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“Abusos” de ida y vuelta

La exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, criticaba ferozmente la disciplina de Zapatero que ella misma impone ahora desde Hacienda

María Fernández
Marta Fernández Currás y Cristóbal Montoro, en un acto en Santiago. / ANXO IGLESIAS
Marta Fernández Currás y Cristóbal Montoro, en un acto en Santiago. / ANXO IGLESIAS

“Nos parece un auténtico abuso”. Con estas palabras resumía en octubre de 2009 la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, lo que acababa de ocurrir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el “Ecofín” de las comunidades.

En pleno declive del Gobierno socialista, las autonomías controladas por el PP comenzaban el cerco político a La Moncloa. Y lo hacían enrocándose ante medidas que hoy practica, estiradas como un chicle, el Gobierno central sin que los barones regionales del PP se atrevan a mover un dedo. Pero Fernández Currás, una técnico con muy buen currículum y poca experiencia política que había sido interventora general con el bipartito en la Xunta, todavía no sabía que un día iba a estar al otro lado, como Secretaria de Estado de Presupuestos, —mano derecha del ministro Cristóbal Montoro—. Entonces no se mordía la lengua al atacar al Ejecutivo de Zapatero desde San Caetano. El Ministerio de Economía, decía, descargaba sobre las autonomías el peso del ajuste sin probar el jarabe amargo de la austeridad. Currás disparaba contra las devoluciones de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que debían ejecutarse a partir de 2010 y no en 2011, como se había prometido. Para ella, la aprobación de un techo de gasto del 5,4% para el Estado y menos de la mitad para Galicia era una incoherencia mayúscula, “cuando en realidad somos las que soportamos la mayor presión en el gasto de servicios”.

La conselleira que prometió “acabar con el despilfarro”, la misma que detectó un “agujero” de 1.200 millones en las cuentas de la Xunta —que después, matizó, se debía a un desajuste entre ingresos y gastos—, lanzó durante sus años al frente de Facenda envenenados dardos contra la entonces ministra Elena Salgado.

En septiembre de 2010 decía lo siguiente sobre el sistema de financiación autonómica al que, por cierto, ella misma no se había opuesto: “El Gobierno central tiene la clara voluntad de imponer un nuevo recorte social a través de las aportaciones a las comunidades, que son las que tienen que cubrir los servicios públicos fundamentales, pero no lo vamos a consentir”. Tras esta afirmación reunió a la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios de la oposición para pedirles su apoyo “ante la afrenta”. Según sus cálculos, los ingresos procedentes del Estado bajarían un 14,1% en 2011 en lo referente al endeudamiento, los fondos finalistas y los recursos del modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo de Zapatero maquinaba la “asfixia financiera”, de Galicia con la caída de 1.207 millones de su aportación y la amenaza de un recorte de 243 millones más por el posible impago del fondo de cooperación. Fue para Currás “una de las mayores deslealtades institucionales de la historia”, además de una “injusticia” y una “ilegalidad”.

El PP disculpa su actitud: “El Estado necesita un colchón”

Ahora ella es el látigo de las autonomías. En los cada vez más tensos consejos de Política Fiscal presididos por su jefe aprieta las tuercas a las comunidades sin piedad: en el último se recortó la previsión de 2013 del déficit, del 1,1% al 0,7%. En 2014 y 2015 será del 0,1%. Paralelamente, el Gobierno ha visto flexibilizado su techo para este año del 5,3% al 6,3% del PIB, pero se niega a compartir ese punto adicional con las comunidades, que deben cumplir con su 1,5% en 2012.

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“Se ha puesto el mono de estricta gobernanta”, reflexiona el diputado socialista Abel Losada. “Cuando Zapatero presidía ella basaba su estrategia, de forma sistemática y premeditada, en culpabilizar de todos los problemas al PSOE. Los gallegos sufrimos doblemente: primero sus drásticos recortes para parecer los más listos de la clase y ahora la vuelta de tuerca a las Comunidades Autónomas, que impone la política de Mariano Rajoy”.

“Se ha puesto el mono de estricta gobernanta”, dice Abel Losada

Desde el PP disculpan su actitud. “Lo más probable es que la Seguridad Social entre en déficit en 2013, el Estado necesita un colchón para soportarlo”, advierte un diputado. Y desde Galicia, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo parece que le va a poner las cosas muy fáciles. La sucesora de Currás en el cargo, Elena Muñoz, votó a favor del exigente déficit anunciado la semana pasada pese a que incluso algunas comunidades del Partido Popular se pusieron en pie de guerra. Extremadura y Castilla León se abstuvieron como todo signo de oposición. Galicia pensó en hacer lo mismo, aunque terminó por asentir ante los draconianos esfuerzos que tendrá que realizar en los próximos años. “Fue un paripé”, ataca el PSOE. “Hiciésemos lo que hiciésemos se nos iba a criticar”, replica una fuente interna de Facenda.

Objetivo: intervenir las comunidades díscolas

Fue el jueves pasado. En la mesa, los 17 “ministros”, de Hacienda de las comunidades autónomas, 11 de ellos del PP. La tensión se disparó con la actitud de Montoro, que según alguno de los presentes fue desafiante. “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”, dijo. A su lado, Marta Fernández Currás, la encargada de llevar las díscolas al redil del Gobierno, traía bajo el brazo las correspondientes advertencias para las que no están recortando lo rápido que debieran. Mucho ha cambiado desde que salió de Santiago. “Su planteamiento es profundamente incoherente, no puede haber defendido aquí una cosa y en Madrid la contraria”, comenta un economista consultado. Y pone como ejemplo la regulación del fondo de liquidez autonómica: ha introducido mecanismos para marcar los pasos hacia la intervención de las comunidades, ignorando su autonomía financiera. “No está respetando la descentralización del Estado, impone los acuerdos”, insiste otro experto. Los que la defienden recuerdan el argumento de que la falta de rigor de ciertas regiones, como Valencia, “es inasumible”.

Fue el jueves pasado. En la mesa, los 17 “ministros” de Hacienda de las comunidades autónomas, 11 de ellos del PP. La tensión se disparó con la actitud de Montoro, que según alguno de los presentes fue desafiante. “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”, dijo. A su lado, Marta Fernández Currás, la encargada de llevar las díscolas al redil del Gobierno, traía bajo el brazo las correspondientes advertencias para las que no están recortando lo rápido que debieran. Mucho ha cambiado desde que salió de Santiago. “Su planteamiento es profundamente incoherente, no puede haber defendido aquí una cosa y en Madrid la contraria”, comenta un economista consultado. Y pone como ejemplo la regulación del fondo de liquidez autonómica: ha introducido mecanismos para marcar los pasos hacia la intervención de las comunidades, ignorando su autonomía financiera. “No está respetando la descentralización del Estado, impone los acuerdos”, insiste otro experto. Los que la defienden recuerdan el argumento de que la falta de rigor de ciertas regiones, como Valencia, “es inasumible”.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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