Magistrados de la Audiencia Provincial piden 10 plazas de aparcamiento

La sección de Justicia del sindicato CSI-F ha denunciado esta mañana que los magistrados de la sección civil de la Audiencia Provincial han pedido 10 plazas de aparcamiento en las que puedan estacionar los 28 coches de los jueces que van en su vehículo particular a la sede judicial. Así lo ha transmitido la presidenta de la Audiencia, Ana María Ferrer, a la Comunidad de Madrid, que será la encargada, en caso de aprobarlo, de sufragar el gasto. La media supondría 143 euros al mes por plaza, lo que al cabo del año implicaría un desembolso para el Gobierno regional de 17.100 euros, según datos facilitados por la Consejería de Presidencia y Justicia.

La sección civil se encuentra en la calle de Ferraz, cerca de la calle de Marqués de Urquijo, en pleno barrio de Moncloa. Los magistrados solo han pedido las plazas para ellos, sin tener en cuenta los funcionarios y trabajadores públicos que también desarrollan sus funciones en el mismo edificio, según ha denunciado el CSI-F. "Se busca solo el beneficio de un único colectivo profesional (los magistrados) que asiste a la sede judicial, por regla general, dos o tres días a la semana. Se trata de una medida injustificada e implica discriminación con respecto al resto del personal que presta servicio en esta sede judicial", ha denunciado el sindicato.

La central sindical ha recordado que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado que la crisis exige un ajuste económico radical. "Desde la Consejería correspondiente se adopta una medida que consideramos discriminatoria, dado que los magistrados no corresponden al personal que gestiona la Comunidad de Madrid [dependen del Consejo General del Poder Judicial]", añade el CSI-F.

El sindicato ha recordado que la prioridad de la Consejería es "dar un buen servicio a los ciudadanos, que los edificios estén suficientemente habilitados y que carezcan de barreras para aquellas personas impedidas", entre otras medidas. Por ello, el sindicato ha pedido la suspensión inmediata del gasto y que no se establezcan privilegios para colectivos profesionales ajenos a la Comunidad de Madrid.

Una portavoz de la Consejería de Presidencia y Justicia ha confirmado que sí han recibido la petición de la presidenta de la Audiencia Provincial, pero que hasta la fecha no han tomado ninguna decisión. Hasta el momento se desconoce si las plazas serían necesarias de forma continuada o en días concretos en función de la asistencia de los jueces. La decisión de si se alquilan o no se conocerá en los próximos días.