Cinto se ratifica en las irregularidades de Justicia tras siete horas de declaración
Calparsoro decidirá el lunes si ve indicios de delito y remite el caso al juzgado
No lo tiene claro. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, decidirá el lunes si finalmente archiva o remite a los tribunales el supuesto fraude de 23 millones de euros detectado en la informatización de varios juzgados durante los años 2000 y 2009. Una decisión sobre la que reflexionará el fin de semana, tras la maratoniana declaración de más de siete horas que ayer tomó a la actual viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, la autora del informe que destapó las presuntas irregularidades. Su testimonio fue el más extenso de una jornada en la que también fueron interrogados la directora de Justicia, Marta Higueras, y su homólogo de Modernización, Jesús García.
La prolongada declaración de Cinto, que comenzó a media mañana y culminó a última hora de la tarde, tras un breve parón para comer, evidencia las dudas que sobre el caso mantiene Calparsoro, después de casi seis meses de investigación en los que ha tomado declaración a un total de 17 personas, entre testigos, peritos e imputados. Aunque con matices, el testimonio de la viceconsejera no deparó ayer sorpresas. Se ajustó a lo defendido con anterioridad en el Parlamento, donde compareció para explicar con detalle el contundente informe sobre las irregularidades, de más de 30 páginas, que en febrero remitió a la Fiscalía.
El largo testimonio de la viceconsejera evidencia las dudas que tiene el fiscal
Los hechos objeto de la investigación se remontan a la pasada década, cuando el departamento estuvo en manos de EA. Fue la actual consejera socialista, Idoia Mendia, quien los reveló en febrero, durante una comparecencia pública en la que denunció la existencia de 15 contratos informáticos en los que se pagó, más de una vez en ocasiones, por trabajos que en realidad no se llegaron a realizar. El anuncio dejó en entredicho el modelo de modernización judicial seguido en Euskadi, que hasta ese momento había sido referente en España. El departamento, sin embargo, estaba convencido del fraude y decidió darlo a conocer para exigir las responsabilidades correspondientes, con independencia del daño a la imagen que pudieran causar.
La consejería remitió la información disponible al Ministerio Público, para que investigara lo ocurrido Fue finalmente el fiscal superior quien asumió el caso. Las declaraciones de ayer se antojaban decisivas para esclarecer los hechos, como demostró Calparsoro con sus interrogatorios. Al margen de Cinto, tanto Higueras como García guardan vínculos con la etapa de los hechos investigados. La primera trabajaba ya por entonces en el departamento, aunque sin su actual cargo de responsabilidad, mientras que el segundo fue el sustituto de Inmaculada de Miguel, una de las dos personas a las que el informe elaborado por Justicia colocaba en el centro de la supuesta trama. La otra era la también responsable de contratación Ana Molina.
El archivo de la causa supondría un duro revés para la actual consejería
Lo cierto es que la incertidumbre en torno al caso ha crecido con el paso de las semanas y a medida que se han sucedido las declaraciones ante el fiscal. Hasta el punto de que las dudas planean ahora sobre lo que inicialmente parecía un fraude a todas luces. De Miguel, Molina y los responsables de las empresas supuestamente beneficiarias de los contratos, Ibermática e Indra, descartaron desde el primer momento la existencia de irregularidades. En sentido opuesto se pronunciaron los representantes de Versia, la aduitoría externa encargada por el departamento para ratificar las anomalías que sus propios servicios habían detectado.
Con la declaración de Cinto, Higueras y García, el fiscal dispone ya de todos los testimonios que consideraba relevantes para esclarecer el caso, con los que redactará su dictamen definitivo. Si finalmente deriva el caso a los tribunales, se iniciará un largo proceso judicial para depurar responsabilidades. En cambio, si opta por archivar la causa, infringirá un severo castigo a la imagen y credibilidad del Gobierno socialista, a escasos meses ya de las autonómicas.
