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Bravo, encarcelado en la prisión de Soto del Real ante el riesgo de fuga

El presidente de la Audiencia de Gipuzkoa había decretado su arresto

Bravo, en un momento del juicio en la Audiencia de Gipuzkoa.
Bravo, en un momento del juicio en la Audiencia de Gipuzkoa.

El exdirector de la Hacienda de Irún, José María Bravo, recientemente condenado a 11 años de cárcel por diversos delitos de fraude, ingresó la noche del jueves en la prisión madrileña de Soto del Real, según confirmaron a Efe fuentes judiciales. Ese mismo día, el presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, había remitido un auto a las partes del en el caso en el que decretaba el ingreso en prisión provisional del principal condenado ante “riesgo de fuga”. El texto del magistrado, con fecha de ayer, ordenaba a las Fuerzas de Seguridad la detención de Bravo.

Con su resolución, Subijana aceptó la tesis de la Fiscalía, que el pasado miércoles exigió el ingreso en prisión de Bravo, según adelantó El Diario Vasco. El auto del presidente del tribunal establecía una fianza de 800.000 euros si Bravo, hermano del exsenador del PNV Víctor Bravo, quería eludir la prisión.

El Ministerio Público consideró que los 500.000 euros que hasta la fecha han permitido a Bravo estar en libertad, frente a los más de dos millones de euros que tiene que pagar en concepto de multa y a los 1,9 que debe devolver a la Hacienda, no eran suficientes para asegurar que no se fuera a fugar.

Bravo se encontraba hasta el jueves en libertad, ya que la sentencia dictada el pasado 23 de julio con la que se le condenaba a 11 años de cárcel y el pago de 2,3 millones de euros por un delito de blanqueo y otro de alzamiento de bienes, es provisional y ante ella cabe un recurso. El condenado explicó a este periódico que recurrirá el fallo.

La Audiencia fija una fianza de 800.000 euros para el condenado

El proceso judicial contra Bravo arrancó en 2006 por una serie de irregularidades cometidas en los años noventa en la oficina tributaria de Irún. La sentencia de la Audiencia recoge que ha quedado probado que Bravo no ingresó en la Hacienda de Gipuzkoa una serie de cantidades que le entregaron algunos contribuyentes. El condenado se apropió de ese dinero para su enriquecimiento.

No es la primera vez que el exresponsable de la Hacienda de Irún ingresa en prisión. Bravo ha estado interno en la cárcel guipuzcoana de Martutene 474 días, cerca de 16 meses. La primera vez que el condenado ingresó en prisión fue en 2007 a raíz de una petición de la juez instructora del caso. Entonces, pasó 26 días entre rejas después de abonar una fianza de 400.000 euros. El segundo ingreso en prisión de Bravo se produjo el mismo año, en julio, un mes desde su puesta en libertad por negarse a prestar declaración en los juzgados. El condenado pasó entonces cerca de un año a la sombra, hasta que en julio de 2008 la Audiencia Provincial de Gipuzkoa accedió a su puesta en libertad. Bravo tuvo que solicitar hasta en tres ocasiones su excarcelación y reunir los 500.000 euros en metálico que le había exigido la Audiencia para volver a poner un pie en la calle.

La sentencia del tribunal guipuzcoano condena además a Bravo a 16 años de inhabilitación absoluta para desempeñar cualquier cargo o empleo público y a otros nueve para ejercer un trabajo público con significación tributaria.

Bravo se encontraba hasta ahora en libertad provisional en Cáceres

Rosa Cobos, la exmujer del exresponsable de la Hacienda de Irún, también fue condenada a tres años y cuatro meses de cárcel por un delito de blanqueo y otro de alzamiento de bienes, además tendrá que hacer frente a una multa total de 2,2 millones de euros.

Hasta ahora Bravo se encontraba en Jerte, un municipio cacereño, en el que regenta el hotel y spa Túnel del Hada. Un negocio que puso en marcha junto a su exmujer y que la justicia le permite seguir dirigiendo hasta que haya una sentencia firme sobre el caso Bravo. Precisamente, sus pertenencias en Cáceres, como otras distribuidas por Gipuzkoa y Barcelona se encuentran comisadas hasta completar un valor de 1,6 millones de euros, la cantidad que el condenado sustrajo a la Hacienda de Gipuzkoa.