RED NATURA

Firmas acuícolas podrán contaminar la Red Natura sin dan “compensaciones”

La regulación de estas zonas permitirá mantener explotaciones de eucaliptos

Santiago de Compostela 17 JUL 2012 - 21:06 CET

Piscifactoría y parque eólico en cabo Vilán (Camariñas), un espacio incluido dentro de la Red Natura. / ANXO IGLESIAS

Las plantas de acuicultura pueden suspender su evaluación ambiental. Su consideración de industrias de interés público de primer orden no solo les permiten situarse en las áreas protegidas con valores ambientales más sensibles, sino que les faculta para causar daño al entorno. La Xunta solo les reclamará que compensen el daño. “Es posible \[la construcción de una piscifactoría\] incluso afectando a los valores ambientales, siempre y cuando se establezcan medidas compensatorias y, en el caso extremo, se comunique a la Comisión Europea”, afirmó ayer el titular de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El Plan Director da Rede Natura, que introduce esta medida tras el periodo de alegaciones, estará a información pública durante los próximos dos meses.

El último Consello de la Xunta de mayo de 2011 declaró la acuicultura de interés público de primer orden para Galicia, lo que implica apoyo público y una rebaja de los plazos en la resolución de los expedientes administrativos de las plantas. Un par de semanas después el plan director permitió la instalación de piscifactorías en toda la Red Natura apoyándose en ese interés público, mientras vetó nuevos parques eólicos, de energía fotovoltaica o la minería a cielo abierto. El Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL) de la Consellería de Mar e Medio Rural presentó en febrero continuó esa línea y abrió toda la costa gallega a estas industrias, pero con diferentes medidas de protección según el valor ambiental del terreno. Así, las empresas pudieron solicitar desde entonces instalarse en las dos zonas con menor valor —la mitad del litoral— sin más requisitos que una orden conjunta de las consellerías de Mar y Medio Ambiente sobre el régimen de evaluación ambiental. Para solicitar permiso en las dos más sensibles las industrias deben esperar al mes de octubre, cuando entre en vigor el PDAL.

Ahora el proyecto de decreto que aprobará el Consello de la Xunta en dos meses permite que, dentro de los usos autorizables en Red Natura, las piscifactorías causen contaminación. “Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, deberá realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes en materia de conservación de la naturaleza (...) tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida”, recoge el texto. El conselleiro explicó que el documento se amplía tras las alegaciones con una normativa específica para usos cinegéticos y piscícolas y, preguntado al respecto, afirmó que es posible construir una piscifactoría “incluso afectando a los valores ambientales”. Ni Hernández ni el documento expuesto detallan en qué consistirán esas medidas compensatorias.

El plan director de la Red Natura recibió 79 alegaciones, un 35% de ellas procedentes de asociaciones, que conllevaron alguna modificación más. Las plantaciones de árboles alóctonos en Red Natura podrán mantener su uso actual, pero no ser ampliadas. A los parques eólicos y aprovechamientos hidroeléctricos se les permitirá repotenciarse y hacer modernizaciones y reparaciones. Además, la división de los diferentes niveles de protección sufrirá algunos “ajustes puntuales”.

Matices a la Ley de Costas

La Xunta “está analizando” la modificación de la Ley de Costas que presentó el viernes el Gobierno de Mariano Rajoy y confía en poder “matizar algunas cuestiones al respecto”. El conselleiro Agustín Hernández apuntó ayer que su departamento está revisando el borrador “no solo en relación con las prórrogas de las concesiones, sino también en relación con los núcleos de litoral”. “Seguro de que a partir de este momento y hasta que el proyecto de ley pase el último trámite en el Consejo de Ministros la Xunta podrá matizar algunas cuestiones”, indicó.

Los cambios podrían afectar también a la situación de la pastera Ence, en la ría de Pontevedra, que termina su concesión en 2018, ya que el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente permite ampliar las autorizaciones 75 años más si la comunidad autónoma da visto el verde a la autorización ambiental. Hernández, que el lunes aseguró que la ley “no cambia absolutamente nada” sobre la situación de Ence, remitió ayer a su intervención en el Parlamento gallego el pasado 9 de mayo, cuando afirmó que la fábrica de pasta de papel “deberá abandonar” su actual emplazamiento en la ría de Pontevedra “en el horizonte de 2018”. El PP de Pontevedra, liderado entonces por Telmo Martín, prometió en su programa el traslado de Ence a una ubicación que nunca desveló.

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