Orientadores laborales sin empleo

La Comunidad de Madrid acabó el 30 de junio con 521.246 parados. Ese mismo día el gobierno regional prescindió de 88 orientadores y promotores laborales, alrededor del 40% de los que dispone. Tres semanas antes, el viernes 8 de junio a las 15.07, la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda había comunicado a los afectados, mediante correo electrónico, su cese. “Las formas ya muestran la estima que el Gobierno tiene por este servicio público”, señala Nacho Cerezo, uno de los profesionales de las 42 oficinas de empleo de la Comunidad.

La razón argüida desde la Consejería de Educación y Empleo es que el Ejecutivo autonómico “se ha limitado a cumplir con lo establecido por el Gobierno central y ha mantenido los contratos mientras ha existido la financiación estatal”. Esta financiación es la del ‘Programa Prepara’ de recualificación profesional, puesto en marcha por el Gobierno de Zapatero en febrero de 2011 y cuyos últimos beneficiarios verán terminada su paga en marzo de 2013. El plan está destinado a los parados de larga duración que ya han agotado la prestación de desempleo y que, bajo la condición de integrarse en el programa de asesoramiento y orientación, reciben 400 euros mensuales. Pepa Sánchez, orientadora desde hace 18 años, lamenta que la Comunidad haya decidido no prorrogar el programa “sobre todo por las personas que recibían nuestro asesoramiento y que no van a tener la misma atención”. La Comunidad asegura tener “orientadores laborales propios” para continuar con el asesoramiento. Pero Cerezo y Sánchez denuncian que los orientadores a los que se refiere son técnicos administrativos que desde el 1 de julio han asumido responsabilidades para las que no están cualificados.

La labor de los orientadores va más allá: “En muchísimos casos hay que recuperar a la persona y evaluar su situación. Tenemos casos próximos a la marginalidad, necesitan ayuda psicológica para recuperar incluso su apariencia física, su higiene”, explica Cerezo, que trabajaba en Usera. El asesoramiento público de estos profesionales también ha ayudado a jóvenes cualificados que no saben cómo enfrentarse a la búsqueda de un empleo. “Vemos currículums fantásticos de investigadores que no conocen mecanismos básicos para encontrar una salida profesional, como el portal EURES de movilidad europea. Cuando comprenden la utilidad de la información están muy agradecidos”, asegura Marta Martín, otra profesional de la que se han visto privados los desempleados.

Los nuevos presupuestos autonómicos recortan los 160 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo en un 82%. El Ejecutivo de Aguirre argumenta que las políticas actuales no consiguen insertar a los parados. “Quien diga que la orientación laboral no funciona es que nunca se ha reunido 10 veces con un desempleado para ver su evolución”, dice Sánchez. “El problema es que el Gobierno no cree en este servicio público”.