Trias multará a los “clientes potenciales” de la prostitución callejera

La Guardia Urbana podrá multar al “cliente potencial” de la prostitución callejera, es decir, cualquiera que “solicite, demande o negocie” sexo de pago en la calle. CiU y el PP dieron ayer un paso más en la modificación a la Ordenanza de Civismo, que se sellará definitivamente en el pleno del miércoles. El gobierno municipal sostiene que el cambio —que implica la prohibición total de la oferta de servicios sexuales en la vía pública— hace más clara e inteligible la norma y pone el énfasis punitivo en el cliente. La oposición considera que el fondo es estético y que el cambio favorecerá la labor de las mafias.

La concejal de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila (CiU), explicó que la decisión es “un mensaje al mundo de lo que Barcelona no quiere que ocurra en sus calles”. Una portavoz explicó que con el concepto cliente potencial —que CiU pidió incluir— se busca que la ordenanza ocupe “todo el espectro” de la demanda de servicios sexuales callejeros. “Se es cliente aunque no se haya cerrado el negocio”, dijo. La actual ordenanza dice que la negociacion se puede realizar si no riñe con “los diferentes usos del espacio público”. Los servicios jurídicos no explicaron la diferencia entre solicitar o demandar un servicio, ambos términos incluidos en el texto. La nueva norma también abre la puerta para multar “cualquier conducta realizada en la calle que favorezca o promueva el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual”.

Otro de los cambios fundamentales de la normativa —cuya batuta ha llevado el PP— es la eliminación del aviso previo por parte de la Guardia Urbana tanto a prostitutas como a clientes, y el aumento de las multas. Si se mantienen relaciones sexuales de pago en las calles, las sanciones van de 1.500 a 3.000 euros. Las chicas pueden evitar la multa —de entre 100 y 300 euros por ofrecer sexo en lugares que estén cerca de centros educativos— si participan en cursos de inserción de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual. Para el cliente, las multas se elevan a entre 1.000 y 1.200 euros.

Como ocurrió con la regulación del seminudismo en la ciudad, será la Guardia Urbana la que determine en su instrucción interna los baremos para su aplicación. Allí se concretará en qué supuestos o situaciones alguien es un cliente potencial, un sospechoso de estar buscando sexo de pago. El Consistorio calcula que en agosto estará en vigor el cambio, aunque habrá un periodo informativo.

El resto de los grupos (PSC, ICV-EUiA y UxB) rechazan la reforma por considerar que aumentará la criminalización de las trabajadoras sexuales. “La único que han hecho es prohibir sin más”, dijo la edil del PSC Assumpta Escarp. Elsa Blasco (ICV) explicó que el cambio “dará más clandestinidad, lo que buscan las mafias de tráfico de personas”. Joan Laporta (UxB) criticó que el PP no promueva iniciativas similares en los Consistorios donde gobierna.