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Ciutat Meridiana, ciudad desahucio

El barrio de Barcelona concentra la mayor cantidad de ejecuciones hipotecarias

Muchos perjudicados son inmigrantes que compraron pisos hoy devaluados

Ogechi Elekwa en Ciutat Meridiana.

No hay semana en que no haya un desahucio en el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana. A menudo son dos, o tres, o cuatro. En la mayoría de los casos, las familias abandonan los pisos en cuanto el banco les comunica que les echará. Cogen los bártulos y se marchan con la deuda y la humillación a cuestas. Colgado en la montaña, en el distrito de Nou Barris, Ciutat Meridiana es, de lejos, el barrio de Barcelona donde más desahucios se producen. El perfil más frecuente de los desahuciados en el barrio corresponde a una familia inmigrante que pagó un precio estratosférico entre 2004 y 2008 por viviendas de apenas 60 metros cuadrados en un barrio de orografía imposible donde los peldaños se cuentan por miles.

Parejas con hijos que tenían dos sueldos, pero se quedaron en paro, primero uno y luego el otro, se metieron en la trampa de sucesivas refinanciaciones y deben casi lo mismo que el día que firmaron la hipoteca: entre 200.000 y 300.000 euros por pisos que hoy no valen ni 50.000. No hay edificio donde no cuelguen carteles con la frase “se vende”.

Ciutat Meridiana, con 11.000 habitantes y un 40% de inmigración —el doble de la media de Barcelona—, se ha alimentado de sucesivas oleadas migratorias. En los años sesenta, los terrenos donde se asienta se descartaron para ubicar el cementerio de Collserola: eran demasiado empinados y húmedos. Y donde la Administración no quiso poner el cementerio, las inmobiliarias levantaron un barrio para llenarlo de vivos.

Sus habitantes son los hijos y nietos de los primeros en llegar, los que, en pleno auge de la burbuja del ladrillo, pudieron marcharse a barrios mejores: mejor comunicados, con orografías más amables, con edificios más nuevos; Can Cuyàs y otros barrios de la vecina Montcada, Cerdanyola, Trinitat o Sant Andreu, más hacia el centro de la capital. Y en su lugar llegaron otros inmigrantes: latinoamericanos, asiáticos y africanos.

“Aquí llegó a haber 11 inmobiliarias”, recuerda el presidente de la asociación de vecinos, Fili Bravo. “Lo que se llegó a permitir” hoy le quita el sueño: “Aquellas barbaridades las firmaron notarios y directores de oficinas de cajas y bancos que hoy se lavan las manos”. Bravo asegura que hay 400 desahucios pendientes. Es jueves y Bravo se tira toda la mañana barrio arriba, barrio abajo, entre los dos desahucios previstos para esta mañana. Los dos se pararon gracias a la presencia de vecinos y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la entidad 500 x 20, centrada en cuestiones de vivienda.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, subraya el hecho de que los pisos de Ciutat Meridiana resultaron “especialmente sobretasados”, lo cual “generalizó una estafa en un barrio empobrecido en el que se aprovechó para vender a población inmigrada, gente humilde, en un barrio al que nadie autóctono quiere ir a vivir”. “Ahora”, concluye Colau, “las entidades no tienen ninguna piedad en echar a gente con deudas de hasta 300.000 euros por pisos que no tienen ninguna salida comercial”. Salva Torres, de 500 x 20, añade que si quienes compraron fueron sobre todo inmigrantes fue “porque se aprovecharon de ellos: ni sabían qué significaba tanto dinero, ni les contaron la letra pequeña, y además las inmobiliarias en aquel momento pedían siete u ocho meses de fianza para alquilar, con lo que les resultaba más fácil comprar”.

El portavoz del distrito de Nou Barris, Santi Borrull, se desplazó el pasado jueves hasta la calle del Pedraforca, tal como prevé el protocolo que el pleno del distrito aprobó a comienzos de mes. El protocolo se centra sobre todo en hacer un trabajo preventivo cuando el distrito tiene noticia de que una familia está amenazada de desahucio, explica. Además, han firmado un acuerdo con jueces —no todos— del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con el Colegio de Procuradores, por el cual les avisan de los casos de que tienen conocimiento.

“Es un problema enorme y, como ocurre en otras ocasiones, los vecinos organizados han ido por delante de la política”, reconoce un poco apartado de la concentración de protesta. Borrull da otra de las claves de lo que está ocurriendo en Ciutat Meridiana: “Si los precios subieron tanto fue porque muchos pisos los compraban entre varias familias”. Ese es otro drama, la cantidad de familias afectadas de forma indirecta, con avales y compras cruzadas. Solo hay una buena noticia en el barrio. Que dentro de unos días los alzamientos previstos se pararán hasta septiembre.

 

 

“¿De qué vivo? De sobrevivir”

Garttdy Pizarro, electricista, y María Eugenia Guzmán, camarera, son ecuatorianos. Llegaron a España en 2003. Les fue bien y en 2006 compraron un piso en la calle de las Agudes coincidiendo con la llegada de sus hijos, que hoy tienen 11 y 13 años: 210.000 euros por un tercero sin ascensor, de 55 metros cuadrados y ¡sin cédula de habitabilidad! Comenzaron pagando 1.100 euros de cuota, que por la subida de tipos no tardaron en saltar a 1.400. Luego, el paro. Y luego, dejar de pagar. ¿Han intentado hablar con Catalunya Caixa? “Sí, para mal, porque nos ofrecieron refinanciación y la deuda trepó de 210.000 a 239.000 euros”, cuenta él. Sin ingresos, ¿de qué viven? “De sobrevivir”. ¿Y no tienen ayudas? “No, porque tenemos un piso en propiedad”. Los chavales callan mientras escuchan a sus padres asegurar que volver a Ecuador no se lo plantean. “Tampoco tenemos para pagar el billete y, además, los niños perderían la nacionalidad española”, dice María Eugenia.

“Nos engañaron”

Lo único que anima a Ogechi Elekwa es el apoyo de sus compatriotas nigeranos. De la piña que hacen da idea el montón de gente que el jueves se concentró frente al 102 de la calle del Pedraforca. Ella llegó en 2002, tras la muerte de su padre, en busca de ingresos que le permitieran ayudar a la familia. En 2007 compró el piso. “200.000 euros y mucho”, dice sin acertar la cifra. Trabajaba de ayudante de cocina, pero desde 2010 está en paro. Sin cobrar. Sin pagar: antes se come, dice. Tiene un niño de un año con dos ojos como faros que va de brazo en brazo. “Vivimos de la ayuda de los 400 euros. Nos engañaron. Se aprovecharon de nosotros. Somos africanos y tuvimos confianza en las inmobiliarias, los bancos y los notarios, pensábamos que eran gente seria”. Ahora Ogechi comparte el piso con una amiga. El diminuto piso se llena de nigerianos que vienen a preguntar cómo le va. Están todos en las mismas. En paro y pendientes de que les echen.