La firma del informático de Emarsa compró dos Thermomix

El juez Ríos ya investigó el pago por parte de Microprocesadores Valencia de cuatro vehículos de lujo conducidos por imputados

Microprocesadores Valencia SL, la firma de Sebastián García Martínez, alias Chanín, adjudicatario del mantenimiento informático de Emarsa que facturó 4,5 millones en facturas desmesuradas a la depuradora de Pinedo y que por ello está siendo investigada por el magistrado instructor del caso, Vicente Ríos, compró a la mercantil Vorwerk España dos robots de cocina de la marca Thermomix.

Ríos ha incorporado a la causa la información requerida a Vorwerk, referida a dos facturas emitidas en marzo de 2008 a la empresa de informática por unas compras que en principio no corresponderían con la actividad empresarial de la firma de García Martínez. Una de ellas corresponde a dos Thermomix y la otra a dos equipos de limpieza Kobold.

El magistrado del caso Emarsa, que instruye el supuesto saqueo económico por al menos 25 millones de euros de la empresa pública, está investigando el supuesto desvió de dinero de la empresa a través de proveedores. De hecho, Ríos ya incorporó el pasado 29 de mayo a la causa los resultados de las consultas realizadas a la Dirección General de Tráfico (DGT) que demostraron que los cabecillas de la trama conducían coches de lujo pagados por la firma del informático. Así, un Mercedes Benz ML 320 CDI pagado por Microprocesadores Valencia es propiedad de Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa. La mujer de este, Cristina Segarra, conduce un Toyota Rav 4. Un Audi Q7 está a nombre de una empresa el exdirector financiero de la firma saqueada. Y un todoterreno BMW es propiedad de Noves Técniques Ecològiques (Notec), cuyos tres dirigentes también están imputados.

En esta tarea minuciosa para desentrañar el destino del dinero facturado por las empresas suministradoras de Emarsa, que ya ocupa 80 volúmenes de sumario, Ríos investiga ahora todo tipo de facturas de la firma de Sebastián García Martínez. El magistrado ya indicó en una resolución anterior que “aun aceptando que todos los productos recogidos en las facturas de compras aportadas hubiesen luego sido servidos a Emarsa, y aunque se establecieran márgenes de beneficio por la intermediación del imputado de un 100%, resulta proudente concluir que la facturación se incrementó sin justificación en unos 3.650.000 euros”.

Emarsa solo tenía 30 puestos de trabajo informatizados. Pese a ello, Chanín llegó a facturar, por ejemplo, 174 teclados, 149 ratones, 141 licencias antivirus, 105 altavoces, 79 monitores... Cabe recordar que otras dos empresas de la hermana de este empresario, María Paz García Martínez, facturaron otros 4,5 millones a la depuradora.

Recurso de Bernácer

Además, en esta resolución, el magistrado ha ordenado unir a la causa la resolución dictada por la Audiencia de Valencia, en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por Ignacio Bernácer -el que fuera jefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar)- contra el auto de ampliación de las investigaciones.

En otra providencia, el magistrado acuerda sumar al procedimiento un escrito presentado por el letrado de Enrique Crespo -expresidente de Emarsa- por el que se informa al juzgado de distintas "incidencias" registradas con motivo de su comparecencia ante la Oficina de Presentaciones. También pide trasladar este informe tanto al juez decano de Valencia, como al jefe superior de Policía.

Respecto a estas "incidencias", el letrado de Crespo, Javier Sans, ha explicado este martes que su cliente ha tenido problemas en alguna ocasión para que "algún funcionario" le extendiera una comparecencia como justificante de su asistencia a la Oficina de Presentaciones, algo que tiene que hacer cada semana.

Según el letrado, esto ya le ha pasado a Crespo "un par de veces", con lo que éste ha hecho una queja, que va directa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y este órgano la remite al responsable de la demarcación judicial. Pese a este trámite, el abogado también ha puesto en conocimiento del juzgado esta disfunción.

Por último, en otra resolución, el juez desestima la petición formulada por la Emshi de abrir una pieza separada de responsabilidad civil a Vicenta José Fortuny -imputada y esposa del empresario Vicente Ros--, y de que esta prestara fianza para asegurar responsabilidades que pudieran derivarse a lo largo del procedimiento, y que cifraba en 2.700.000 euros.

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