“Donde cae no crece la hierba”

“He visto vaciar contenedores de hasta 30.000 litros de lixiviados en un hoyo de un metro de hondo y el hoyo no se llenaba. Se estaba filtrando. A ver dónde ha acabado”

Agentes de la Policía Local precintan el acceso a la planta de La Murada. / DAVID RODRÍGUEZ

Luis (nombre ficticio) trabajó cinco años para Proambiente, empresa con la que Ángel Fenoll explota la planta de Abanilla. Los últimos tres años, sacaba lixiviados de los vasos y los vertía en descampados, según cuenta. Tras el primer año, comenzó a sufrir cada dos meses resfriados que se fueron repitiendo con mayor frecuencia hasta que un buen día le “cogió en el pecho”. “Me diagnosticaron bronquitis crónica y el médico me dijo que podía estar relacionado con la exposición a lixiviados, pero nadie me firmó una baja laboral a falta de un estudio epidemiológico que corrobore una relación de causa efecto”.

Luis empezaba su jornada a las ocho de la mañana, nunca bajaba de las diez horas, pese a que el convenio sectorial marca un máximo de seis y media. Su protección era una mascarilla que le duró dos años. No tiene palabras para definir el olor de los lixiviados: “El lixiviado huele... Es la descomposición de comida, pilas, neumáticos, todo”. Y añade: “Eso es animal, donde lo eches no crece la hierba”.

Un día se plantó junto a un grupo de compañeros pidiendo la aplicación el convenio y el reconocimiento de pluses de peligrosidad o toxicidad, nunca pagados. “Se suponía que solo tratábamos residuos sólidos no peligrosos”, dice. A los cuatro días le despidieron. Hoy, Luis, futbolista de regional hasta los 36 años, lleva siete de enfermedad.

Roberto Sebastián Belmonte trabajó en la planta casi 11 años. Era el encargado de hacer los agujeros para los vertidos y llevó a la Fiscalía Anticorrupción los métodos de su jefe. “Entraban camiones y, por norma general, debían pasar por planta para reciclaje pero iban directamente a verter. Luego pasaban por la oficina, les hacían el albarán y fuera”, explica. “Me decían: Roberto haz un agujero aquí, otro allá. Hacía zanjas de 30 metros de largo y cinco o seis metros de hondo. Al final hacías amistad con los camioneros. A uno le pregunté qué era el líquido negruzco ese que vertíamos y me contó que era el desecho del ácido que usan para hacer los quitamiedos de las carreteras. En teoría, eso no es un residuo urbano”, añade.

“Mucha gente sabía esto, pero nadie denunciaba. Cuando pasaban los camiones por las partidas rurales los agricultores se quejaban de que si rompían las parras, que si los riegos, que si el polvo que levantaban. De la noche a la mañana, silencio. Hoy hay vecinos que se quejan pero también muchos que callaron. No sé por qué, sobornos o vete tú a saber. Después de tanta queja la empresa empezó a regar los caminos para que los camiones no levantaran tierra y los vecinos callaron”, asevera.

El exoperario dice que donde se han hecho las catas (suelo agrícola) vio como se descargaban lixiviados: “He visto vaciar contenedores de hasta 30.000 litros de lixiviados en un hoyo de un metro de hondo y el hoyo no se llenaba. Se estaba filtrando. A ver dónde ha acabado”.

Como otros compañeros luchó por crear un comité de empresa y por la aplicación del convenio. Fue despedido. La notificación del despido como mínimo es curiosa. Un policía local le entregó un burofax con su despido. “Debe ser porque la Policía Local comparte oficina con Correos”, ironiza.

José Antonio Cutillas, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Abanilla y médico, aboga por realizar un estudio sobre el impacto en la salud pública de la industria: “Es obligación de las autoridades encargar un estudio epidemiológico, pero nunca lo harán. Esto era un oasis de vida rural sin riesgos medioambientales, el cáncer era una cuestión de factores genéticos”, comenta.

Hace siete años se incendió el vertedero. Cutillas lo evoca así: “Una nube tóxica cubrió el cielo más de dos días; un humo irritante que secaba ojos y garganta. Pasó y nos aseguraron sin estudio alguno que la nube no era tóxica. Era producto de la combustión de plástico y eso se sabe que libera dioxinas. La Consejería de Sanidad debería establecer un programa que compare poblaciones similares durante largo tiempo”.

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