El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha lanzado otra andanada de recortes: los empleados públicos se quedarán sin paga de Navidad. El Ayuntamiento ahorrará así 52,8 millones (en realidad, se diluirán por el sobrecoste de 40 millones debido a la subida del IVA). La alcaldesa y los altos cargos sufrirán una rebaja equivalente a esa paga (que tienen prorrateada); en el caso de Botella, con un sueldo de 102.000 euros, podría perder hasta 600 euros brutos al mes. Para 2013, el Ayuntamiento prevé otro ajuste de 394,2 millones, además de la mencionada subida de impuestos y tasas. Pero a la preocupación sobre cómo cuadrar unas cuentas ya de por sí muy ajustadas se suman ahora los planes del Gobierno. El Consejo de Ministros validó el pasado viernes el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración pública, que aún podría sufrir cambios antes de su aprobación definitiva, pero que incluye por ahora medidas de mucho calado.

El texto “fortalece la figura del interventor local para garantizar un control más riguroso de la Administración local”. Recupera su dependencia de la Administración General del Estado, y le insta a informar además de cualquier “anomalía” al pleno municipal y al Tribunal de Cuentas.

Se impide la creación de nuevas empresas, fundaciones u organismos públicos, y se exige el saneamiento de los ya existentes, obligando en caso contrario a su disolución. Es decir, a 31 de diciembre de 2013 deberían cerrar sin números rojos, y para ello no podrían ser auxiliadas por el Ayuntamiento. En caso de no lograrlo ni remediarlo, serían disueltas antes de 2015.

El texto define las competencias municipales: urbanismo, medio ambiente, agua, vías, asistencia social primaria, seguridad, tráfico, turismo, ferias, salubridad pública, consumo, deportes, cementerios, museos, bibliotecas y transporte colectivo. Permite ejercer otras actividades económicas “siempre y cuando no se pongan en riesgo la sostenibilidad financiera” de esas competencias definidas como fundamentales.

Así, contempla que, en el plazo de un año tras la aprobación de la norma, se examinen todos los servicios municipales, y se supriman o privaticen aquellos que no se puedan mantener y no realicen “funciones públicas”.

De ser aprobado de tal manera, este proyecto pondría al borde del abismo, por ejemplo, a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Al no estar su actividad (promover vivienda protegida, subvencionar la rehabilitación y eliminar el chabolismo) entre las competencias fundamentales, su supervivencia se cifraría a la buena marcha de las arcas municipales. Pero aun así tendría serias dificultades para cumplir con la obligación de no incurrir en números rojos.

Su naturaleza condena a la EMVS a vaivenes económicos. Construir vivienda requiere de una inversión importante, que solo se compensa en las cuentas cuando, meses o años después, una vez terminada, se vende. En 2012, la EMVS planeaba invertir 20 millones de euros en suelo, y 100 millones más en obras, y construir casi 7.000 viviendas. En cuanto a ingresos, preveía lograr 114 millones de la venta de pisos, y 10,5 millones del alquiler.

Este último aspecto, fundamental para Ana Botella, sería el primero en caer víctima de este cambio de modelo planteado por el Gobierno. Construir viviendas requiere de fuertes inversiones que, en caso de dedicarse al alquiler, tardan mucho en verse compensadas en las cuentas. En la actualidad, la EMVS cuenta con 17.000 pisos de alquiler; este año pensaba invertir 33 millones más en nuevas viviendas.

De igual forma, las ayudas a la rehabilitación (20 millones de euros para propietarios particulares este año) y el presupuesto para erradicar el chabolismo (19 millones) tendrían que verse compensados por la venta de pisos, que deberían absorber ese sobrecoste en su precio.