El Ivvsa despide al 60% de la plantilla pero reconvierte a los directivos

El Instituto Valenciano de la Vivienda tiene previsto despedir a un total de 211 trabajadores

Es el primer expediente de regulación de empleo (ERE) que se ha puesto en marcha en una de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana. Va por la borda el 60% de la plantilla, pero el equipo directivo sigue en el barco, prácticamente en su totalidad, aunque reconvierte una buena parte de sus funciones. El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) tiene previsto despedir a un total de 211 trabajadores. Se quedan 116, después de que los sindicatos consiguieran salvar 40 puestos de trabajo más de los inicialmente previstos. Entre los que se salvan, la mayor parte de los directores de área.

Un centenar de trabajadores ha presentado una demanda contra el Ivvsa por “fraude de ley y ausencia de buena fe” en el ERE al omitir y manipular supuestamente los datos que lo justifican. Para la oposición parlamentaria, el asunto va más allá, ya que se trata del primer episodio de reconversión del sector público empresarial y puede dar la pauta de las intenciones del Consell que preside Alberto Fabra a la hora de afrontar el desmantelamiento de organismos en los que el PP ha instalado desde hace años una auténtica red clientelar.

“Es un ERE injustificado”, asegura la diputada María José Salvador, portavoz de vivienda del Grupo Socialista en las Cortes valencianas. “El Ivvsa tiene un fin social, ya que su objeto es dar cobertura a las personas más vulnerables para garantizar el derecho a la vivienda. Se trata de algo más necesario que nunca en plena crisis. Ahora más que nunca hace falta una política de vivienda pública. Y la Generalitat opta por la liquidación, por echar a la calle al 60% de los trabajadores. Y la dirección se queda”.

Los 17 directivos suponen el 10%

de la masa salarial, "1,5 millones

de euros”, según García Pardo

La parlamentaria repasa lo que ha ocurrido con el equipo directivo. Según sus datos, ese equipo estaba formado por la directora gerente, Inmaculada García Pardo, el adjunto-gerente y 12 direcciones de área, más otros dos directores que ostentan la categoría sin un área concreta. Además, otra persona, que fue directora general de Vivienda en la consejería y volvió a la empresa, sin funciones específicas, manteniendo el sueldo. Los 17 miembros del equipo directivo “suponían una carga sobre la masa salarial de algo más del 10% total, en torno a 1,5 millones de euros”, apunta la diputada socialista.

Ahora, en el nuevo organigrama derivado del ERE, se ha jubilado el director económico financiero, se despide a los directores de Comunicación y de Gestión y Venta de Inmuebles, así como al responsable del Centro de Gestión de Vivienda Pública, pero este último es sustituido por una de las directoras sin funciones, precisamente la que había sido directora general de la Vivienda. Por otra parte, se mantienen las direcciones de Edificación y de la Agencia Valenciana de Alquiler, se integra la dirección de Asesoría Jurídica en la de Recursos Humanos y se reconvierten en jefes de departamento los directores de Organización y Sistemas, Ordenación Urbanística, Gestión Urbanística e Infraestructuras y Urbanización.

“La mayor parte del antiguo equipo directivo se mantiene, bien con su antigua categoría o como jefes de departamento”, señala Salvador, para quien representa una contradicción que la empresa hiciera hincapié al preparar el ERE en la necesidad de “mejorar la eficiencia de la gestión”. Una gestión cuyos responsables siguen en la empresa. “Los trabajadores se van a la calle y se quedan los miembros de la dirección”, insiste la diputada socialista, “que son los amigos y los que tienen más sueldo”.

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