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Acusados de financiar al PP

Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Enrique Gimeno justifican ante el juez José Ceres su relación con la trama Gürtel

Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Enrique Gimeno, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Enrique Gimeno, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Tres de los más importantes constructores de la Comunidad Valenciana desfilaron ayer por la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para explicar al magistrado José Ceres, que instruye la causa abierta por la supuesta financiación irregular del Partido Popular, su relación con la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market, la matriz en Valencia de la trama Gürtel.

Se trata de Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), Enrique Ortiz, responsable de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, y Vicente Cotino, dueño de Sedesa, además de sobrino del exvicepresidente de la Generalitat y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Los tres negaron ayer cualquier irregularidad que pudiera hacer pensar que pagaron actos electorales del PP a través de Orange Market, ni que pudieran considerarse comisiones a cargo de los millonarios contratos conseguidos de la Generalitat.

'Empresarios Gürtel'

Enrique Gimeno: La Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) pagó 470.000 euros a Orange Market.

Enrique Ortiz: su firma también dio dinero a la firma de El Bigotes: 300.000 euros.

Vicente Cotino: Sedesa pagó a Gürtel 150.000 euros.

Imputación: El juez José Ceres les incluye en la causa de la financiación irregular del PP, en concreto en la pieza referida a un delito de falsedad documental en 2008 (aquel año no hubo comicios autonómicos). A Gimeno también le imputa por un delito electoral de 2007.

Beneficio: Estas tres empresas y otras dos también imputadas cobraron más de 800 millones de euros en concursos del Consell de Francisco Camps.

En concreto, el empresario alicantino Enrique Ortiz se desvinculó de la contratación de la empresa de El Bigotes para después atribuir la gestión a empleados suyos, según aseguró su abogado, Francisco Ruiz.

“Él, personalmente, no intervino en los hechos; en el año 2007 y 2008, que es cuando la empresa contrató con Orange Market, el señor Ortiz no intervino”, explicó el letrado, “intervinieron otros directivos de su empresa que ha identificado perfectamente”. No facilitó a la prensa los nombres ni confirmó si siguen en la empresa.

En el caso Gürtel ha sido bastante frecuente que las personas imputadas responsabilizaran de las supuestas irregularidades a sus subalternos. Ocurrió con la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez (cesó en 2007) La Perla en el entorno de la trama Gürtel, que llegó a responsabilizar a los técnicos de la consejería de la adjudicación de los pabellones de Fitur a Orange Market. Y también pasó con su sucesora entre 2007 y 2009 Angélica Such, que también echó la culpa a sus subalternos. Ayer, Ortiz debió pensar que valdría la misma estrategia.

El letrado del constructor explicó que Ortiz, que también está imputado en el caso Brugal, ya entregó hace unas semanas el contrato que se firmó con Orange Market, “que respondía a la creación de un nuevo modelo de imagen corporativa”. Y Ruiz explicó que “la persona fundamental es un directivo de Valencia”. No quiso dar su identidad: “Puesto que el señor Ortiz lo ha informado en el interior de la sala no me parece prudente hacer público su nombre”. El nombre facilitado es José Bevià, ingeniero de Caminos que trabajó para la Diputación de Valencia y desde hace años se encarga de los asuntos de Ortiz en Valencia.

Gimeno reconoció que pagó

a Orange Market por ferias

a las que Facsa no acudió

A Gimeno, por su parte, se le presentaron tres facturas por la asistencia a tres ferias a las que Facsa no acudió. El empresario reconoció el pago aunque explicó que había un compromiso escrito y que los abogados recomendaron pagar a Orange Market aunque no prestó ningún servicio.

Los tres empresarios habían sido llamados a prestar declaración en la causa de la trama Gürtel que investiga la supuesta financiación del PP. Una causa que ha sido dividida en tres piezas: un posible delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007; otro de falsedad documental en 2008; y la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) durante cinco años. A los tres empresarios se les ha imputado en la segunda de las piezas, que corresponde a una financiación irregular pero sin que se atribuya un delito electoral puesto que en 2008 no hubo comicios que afectaran al PP valenciano. A Gimeno también se le imputa por el delito electoral de 2007, puesto que según la policía Facsa pagó hasta 470.000 euros al PP a través de Orange Market y de Easy Concept entre 2006 y 2007.

No son los únicos implicados. La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar hace dos años en la causa a cinco empresarios: además de a los tres mencionados, también implicó a Luis Batalla, de la constructora, Lubasa, y a Antonio Pons Dols, presidente de PIAF. Estas firmas habrían conseguido contratos de la Generalitat, en tiempos en que el presidente era Francisco Camps, por 800 millones de euros.

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales desvelaba que los empresarios fueron clientes de Orange Market y además pagaron servicios que la mercantil de El Bigotes hizo al PP valenciano. Y según los últimos informes de la policía y de Hacienda, el PP valenciano habría ocultado al fisco 2,5 millones de euros en 2007 y “terceras personas” pagaron actos electorales a través de Gürtel. Además, en 2008, Orange Market prestó servicios al PP por 1,7 millones pero solo cobró 612.000 euros.

Así, los informes aseguran que Sedesa aportó 150.000 euros a Orange Market en el año 2008, supuestamente para pagar parte de los gastos electorales del PP valenciano. Solo entre 2007 y 2009, el grupo Sedesa recibió 539 millones de euros en adjudicaciones del Consell.

Según la investigación policial, Enrique Ortiz, también imputado en el caso Brugal, habría pagado 300.000 euros en 2008 para pagar gastos electorales del PP. En el sumario hay correos electrónicos de Orange Market en el que se modifican facturas previas del PP para que figure la firma de Ortiz: “La factura 118 estaba como cliente PPCV, cambiar el cliente a Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA. El importe sigue siendo 31.784 euros”, detalla una de ellas.

 

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