El juez busca en casa de Millet el rastro de 18 millones desviados del Palau

Tres años después, la policía persigue en la finca de L’Ametlla del Vallès pistas del desfalco

Los investigadores se incautan de obras de arte y 43.000 euros

Los Mossos y los medios de comunicación hacen guardia en la puerta de la casa de Millet en la Almetlla del Vallès, Barcelona. / CARLES RIBAS

El juez que investiga el desfalco del Palau de la Música, institución señera de la cultura catalana, dirigió este lunes en persona el registro en los domicilios de sus dos saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull. El desvío de fondos de la entidad asciende a 30 millones de euros, pero se desconoce adónde ha ido a parar más de la mitad de ese dinero: 18 millones que fueron cobrados, en su mayoría, en cheques al portador en la ventanilla de distintas entidades bancarias. El magistrado Josep Maria Pijuan consideró que parte de esas cantidades —al menos el rastro para llegar a ellas— aún podía estar en sus viviendas, por lo que ordenó la entrada y registro.

Los resultados del registro, que se alargó hasta última hora de la tarde, no se conocen por comleto. La policía se incautó de 43.000 euros en efectivo y de casi una treintena de obras de arte en la casa de Millet, en L'Ametlla del Vallès, así como de un ordenador y documentación en la de Montull, en Teià, ambas en la provincia de Barcelona.

El próximo 23 de julio se cumplen tres años desde que los Mossos d’Esquadra pusieron el Palau patas arriba. La imagen convulsionó a la sociedad catalana y la investigación posterior ha destapado no solo un gran desfalco, sino también un escándalo político: la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, que supuestamente recibió fondos de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. En esa transacción, el Palau de Millet y Montull hizo el papel de intermediario.

“Pese al tiempo transcurrido”, razona el juez en su auto, “no debe descartarse la posibilidad de que el imputado guarde en su domicilio dinero en efectivo”. Es “probable”, añade, que los imputados “puedan tener documentos relacionados con el destino dado al dinero defraudado”, añade Pijuan. El juez recuerda que la investigación no ha hallado hasta ahora “el destino de ni siquiera la mitad del dinero defraudado” y señala a las entidades financieras como principales culpables de ese fracaso por su “escasa colaboración”. El juez les reprocha, entre otras cosas, que “incumplieron su obligación” de identificar debidamente a los cobradores de esos cheques, tal como están obligados por ley. En especial, en los importes de mayor cuantía —en algunos casos, superiores a 100.000 euros— que se retiraron en efectivo sin que conste el destinatario.

Pijuan, que dirige el caso desde hace poco más de un año, admite que el registro hubiera sido más eficaz “al inicio de la instrucción”, pero considera que, de todos modos, está justificado usar uno de los últimos cartuchos antes de cerrar definitivamente la investigación.

La orden de entrada y registro tiene, además, otro objetivo: hacer inventario de los bienes de Millet y Montull. Si van a juicio y son condenados, ambos deben cubrir de forma solidaria una responsabilidad civil que asciende a 40 millones: los 30 presuntamente defraudados, a los que debe añadirse una tercera parte como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o sea, 10 millones más. Como recuerda el auto judicial, el expresidente del Palau ha consignado hasta ahora 4,2 millones como fianza y ha declarado bienes (de todo tipo) por valor de 12,5 millones; el que fue su mano derecha en el Palau —que en principio participaba en un 20% en el negocio ilícito— ha entregado 809.000 euros y sus bienes declarados ascienden a 2,4 millones.

El juez decretó el embargo de esos bienes el pasado marzo, pero subraya que, al “no alcanzar” la cifra de 40 millones, debe cerciorarse de que los saqueadores confesos no disponen de otras propiedades. Pijuan cita 44 obras de arte que constan en un seguro por daños de 2,5 millones a nombre de Millet y que no fueron incluidas en su lista de bienes. Con el registro de ayer, Pijuan quiso conocer si esos cuadros y esculturas “aún se mantienen en el patrimonio del imputado” y, en caso de que no los haya vendido, cuál es “su estado de conservación”.

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Redactor de tribunales El País. Barcelona

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