Tres Cantos quiere reclasificar un terreno para ahorrar 60 millones de sanción

Los ecologistas consideran la zona en litigio como de gran valor medioambiental

Imagen de los terrenos de Tres Cantos en los que se ampliaría el Soto de Viñuelas. / ULY MARTÍN

El equipo de Gobierno de Tres Cantos está estudiando dar el permiso para que se construya en la finca de El Tagarral, un terreno que en estos momentos es suelo no urbanizable (una parte de protección agrícola de regadío y el resto de protección ecológica), según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta decisión, según su alcalde, Jesús Moreno, se adoptaría con la intención de evitar que los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo, así como la Comunidad de Madrid, tuvieran que abonar 60 millones de euros a las empresas propietarias de las fincas: Martinsa, Nozar y Masaveu, tal y como determinó una sentencia de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y que ya es firme.

Este fallo judicial fijaba inicialmente el perjuicio que habían sufrido los empresarios al no recalificarse sus terrenos en 24 millones de euros, pero conforme han pasado los años sin que se ejecutara la sentencia el montante ha venido aumentando. Llegando a los 60 millones, a razón de 200.000 euros más cada mes.

El problema tiene su origen en los años ochenta, cuando Tres Cantos todavía pertenecía al Ayuntamiento de Colmenar Viejo. El Ayuntamiento aprobó en 1987 el plan general dejando fuera la finca del Tagarral, cuyo plan parcial había sido aprobado en 1967, pero que no se había construido. Por eso los propietarios recurrieron la decisión del Consistorio, dándole los tribunales siempre la razón. La última vez fue el TSJM en 2003, que fijó una indemnización que ahora mismo supera los 60 millones de euros. En 2007 la sentencia se convirtió en firme, por lo que el dinero debe ser pagado de forma solidaria por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Castos y el Consistorio de Colmenar Viejo.

"El urbanismo no debe servir para hacer caja o pagar deudas", dice UPyD

Hasta hace unos meses todos los grupos políticos se oponían a la reclasificación de unas fincas, que los ecologistas consideran una joya natural, y que goza de protección agrícola y ecológica, según el plan general que aprobó en 1987 el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. De hecho, en 2005 la mayor parte de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Tres Cantos confirmaron en una moción su decisión de que no se especulara con los terrenos de El Tagarral.

En los últimos meses el Consistorio, gobernado por el PP, ha cambiado de estrategia y ha anunciado su intención de estudiar la posibilidad de reclasificar los mencionados terrenos, o al menos una parte, para evitar el pago de los 60 millones. “La moción de 2005 pedía que no se especulara con el terreno. Y esto lo cumplimos plenamente, fue una moción que suscribimos, y con esta decisión ni se quiere especular, porque solo se reclasificarán los terrenos si estos no reúnen las condiciones medioambientales”.

El anterior alcalde, José Folgado (PP), envió una carta urgente a todos los vecinos en los que abordaba el problema del terreno de El Tagarral. Las tres posibles soluciones, según el primer edil, eran: o bien pagar, esperar el embargo o reclasificar la finca.

Para el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, la mejor solución es recalificar los terrenos. “Nosotros estamos trabajando en la línea de llegar una solución para no pagar una indemnización”, explica en este sentido el regidor tricantino, que prosigue: “Seguiremos con lo que dicta el plan general, que dice que los suelos no están protegidos, están en suspenso, por lo que no habría que pagar nada. Tenía una protección agropecuaria para que hubiera animales, pero el mismo PGOU decía que Medio Ambiente estudiará qué terrenos son urbanizables y qué terrenos son agrícolas”.

Por ese motivo, Medio Ambiente está haciendo un estudio que decidirá si deben protegerse o ser urbanizables. Lo mejor es llegar a un acuerdo, ver qué características tiene el suelo las tres Administraciones con los propietarios y si reúne las condiciones del 87. Pero el Consistorio parece haber optado por la tercera, al encargar un estudio para constatar la viabilidad ambiental de la zona, y ver cómo se puede hacer el cambio de calificación de El Tagarral: “Y ese tiempo nos costará, solo en intereses de demora, otros 4,5 millones de euros”, aseguró el diputado socialista Miguel Aguado Arnáez, en una intervención en la Asamblea que versaba como punto único la situación de la finca de El Tagarral. “Hay una responsabilidad política, porque Tres Cantos pasará de los 42.000 habitantes actuales a alrededor de 100.000 habitantes. Creemos que destroza un área, destroza una ciudad, y complica las comunicaciones con Colmenar Viejo y otros municipios. La solución del PSM sería una permuta con los terrenos de igual valor. Ya clasificados y urbanizables”.

Los socialistas no son los únicos que critican la decisión del PP. Para el diputado regional de UPyD Gabriel López el plazo transcurrido desde que el Supremo dictaminó la firmeza de la sentencia en 2007, es, a todas luces, “injustificable”. “Hace pensar en un obstruccionismo impropio de instituciones públicas respetuosas con el ordenamiento jurídico”. Este diputado destacó, como una prueba más de la decisión del Ayuntamiento de rectificar los terrenos, la existencia de un acuerdo con los demandantes, en virtud del cual los empresarios se comprometían a no ejecutar la sentencia si los terrenos se reclasificaran. “El urbanismo no debe ser un mero instrumento para hacer caja ni para pagar deudas, como es el caso”, se lamentó este parlamentario de esta formación.

La diputada de IU-Los Verdes, Carmen Villares, destacó el hecho de que las constructoras Martinsa y Nozar compraron su parte después de la sentencia, abonando 180 millones de euros: “Resulta curioso que paguen tan alto precio sin garantía legal de poder edificar. Hasta el nuevo alcalde del PP se mostraba contrario a la reclasificación urbana antes de ser alcalde. Por eso desde IU queremos que se respete la moción presentada en 2006 y que en ningún caso se recalifiquen los terrenos, por las nefastas consecuencias económicas, sociales, y medioambientales que entrañaría para el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de Tres Cantos”.

Por su parte, el director general de Urbanismo y Estrategia Territorial, José Trigueros Rodrigo, señala que el hecho de que un suelo sea o no protegido “no es aleatorio”. Por eso, en un futuro, esos suelos, si no tienen valores para ser protegidos, podrían ser urbanizados. “Si El Tagarral no tiene que ser protegido, hagámoslo urbanizable, como se preveía en los años sesenta y setenta. Lo único que tengo que decirles es que estamos intentando acortar los plazos, porque somos conscientes también de que cada día que pasa, si no se llega a una solución urbanística nos cuesta unos cuantos euros más”.

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