Girona sella los contenedores para evitar que se busque comida en ellos

La oposición critica que la medida sea una operación estética para evitar escenas incómodas

En la zona oeste de Girona puede verse desde ayer una inédita imagen: contenedores de materia orgánica cerrados con candado para que nadie pueda revolver en ellos en busca de comida. El Ayuntamiento quiere acabar con esta práctica “ante el riesgo para la salud que puede comportar y la alarma social que provoca”, y ha llegado a un acuerdo con tres cadenas de supermercados para impulsar un nuevo sistema de depósito y recogida de alimentos. Dos agentes cívicos se encargarán de derivar a las personas que ronden por los contenedores al centro de distribución de alimentos, donde se les proporcionará una cesta básica.

Los supermercados, a cambio, donarán comida que no pueden vender pero que todavía es apta para el consumo. El programa empezó ayer en fase de prueba. El Ayuntamiento ha puesto candados en cinco contenedores de los barrios de Sant Narcís y Santa Eugènia, todos cercanos a los supermercados Condis, Novavenda y Bonpreu que han firmado el convenio. El concejal de Servicios Sociales de Girona, Eduard Berloso (CiU), explicó que el objetivo es “garantizar el derecho a la alimentación” de los ciudadanos sin que estos tengan que caer en la “humillación” ni renunciar a su “dignidad”. Según los datos del Ayuntamiento, hay unas 90 personas en la ciudad que frecuentan los contenedores para buscar comida en ellos.

La idea es derivar a estas personas a un centro de distribución de alimentos, una iniciativa del anterior gobierno, del PSC e ICV, para repartir cestas de comida entre las familias en riesgo de exclusión. El centro lo gestiona un consorcio en el que están presentes Cáritas y la Cruz Roja, y reparte 800 cestas de comida cada 15 días. El consorcio aumentará el número de lotes hasta 1.000 para cubrir las necesidades del nuevo programa. Los encargados de derivar a las personas que se dirijan a los contenedores hacia el centro de alimentos serán dos agentes cívicos que, equipados con vales, les informarán del nuevo procedimiento.

La oposición ha criticado el programa porque cree que el Ayuntamiento solo está preocupado por la imagen. “¿Qué se quiere conseguir, que no se vea gente revolviendo en los contenedores o que nadie pase hambre?”, preguntó Joan Olóriz, edil ecosocialista, quien pide que sean los servicios sociales los que decidan quién debe beneficiarse del centro de distribución. “Nos preocupa que todo quede reducido a un simple cierre de los contenedores y el anuncio sea un envoltorio inaceptable para una medida que, presentada de otra manera, sería escandalosa”, afirmó la socialista Pia Bosch.

Berloso niega que se trate de una mera operación de imagen. El Ayuntamiento cree que todos los supermercados de la ciudad, unos 35, se acabarán uniendo al programa y aportarán comida en buen estado que no pueden comercializar. El Consistorio remplazará entonces los candados por contenedores especiales que solo podrán abrir los trabajadores de los supermercados. El convenio no detalla la cantidad de comida ni la periodicidad de las entregas.

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