Los tres primeros comparecientes en la comisión de los ERE anuncian su silencio
Alguno de los imputados se limitará a leer una declaración sin admitir preguntas
La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el fraude de los ERE ha comenzado sin respuestas a las preguntas formuladas. Los tres primeros comparecientes, imputados en la causa judicial, rehúsan someterse al interrogatorio por parte de los diputados de la Cámara para aclarar los detalles de su implicación en el caso.
La razón aducida es que su testimonio ante la comisión podría perjudicarles debido a que están acusados en la vía penal. Los comparecientes, el exdiputado socialista Ramón Díaz, el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exjefe de servicio en la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois están obligados a decir la verdad, a diferencia del juzgado, donde pueden mentir para defenderse. Ramón Díaz se ha negado a responder las preguntas de los diputados. La comisión delibera ahora si le obliga a escuchar las preguntas que le formulen o le permiten marcharse. "Ha habido una injusta relación entre los ERE y el fraude", sostiene.
En cualquier, la comisión de investigación se ha iniciado descafeinada para obtener respuestas por parte de los protagonistas del fraude. Cada una de las 23 comparecencias que se celebrarán esta semana y la próxima constará de tres horas, pero en el calendario se han pospuesto la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla.
José Manuel Carrión, abogado del exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, ya avanzó ayer que su cliente leerá un comunicado de unos 30 minutos para hacer una defensa cerrada de su papel en la tramitación de los ERE. Nada de responder las preguntas de los grupos políticos presentes en la comisión, PSOE, IU y PP. La citación de Mellet para acudir a la comisión era genérica: “Para informar a esta comisión sobre cuantos extremos pueda proporcionar sobre las ayudas sociolaborales durante 2001 y 2010”. Pero el testimonio de Mellet se limitará a aclarar su papel en la tramitación de los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007, aunque solo el primero de ellos contó con subvención de la Junta.
La juez Mercedes Alaya acusa al exdirector de la empresa municipal de participar en la inclusión de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en el ERE de Mercasevilla en connivencia con la consultora Vitalia. Sin embargo, Mellet está imputado en los cuatro sumarios vinculados al fraude, entre ellos un próximo juicio que afronta este otoño sobre un intento de soborno a dos empresarios hoteleros.
Mientras, el exdiputado del PSOE Ramón Díaz, uno de los últimos imputados en el caso y antigua mano derecha del ex director general Javier Guerrero en Empleo, también avanzó ayer su silencio a través de su abogado, Manuel Navarro. La intención de Díaz es leer un comunicado en el que recuerde su confianza en la justicia y justifique su silencio ante la causa judicial abierta que ya investiga los hechos.
Por último, el ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois ya adelantó el pasado domingo que se acogería a su derecho para no prestar declaración ante la comisión parlamentaria al ser “incompatible” con su condición de imputado. “El ordenamiento jurídico sitúa en posición diferente a quien declara ante una comisión de investigación parlamentaria y a quien lo hace en calidad de imputado ante un juez. Esa incompatibilidad debe ser resulta obviamente a favor de la declaración judicial”, opinó su abogado Juan Carlos Alférez.
Los comparecientes están obligados por ley a acudir ante la comisión parlamentaria. Sin embargo, no existe obligación para que declaren y pueden guardar silencio si lo estiman conveniente.
Por otra parte, el presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio García (IU), informó ayer de que la exconsejera de Economía durante una década (1994-2004) y exministra Magdalena Álvarez no podrá acudir la semana que viene como compareciente ante el grupo de trabajo debido a sus compromisos como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su declaración estaba prevista para el próximo 28 de agosto, pero coincide con una reunión de Álvarez en Luxemburgo, por lo que será pospuesta.
En la próxima reunión del 5 de septiembre la comisión decidirá la fecha de comparecencia de Álvarez, lo cual deja una puerta abierta a una segunda ronda de citaciones, un extremo que ningún miembro de la comisión confirma aún.
Mientras, el resto de los 24 comparecientes han sido notificados para que acudan al Parlamento excepto el empresario y exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años, Ángel Rodríguez de la Borbolla. El hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla no ha podido ser localizado al encontrarse en el extranjero, según justificó García. Ningún miembro de los Cuerpos de Seguridad ha podido localizarle durante las últimas semanas para entregarle su citación en su domicilio de la Sierra Norte de Sevilla, a pesar de la colaboración de la Delegación del Gobierno, destacada ayer por García.
Los interrogatorios enfrentan al PP con el PSOE e IU
El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), avanzó ayer que cada persona que acuda a declarar contará con tres horas de comparecencia. La declaración estará dividida en una primera intervención de 60 minutos, seguida de una hora de preguntas con 20 minutos para cada uno de los tres grupos, un segundo turno de preguntas de media hora con 10 minutos para cada grupo y una intervención final de 30 minutos por parte del compareciente.
Eso sí, hay detalles llamativos: si el declarante no agota su turno de respuesta, el tiempo no se contabiliza a favor del turno de preguntas. Es decir, a pesar de que la comisión ha incidido en que su interés es hacer brotar la verdad, se dará el caso de que los comparecientes declaren durante 15 minutos y sus 45 minutos restantes no podrán ser aprovechados para formularle más preguntas, sino que toda su comparecencia se verá mermada. El PP calificó de "burla y engaño" el reparto de los tiempos en los interrogatorios y acusó al PSOE e IU de intentar provocar que los populares abandonen los trabajos de la investigación. Los populares tildaron de "totalitarias" las formas del presidente de la comisión, Ignacio García. El portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, acusó al PSOE e IU de "poner trabas a la verdad con tal de mantener el gobierno radical".
García argumentó que los tiempos están basados en la lógica parlamentaria y que tres horas es tiempo suficiente para que el papel desempeñado por un implicado quede delimitado, aunque su gestión haya abarcado tanto como 10 años: "Esto no es un interrogatorio judicial, sino que se trata de que aporten la máxima información (…) A todo el mundo le interesa declarar, ya que luego la gente se queja de que se le difama y calumnia", argumentó García.
El presidente justificó la duración del turno de repreguntas, que constará de 10 minutos por grupo parlamentario hasta completar una media hora. García recordó que los tiempos para repreguntar en la última comisión de investigación creada por la gestión de la entidad Bankia, no superaban el minuto y medio.
Sin embargo, la comisión que investigó los atentados del 11-M se prolongó durante 11 meses antes de extraer sus conclusiones y los turnos de preguntas carecieron de límite temporal. Las intervenciones de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar superaron las siete horas. En la comisión sobre los ERE cada turno contará con tres horas, dividido en una hora y media para que el declarante exponga sus detalles y otra hora y media para que los tres grupos le formulen sus preguntas. Cada día acudirán tres comparecientes.
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