El Ayuntamiento de Jerez despide a 300 empleados sin explicar los criterios

Tener más de 59 años de edad. Este es el único criterio que el gobierno municipal de Jerez admite públicamente para explicar cómo se ha configurado el listado de 300 trabajadores del Ayuntamiento que se verán afectados por el primero de los ERE que se van a aprobar en agosto en el Consistorio y sus empresas. Después de semanas de espera, los empleados señalados fueron informados de su futuro más inmediato, pero nadie les explicó el porqué.

Tras una mañana de sollozos y exabruptos, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, decidió comparecer para repetir que ha sido la consultora Deloitte la que ha fijado los motivos para seleccionar al 15% de personal que sufrirá el despido colectivo. “Yo no conozco la documentación y soy la alcaldesa. Lo llevamos diciendo desde el primer día. Hemos decidido contratar a un gabinete jurídico porque es mucho más fácil. Hemos colocado a un tercero que no tiene compromiso ni con el gobierno ni con los trabajadores”, remachó la edil.

Lejos de la neutralidad que dibuja Pelayo, los sindicatos ven “la mano negra del gobierno” y los partidos de la oposición, “una persecución política”.

Según se recoge en la extensa documentación entregada por la empresa Deloitte a las secciones sindicales, ha habido tres criterios para configurar el listado: tener más 59 años de edad, ser laboral fijo frente a laboral indefinido y acreditar rendimiento o méritos, un elemento, este último, subjetivo que, como explican los agentes sociales, nunca puede determinar una consultora contratada hace un mes.

Conocida la lista de afectados y la documentación de la consultora, han quedado en pie pocos de los criterios anunciados por la propia alcaldesa meses atrás. Muy al contrario de lo avanzado entonces, en los despidos no han pesado ni la antigüedad, ni las cargas familiares, ni las circunstancias personales especiales.

Entre los 300 afectados por el ERE, un portero de colegio de 52 años con minusvalía; una viuda de 45 años y diez de antigüedad con un hijo de 17; una madre soltera con dos lustros en el Ayuntamiento, más de 40 años de edad y un sueldo de 1.100; una médica separada con tres hijos a su cargo; una empleada de 50 años con dos oposiciones aprobadas; operarios con hasta 27 años de antigüedad; madres de niños discapacitados; o el padre y la madre de una misma familia.

Los agentes sociales también creen que se han cebado “con los más débiles”. De hecho, el 75% de los afectados son de categoría E y C2, sin estudios y con graduado escolar, respectivamente.

Las críticas más feroces han sido de los grupos de la oposición, que han llegado a pedir la dimisión de la alcaldesa. El socialista Francisco Lebrero denunció “una auténtica limpia”; el portavoz de IU, Joaquín del Valle, habló de “una cacería”; mientras que el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, lanzó los mayores exabruptos al tachar a la alcaldesa de “fascista” y acusarla de haber materializado “un ajusticiamiento y una caza de rojos”.

Desde primera hora de la mañana se fueron conociendo los nombres de los afectados. El listado circulaba por algunas de las delegaciones más afectadas, como la de Urbanismo, Ayuntamiento paralelo creado por el andalucista Pacheco en los pactos de gobierno de 2003 y 2005 sellados con la propia Pelayo y la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez.

A pesar de que el gobierno municipal se esfuerza en destacar “la objetividad” que ha primado en la elaboración del listado, resulta llamativa la inclusión de todos los exconcejales de gobiernos anteriores de distinto color político, de la inmensa mayoría de afiliados de sindicatos como UGT y CC OO, o de los dos jefes de gabinete de los exalcaldes Pedro Pacheco y Pilar Sánchez, ambos profesionales con quinquenios de antigüedad.