La policía inicia las detenciones por los asaltos a supermercados

Interior ordena detener a los participantes en el acto, pero prefiere no arrestar a Sánchez

Gordillo, sino entregarle una citación. Gallardón ordena a la fiscalía del Estado que investigue

Detenidos dos jornaleros en Córdoba y Málaga e identificados cuatro más

Madrid / Sevilla 8 AGO 2012 - 23:36 CET

Foto: Juan Ferreras (EFE) / VÍDEO: ATLAS

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a los responsables de los asaltos a dos supermercados en los que participó el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de la localidad gaditana de Espera, Pedro Romero (IU), y el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero. Tras horas a la espera de la detención, finalmente, Interior informaba de que no se iba a proceder al arresto sino que, como era aforado, se le entregaría a Sánchez Gordillo una citación para que prestase declaración. Desde el ministerio se señalaba que, con respecto al resto de los implicados en los hechos, habría que identificarlos y después ver si se procedía a la detención. Eso sí, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha ordenado a la fiscalía que investigue los asaltos a las grandes superficies y a sus autores. Los arrestos ya han comenzado. Los dos primeros jornaleros han sido detenidos esta noche en Hornachuelos (Córdoba) y Málaga y ya se ha identificado a otros cuatro.

Fernández Díaz ha calificado la acción de "intolerable" en declaración a EL PAÍS. "Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha añadido en declaraciones a Efe el ministro, quien ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".

El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas". El ministro de Justicia ha acatado la recomendación de su compañero de Gobierno.

Llamazares ha considerado "hipócrita" y de "histeria" que se califique el asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se llevaron 13 carros de comida y dos trabajadores de uno de los supermercados denunciaron agresiones. Llamazares ha rechazado que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistido en que fue un "acto simbólico" y reivindicativo.

En esta línea, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha considerado hoy, en declaraciones a Europa Press, una “metedura de pata veraniega” la decisión del ministro. Meyer ha afirmado no compartir el asalto al supermercado, pero ha indicado que, dadas las circunstancias en que se produjo la acción, “cualquier juez procedería de una manera muy equilibrada”. En cualquier caso, el dirigente izquierdista ha señalado que, en otros países, se ha demostrado que acciones “vanguardistas” como ésta, “no sólo no sirven, sino que pueden convertirse en obstáculo”.

Por su parte, el portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, ha instado al ministro a que ponga los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, en lugar de “ordenar la detención de la gente sin más ni más”. Sixto ha reconocido que asaltar supermercados “no va a arreglar las cosas” y ha asegurado que no forma parte de la “estrategia” de IU. Sin embargo, ha defendido que se puede “comprender perfectamente” el “acto testimonial” organizado para poner en evidencia “la situación de drama que se está viviendo en muchísimas familias en este país”.

Todo lo contrario ha opinado la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, quien ha afirmado, en la misma línea que el ministro, que la actuación puede ser un delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo "ésto sería la ley de la selva".

Lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. En un Estado democrático y de Derecho hay otros medios para conseguir alimentos", ha advertido. El "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre", como por ejemplo "llevarse unas galletas", se puede absolver; sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre".

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