Alaya deja libre al exviceconsejero de Empleo, al que imputa cuatro delitos

La fiscalía pide que se imponga una fianza de 624 millones a Agustín Barberá

Agustín Barberá, a su llegada a los juzgados de Sevilla. / PACO PUENTES

La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado este viernes al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá los delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos, falsedad de documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. La juez le ha retirado el pasaporte y el DNI y le ha dejado en libertad con la condición de presentarse todos los lunes en el Juzgado. En un próximo auto, Alaya fijará la cuantía de la fianza de responsabilidad civil que le impone al exviceconsejero.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la fianza ascienda a 624 millones de euros. La Junta, personada como acusación particular, rebaja esta cifra hasta los 18,8 millones. Barberá ha estado este viernes citado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para prestar declaración. El exviceconsejero ha comparecido, pero se ha acogido a su derecho a no declarar porque, según su abogado, Pedro Apalategui, el auto que ha leído la juez al inicio de la comparecencia le imputaba unos hechos distintos de los que le había atribuido cuando le informó de su imputación.

Barberá fue durante 2004 y 2010 el segundo de Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo encarcelado desde abril de este año por su supuesta implicación en este caso. Según el auto de imputación que la juez ha leído este viernes, durante la etapa de Barberá como exviceconsejero se concedieron 220 ayudas sociolaborales y 27 ayudas directas “sin ningún tipo de control”. La juez admite que algunas de ellas se concedieron antes de la llegada de Barberá al cargo, pero sostiene que él “asumió” el pago de estas subvenciones, que habían sido otorgadas por dos subordinados suyos, los directores generales Javier Guerrero (actualmente en prisión) y Juan Márquez. Según la juez, hay indicios de que Barberá conocía que sus subordinados “carecían de competencia para tales concesiones”, en las que se invirtieron fondos públicos por un importe de 468.015.084,66 euros.

La juez cree que el imputado asumió el pago de 247 ayudas “sin control”

La juez sostiene que Barberá “colaboró durante varios años” a mantener un sistema de concesión de subvenciones que “institucionalizaría la arbitrariedad y la desigualdad en el otorgamiento de las ayudas públicas”. “Al estar huérfanas del procedimiento legalmente exigible, se permitía por el señor Barberá, entre otros responsables de la Consejería de Empleo, un uso llamativamente abusivo en el manejo de los fondos públicos, pues presuntamente se regalaban las mismas fraudulentamente a determinadas personas físicas o jurídicas, que conformaban un extenso grupo, cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta de Andalucía, a sindicatos y al PSOE andaluz”, afirma la juez.

Por otra parte, el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), ha solicitado a la juez Alaya su puesta en libertad sin fianza tras no poder reunir los 450.000 euros que le exigió la Audiencia Provincial para abandonar la prisión. Su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha presentado un escrito en el que solicita la libertad sin fianza o bien una “rebaja sustancial” de la fijada o que “permita que la que se fije pueda ser consignada en cualquier forma legalmente establecida”. Según fuentes consultadas, el abogado acompaña la petición de diversa documentación en la que figura que Fernández declaró en su último año como consejero 93.000 euros y 60.000 en su etapa posterior como presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.

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