaba datos y realidades contables para ignorar un déficit de 1,4 millones que, sumado a 150.000 euros mensuales que deberá devolver al Estado durante los próximos cinco años, inducen los tres millones de ahorro que el Ayuntamiento deberá generar en el inmediato.
El plan de ajuste, cualquiera sea su articulación, revienta la política de “más de 30 años” de gobiernos del PP y el modelo propio que heredó las pautas clientelares de José Castro, echado de la política precisamente por esa causa, el enchufismo, pero en las que han persistido sus sucesores —y directamente su hija, Nava Castro, actual directora general de Comercio de la Xunta— intentando consolidar, hasta ahora mismo y en concursos irregulares, las plazas de decenas de vecinos que ya accedieron al empleo por simple enchufe.
La transferencia de algunos de esos servicios —guardería, conservatorio, bomberos...— a la Xunta o a la Diputación Provincial chocan con la imposibilidad en muchos casos de incorporar en la transferencia a los actuales empleados, ya que carecen de la titulación o competencias comunmente requeridas para el conjunto de las Administraciones públicas. Con todo, tendrán que verse afectados ante la necesidad insoslayable de meter la tijera en los presupuestos. Por eso el PP prefiere abstenerse de formular propuestas.
