Un juez censura la “desproporcionada” actuación contra un poblado chabolista

Cierra la vía penal contra los chabolistas por la “pasividad” de los dueños del suelo

El plan de Botella se reduce a un folio sin medidas concretas

Desalojo en el poblado de El Gallinero y derribo de varias chabolas, el pasado mes de marzo. / CARLOS ROSILLO

El Juzgado de Instrucción número 38 de la plaza de Castilla (Madrid) ha archivado la denuncia interpuesta contra unas 70 familias del poblado chabolistas de El Gallinero, a las que los propietarios del suelo sobre el que se asienta (un tercio es público) acusaban de un delito de usurpación de terrenos. El magistrado arrea un soberano zurriagazo a los propietarios por actuar con una “pasividad” e incluso “tolerancia” que hizo creer a los chabolistas que tenían derecho a vivir allí, para proceder años después de una forma “desproporcionada” contra ellos.

El auto, del 14 de junio, reconoce que los ocupantes de la finca “no tienen título alguno que legitime su posesión”, por lo que los propietarios de esta “tienen derecho fundado para solicitar su restitución”. Sin embargo, dictamina que no existe una conducta criminal, por lo que decreta el sobreseimiento provisional de la causa.

El Gallinero es, según el auto, “un asentamiento ilegal en el que se han ido instalando desde 2005 innumerables personas de diferentes razas y condición generalmente marginal”. Su acceso “no estaba vallado ni limitado, por lo que no se produjo la fractura de ningún tipo de cerramiento”; además, “no consta la existencia de requerimientos concretos e individualizados a los denunciados para que abandonen el terreno”.

El magistrado considera que los chabolistas desconocían “la ausencia de derecho para instalarse en los terrenos, toda vez que con ello no hacían sino prolongar una situación de hecho que se daba en el polígono adyacente y que habían protagonizado, sin problema alguno, otros cientos de personas”. Pero es más, cree “esencial” que “no aparece en absoluto claro que no hubiera existido una situación de consentimiento tácito o, al menos, mera tolerancia por parte de la propiedad respecto al asentamiento masivo”.

En su opinión, el asentamiento existió durante años sin que los propietarios hicieran nada para evitarlo, y esa “pasividad” permitió “la construcción de chabolas” y “el desarrollo de una vida personal y familiar” “a la vista y sin protesta por parte de la propiedad”.

El auto indica a los propietarios que la vía judicial a seguir es el desahucio, al considerar “desproporcionado” un procedimiento penal “cuando nos encontramos con fincas abandonadas o en mal estado”, “cuya posesión no resulta evidente en la ciencia social” precisamente por su estado. Y concluye: “No parece de recibo que la posesión tolerada durante un importante periodo de tiempo se transforme en una conducta criminal cuando la propiedad lo decida, ejerciendo acciones que pudo ejercitar y no hizo con anterioridad, permitiendo una consolidación de una situación posesoria”. El poblado chabolista se encuentra en los terrenos de la Junta de Compensación de Valdecarros; es una de las fincas que se postula para albergar el complejo de juego y ocio conocido popularmente como EuroVegas.

El Partido Socialista (PSM) ha criticado con dureza la política municipal en el poblado, que a su juicio se limita a tirar abajo las infraviviendas sin ofrecer “una alternativa digna” a las familias que viven allí. Según señaló el concejal socialista Pedro Zerolo “la estrategia de ir tirando chabolas de tres en tres no ha funcionado, porque las familias se mudan a otras y días después reconstruyen la suya; por eso, parece que han decidido demoler todo el poblado de una vez”. Los socialistas sospechan que se podría aprovechar el final del curso escolar y el verano (cuando algunas familias buscan trabajo en la costa) para realizar derribos.

El Gobierno municipal de Ana Botella (Partido Popular) ha negado que los derribos sean inminentes, pero los ha defendido porque “las órdenes responden al deseo de los legítimos propietarios de recuperar el uso y disfrute de los terrenos”. Un 17% del suelo es de la Comunidad; otro 17% al Ayuntamiento.

Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo (Puente de Vallecas), ha explicado a este diario que existen 56 expedientes administrativos instados por la concejalía de Urbanismo. Todos ellos han sido recurridos, pero dos han sido confirmados en segunda instancia; cabe recurrir, explica, pero eso no paralizaría los derribos.

El PP rechazó a finales de marzo en el Pleno municipal la propuesta conjunta de la oposición para elaborar un plan integral de actuación. Menos de dos semanas después, la alcaldesa, Ana Botella, visitó el poblado e informó de que sí se está “diseñando un plan” para sus más de 400 habitantes.

El concejal socialista Pedro Zerolo denunció sin embargo que ese supuesto plan, que el PP le ha remitido a su requerimiento, es “una auténtica tomadura de pelo”. “O no hay plan, o hay un plan oculto a partir de esas órdenes de derribo previstas”.

Efectivamente, el plan del PP, tal y como ha sido transmitido al PSM, es harto pobre. En apenas algo más que un folio, se pone como objetivo "facilitar una respuesta social coordinada entre las Administraciones y entidades sociales que intervienen en el Gallinero”, pero no aporta ni una sola medida o acción concreta a llevar a cabo para lograr este objetivo.

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