Desahucio a mazazos en Cártama

Una plataforma contra los desalojos se queja de la actuación de la Guardia Civil

La notificación de desahucio fue entregada 24 horas antes por debajo de la puerta. Así lo denuncian Francisco Manuel Ramírez y su familia, quienes esta mañana han sido desalojados de su vivienda en Cártama (Málaga). “Ha sido tan precipitado que no hemos podido coger nuestras cosas”, asegura Ramírez, de 46 años, casado y con tres hijos.

Estos vecinos se enfrentaban al tercer intento de desahucio tras dejar de pagar su hipoteca hace tres años. “En la notificación recibida ayer, fechada el día 18 de julio, se suspendía el segundo intento de desalojo, previsto para el 19, y se aplazaba al 25. Algo que la familia desconocía”, afirma Victoria Molina, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Al igual que Molina, medio centenar de vecinos y miembros de la PAH se concentraron desde las 9.30 a las puertas del domicilio de esta familia para evitar, una vez más, el lanzamiento. “Una treintena de guardia civiles acordonaron la calle y poco a poco fueron cercando el acceso a la vivienda”, detalla Darío Villar, miembro de la PAH. “Aquellas personas que intentaron resistir fueron desalojadas por la fuerza”, agrega Molina, quien añade que, para entrar a la casa, los agentes “reventaron” la puerta con un mazo. Según varios testigos, el trato de los efectivos del Instituto Armado a la familia fue “brutal”. “Vi como sacaban al hijo de 15 años por el cuello y seis personas han tenido que acudir a un centro sanitario porque estaban llenas de moratones”, matiza Villar.

La actuación policial también ha sido criticada por el Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, quien ha estado presente durante el desalojo. “Además de arrastrar a las personas a varias les han pedido el carné de identidad. Imagino que para denunciarlas”, afirma.

Ayuda municipal

A pesar de quedarse en la calle, Ramírez y su familia ya tienen un techo donde dormir. Según Molina, el Ayuntamiento de Cártama ha llegado a un acuerdo con un propietario para que ceda una de sus viviendas. “El Consistorio les ha conseguido un alquiler de 350 euros, además de correr con los gastos de fianza y la primera mensualidad”, afirma.

Ramírez, que actualmente trabaja a media jornada como barrendero, dejó de pagar su hipoteca tras quedarse en paro en 2009, acumulando una deuda de 135.000 euros. “A los 8.000 euros de hipoteca hay que sumarle los intereses y el coste de la paralización de cada desalojo, en torno a los 35.000 euros”, precisa Molina, quien resalta que el banco no ha querido sentarse a negociar con la familia.

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Periodista de la delegación de EL PAÍS-Andalucía

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