El alcalde de Portas ató con el fiscal su permanencia en el cargo pese al fraude
El acuerdo de conformidad establece solo su inhabilitación como empresario
La condena penal por asumir un delito fiscal y otro continuado de falsedad documental que finalmente se le impondrá al alcalde de Portas, Roberto Vázquez, no implicará la suspensión del cargo. Así lo solicitaron sus abogados en el acuerdo de conformidad que presentaron ante la fiscalía de Pontevedra y que ahora está a la espera de que la Agencia Tributaria acepte los términos económicos de la propuesta que conlleva el pago íntegro de la cuota defraudada del impuesto de sociedades y un porcentaje de las multas impuestas.
De no solicitar la conformidad de ambos delitos, las dos condenas accesorias de cuatro años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo que había pedido en su escrito de acusación el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, podrían haber derivado en la suspensión de Vázquez para ejercer el cargo de alcalde de celebrarse un juicio ordinario.
Ante la posibilidad de que Vázquez fuese requerido para abandonar la alcaldía, los abogados del despacho de Garrigues que ejercen su defensa solicitaron a la fiscalía que se le aplicase la tercera vía que contempla el artículo 56 de Código Penal que impone una pena accesoria de inhabilitación solo como administrador general de empresas. La defensa alegó que los delitos se habían cometido fuera del ejercicio inherente al cargo y en un ámbito estrictamente empresarial que afecta a las actividades de la promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 SL Unipersonal, con domicilio en Caldas, responsable civil subsidiaria en el proceso.
De esta forma, los abogados de Vázquez han logrado atar con el ministerio fiscal la permanencia de su defendido en la alcaldía de Portas. En caso contrario, Roberto Vázquez se arriesgaba a tener que abandonar el cargo por al menos nueve meses (seis por el delito fiscal y tres por el de falsedad), el tiempo al que quedan reducidas ambas condenas, según el acuerdo de conformidad.
Forzado por su situación judicial, Vázquez solicitó la baja del PP, en el que llevaba militando casi dos décadas, pero no ha abandonado el cargo y pretende agotar, al menos, esta legislatura. El alcalde no se ha quedado solo sino que le apoyan los seis concejales del equipo de gobierno, que continuarán junto a él como independientes. La decisión de abandonar el PP se conoció la pasada semana, aunque el partido ya había negociado con Vázquez su salida inexcusable desde que en marzo trascendió públicamente la propuesta de conformidad que el regidor de Portas había presentado en la fiscalía.
A la baja solicitada por Vázquez y sus ediles en el PP se refirió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al término de la última reunión semanal del Ejecutivo gallego, dando por cerrado el caso y las responsabilidades futuras del partido. “Es difícil actuar sobre dirigentes que ya no están afiliados”, incidió Feijóo.
Previamente, el secretario general de los populares en Galicia, Alfonso Rueda, dijo que el regidor no podía seguir al frente de la alcaldía bajo las siglas del PP si efectivamente se le daba conformidad al reconocimiento de que había cometido un delito fiscal.
Cabe la posibilidad de que se llegue al juicio fijado en principio para el 19 de septiembre sin que la Agencia Tributaria haya dado su conformidad al acuerdo. Vázquez tendrá que admitir los cargos ante el tribunal y aceptar el pago de la deuda tributaria de 151.000 euros y un porcentaje de las multas, para lo que ha presentado varias de sus propiedades como aval.
Baja provisional en el PP
La confirmación de que este proceso judicial no va a afectar al futuro político de Roberto Vázquez es la clave para entender por qué el PP no pidió la dimisión del alcalde y le invitó a que solicitara la baja del partido. De hecho el presidente provincial, Rafael Louzán, aceptó la carta de renuncia del gobierno municipal de Portas en todos sus términos, incluido el de “baja provisional”.
El propio Louzán leyó el pasado viernes la carta ante los medios de comunicación en la que Vázquez y su equipo piden la baja temporal en el partido “mientras que se aclara la situación”, en alusión a la sentencia que se conocerá a finales de septiembre que estaría sujeta al acuerdo alcanzado por el alcalde con la fiscalía y la Agencia Tributaria.
El presidente de la Diputación de Pontevedra también se mostró partidario de esperar a que se celebre la vista oral y no ha querido hacer valoraciones acerca de la imputación de Vázquez. Aunque no ha querido pronunciarse sobre un posible regreso de los siete ediles al PP, Louzán les ha dejado la puerta abierta al aceptar la provisionalidad del cese como militantes.
Los seis concejales expresaron “su total adhesión a su cabeza de lista y le seguirán siendo totalmente incondicionales a su dirección en las distintas situaciones políticas que adopte”, señalan en la misiva, mientras han garantizado la gobernabilidad en Portas.
Además, al alcalde le queda la vía del indulto que podría solicitar una vez que haya sentencia, teniendo en cuenta que si bien reconoció la deuda contraída con Hacienda culpó de los hechos al administrador de unas empresas de Fuerteventura, ya fallecido, cuya firma aparece en las pruebas documentales.
