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El personal encargado de la dependencia está contratado de forma irregular

Una sentencia declara nula la selección a dedo en las empresas de la Generalitat El fallo contradice al Consell y afirma que están sujetos a publicidad y concurrencia.

Asociaciones de la dependencia protestaron por los recortes el viernes ante la Generalitat, la Delegación del Gobierno y la sede de Avapsa, en la calle de Colón, en Valencia.
Asociaciones de la dependencia protestaron por los recortes el viernes ante la Generalitat, la Delegación del Gobierno y la sede de Avapsa, en la calle de Colón, en Valencia. TANIA CASTRO

Todo el personal encargado de gestionar las ayudas a la dependencia está contratado de forma irregular. Así lo establece una sentencia que pone en la picota el sistema de selección a dedo de los directivos y empleados de las empresas públicas de la Generalitat. La resolución contradice el argumento del Consell de que, al tratarse de contratos privados, no están sujetos a los requisitos de publicidad y concurrencia. La teoría de los actos separables, en la que se basa la sentencia prevé que las empresas públicas, aunque se rijan por las normas de derecho privado, lo harán por las del derecho administrativo en las fases de preparación y adjudicación del contrato.

De esta forma, la juez ha tumbado los más de 150 contratos que hizo la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), la entidad que creó la Generalitat para gestionar la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana al margen de la red pública de servicios sociales.

El juzgado número 7 de lo Contencioso Administrativo de Valencia considera nulos “los actos decisorios de las contrataciones laborales efectuadas para ocupar puestos técnicos, administrativos y operarios al servicio” de esta empresa pública. Y obliga a Avapsa, “para el caso de que resulten necesarias”, a realizar las contrataciones previa convocatoria pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La juez censura que en las contrataciones, que se realizaron en los primeros meses de 2007, no existió la publicidad necesaria, "conllevando esta ausencia la quiebra del principio de igualdad, principios que rigen cualquier caso de contratación pública, aunque no se trate de funcionarios".

Deben respetarse en la selección los principios de "publicidad e igualdad"

La decisión judicial responde a una denuncia presentada por el Sindicat de Treballadors de l'Administració Pública (STAP-Intersindical Valenciana). La gestión de la dependencia, incluidos los baremadores, a través de una empresa y su arbitrario sistema de contratación fueron objeto de polémica desde el principio.

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La denuncia del STAP-Intersindical Valenciana planteaba que los contratos, “tanto como de carácter temporal como indefinido o de alta dirección con objeto de organizar, gestionar y prestar servicios sociales y sociosanitarios” se realizaron “sin convocatoria pública alguna en ningún diario oficial, ni anuncio público”, por lo que no se ajustan a derecho.

La Generalitat alegó en su defensa que no se trataba del acceso a la función pública, sino de contratación laboral, “por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en la ley 30/92” de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Además, sostuvo que la ley valenciana de la función pública habilita a la Administración a realizar este tipo de contratos, lo que cuestiona la juez, quien recuerda que en esta norma autonómica, y respecto al personal laboral, se recoge que su selección “deberá respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”.

Fuentes de la Intersindical Valenciana plantean que la sentencia cuestiona los métodos de contratación de personal laboral que la Generalitat ha seguido en las empresas públicas valencianas.

De esta forma, calculan que unos 12.000 empleados han accedido a su puesto en condiciones similares a los trabajadores de Avapsa, sin las exigencias de publicidad necesarias, un método que ha recibido un auténtico varapalo judicial.

La fórmula elegida por el Gobierno valenciano para gestionar la dependencia estuvo marcada por la polémica. No solo por la decisión de mantener al margen a los equipos municipales de servicios sociales que conocen los posibles beneficiarios de las ayudas y sus necesidades. En su lugar, creó una estructura nueva, una empresa pública.

También fue controvertido el arbitrario proceso de contratación elegido, no solo en la decena de cargos directivos sino en los puestos clave para que la Ley de la Dependencia funcionara: los baremadores. Estas son las personas encargadas de determinar si las personas que solicitan las ayudas no pueden valerse realmente por sí mismos o tienen las dificultades que alegan padecer.

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