“Es una situación de verdadera alarma social”, alerta la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), que hoy ha presentado ante la fiscalía una denuncia por los impagos de la Generalitat a las residencias, entidades sociales, hospitales y escuelas concertadas. La entidad advierte de que si la Administración no les paga, se pueden producir casos de desatención a los ancianos. El sector social y los sindicatos piden al Gobierno catalán que dé marcha atrás en su decisión y pague los 400 millones a las entidades.

“Si no tenemos la financiación, no podemos llevar a cabo nuestro servicio ni podremos dar de comer a los ancianos”, lamenta hoy Iñaki Antón, vicepresidente de la Ascad y director de la residencia Gravi, en Polinyà (Vallès Occidental). Antón explica que hoy, 31 de julio, solo recibirán las cuotas que pagan las familias, lo que representa el 25% de los ingresos de la residencia. El grueso, el 70%, viene de las ayudas a la dependencia que la Generalitat deja de pagar este mes a los centros asistenciales. Antón admite que ya ha comunicado a sus trabajadores que no podrá pagar las nóminas y tampoco a los proveedores, básicamente al servicio de catering. “Es un callejón sin salida, porque los proveedores son una parte pequeña. Pero lo último que podemos hacer es dejar sin comer a los ancianos. Es como dejar de alimentar a nuestros padres”.

Ante esta situación, la Ascad, que agrupa a unos 300 directores de asilos, ha decidido presentar una denuncia en la fiscalía para criticar el impago de la Generalitat y alertar de sus consecuencias. “Previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales”, advierten en el escrito. En la Ascad se preguntan si “no hay otras medidas que tomar antes que decidir no pagar a las residencias”.

UGT y CC OO han exigido hoy al Gobierno que dirige Artur Mas que, si no puede pagar este mes de julio los conciertos a las entidades que prestan servicios sociales, abra una línea de liquidez en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público catalán.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos piden a las empresas afectadas que prestan estos servicios y que se verán afectadas por el impago de la Generalitat que informen detalladamente a los representantes de los trabajadores de la situación y de las posibles dificultades para pagar las nóminas. También reclaman al Gobierno catalán la "máxima transparencia e información clara y constante sobre la situación", para evitar conflictos y tensiones entre los trabajadores del sector.