El Ayuntamiento ejecuta dos nuevos derribos en Puerta de Hierro
Amnistía Internacional afirma que se trata de una "grave violación de los derechos humanos" El Consistorio asegura que son "dos infraviviendas" pendientes de demolición por orden judicial
Continúa el goteo de derribos en el poblado de Puerta de Hierro, en el distrito de Moncloa-Aravaca, donde el Ayuntamiento ha derruido dos casas esta mañana, lo que Amnistía Internacional tilda de "grave violación de los derechos humanos". Fuentes de Urbanismo apelan a las "correspondientes órdenes judiciales" de demolición de estas "infraviviendas" y aseguran que su ejecución se ha desarrollado esta mañana "sin incidentes".
Estos derrumbes se suman a los más de cincuenta que ha llevado a cabo el Consistorio en ocasiones anteriores. Los últimos habían tenido lugar el pasado febrero. Según el Consistorio, el poblado ocupa sin autorización un espacio público calificado de zona verde. Los residentes alegan que viven en la zona, junto al nudo de carreteras que enlaza la M-30 y la A-6, por detrás de la zona de Ciudad Universitaria, desde 1961 y el terreno no pertenece al Consistorio y antiguamente era urbano.
El poblado se incluyó en el Programa de Erradicación del Chabolismo, que tenía por objetivo desmantelar todos los núcleos que existen en la ciudad antes de diciembre de 2011. En cuanto al retraso en su cumplimiento, desde el Consistorio apuntan a la probable demora en los procedimientos judiciales que deben autorizar los derribos. Aparte de insistir en su intención de permanecer en un espacio que consideran propio, en base al derecho de usufructo por vivir allí desde hace más de 30 años, se quejan de que el Ayuntamiento solo proporcionado alternativas de realojo a 16 familias, de las que solo se han ejecutado 11. Fuentes municipales no han respondido a la consulta sobre esta cuestión.
Según Amnistía Internacional, uno de los derribos de hoy se ha ejecutado en una vivienda en la que vivían 22 personas (un matrimonio y los cuatro de sus hijos, con 12 nietos que no estaban en ese momento en el domicilio. Giulia Tamayo, responsable de una investigación de esta organización sobre desalojos forzosos, ha asegurado que las demoliciones han comenzado sobre las 6.00 con presencia de la policía municipal y del Samur Social, pero que la ONG no ha podido acceder a la zona.
Denuncia a un dispositivo policial
Los residentes en el poblado de Puerta de Hierro denuncian que el pasado jueves un "dispositivo policial", con agentes con "cascos, porras y escopetas de pelotas de goma" aparecieron en poblado cuando un centenar de personas celebraban un cumpleaños. "Llegaron de repente y nos dijeron que era una acción rutinaria, pero la gente se asustó mucho y no entendíamos que hacíamos allí", explica Mercedes Jiménez, portavoz de los habitantes de la zona. Ella señala que fue agredida por un policía que le retorció el brazo (tiene un parte médico) para quitarle el móvil, con el que estaba grabando lo que estaba ocurriendo. Giulia Tamayo, de Amnistía Internacional, declara que han iniciado una investigación sobre este tema.
Desde la Jefatura Superior de Policía informan de que no se trataba de "ningún dispositivo especial", sino de un control de una unidad de zodiacos, una Unidad de Protección y Reacción (UPR) que, como los centauros, suelen trabajar de noche y están especializados en seguridad ciudadana.
De acuerdo con sus datos, allí todavía viven unas 300 personas de 54 familias relacionadas entre sí, muchas de ellas a la intemperie, porque a medida que se van derribando casas, se quedan en las que quedan libres o en sus vehículos. Ahora mismo solo habría cuatro construcciones en pie: dos casas y las zona de culto y la antigua escuela, que han sido ocupadas. Tamayo destaca que se trata de una población especialmente vulnerable, ya que hay más de 70 niños, recalcando que los derrumbes son un "escándalo en materia de derechos humanos", ya que no se dan garantías "de realojo ni de un procedimiento donde puedan tener la posibilidad de defenderse", ha explicado.
También los residentes de Puerta de Hierro y activistas del Movimiento 15-M han denunciado esta mañana estos derribos, resaltando que una de las viviendas estaba en un principio "protegida por una orden del juzgado 12", pero otra sala judicial falló posteriormente a favor del derrumbe y el Tribunal Constitucional se inhibió a favor de esta última. El otro inmueble afectado, según explican en un comunicado, era propiedad de la maestra del poblado, y en él vivían cuatro familias cuyas viviendas habían sido derribadas con anterioridad.
Estas dos demoliciones "atentan", en opinión del Movimiento 15-M, "contra los derechos fundamentales de las personas", ya que "en un porcentaje alto" los habitantes del poblado no tienen una alternativa para residir, e incluso "a algunas de las personas que ya tenían concedida casa para ser realojadas se les está retirando este derecho".
"Están tirados en la calle", lamenta Mercedes Jiménez, portavoz de los residentes. Según explica, el Samur Social les ha dejado el contacto por si no encuentran alojamiento para la noche, pero solo les ofrecen un albergue por tres días. "No soluciona nada". El Samur Social ha participado en cinco intervenciones en este poblado desde junio del año pasado, en las que se han derribado más de una docena de chabolas y en la que la mayoría de las familias afectadas rechazó los servicios de alojamiento o apoyo, informa el Ayuntamiento.
Precisamente mañana se abre al público una instalación con material audiovisual, que cuenta la historia del poblado desde 1961, informa Amnistía Internacional, que ha colaborado en el trabajo con la asamblea del 15-M de Moncloa. El trabajo continuará expuesto varios días.
