Un agujero negro en la seguridad del templo
El episodio del Códice es el último de una larga lista que revela el escaso cuidado de la Iglesia con su Patrimonio
El archivero de la Catedral de Santiago a finales de los setenta, Juan Pérez Millán , escribió notas a bolígrafo en la contraportada del Códice Calixtino, la primera guía de viajes conocida, datada en el siglo XII y que ni siquiera los expertos en arte medieval se atreven a valorar. Por esas insólitas anotaciones supo la policía el miércoles que había recuperado la pieza auténtica en medio de ladrillos y basura dentro de un garaje de O Milladoiro. El hallazgo pone fin a un año de especulaciones sobre un suceso que alertó a la Interpol.
Por no saber, las autoridades catedralicias ni siquiera saben el día exacto de la desaparición que solo se conoció por la confesión del electricista detenido. En el templo echaron en falta el tesoro literario el 5 de julio de 2011 pero el principal sospechoso —al que el juez ha enviado a la cárcel por media docena de delitos— aseguró en su declaración que se lo había llevado la víspera. Los mandos eclesiásticos siguen sin tener certeza del día en que se lo llevaron. El cuarto donde se custodiaba (es un decir) apareció con las llaves puestas. Tras el desenlace del caso en distintas propiedades de la familia detenida emergieron otros facsímiles y piezas de arte sacro cuya desaparición nunca fue denunciada por el clero, igual que el millón largo en billetes que según apunta la investigación desapareció de los cepillos y la caja fuerte del templo.
El agujero de seguridad de la Catedral se ha revelado tan clamoroso que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha puesto a disposición del Arzobispado —que hoy entre cámaras y micrófonos, recibirá el tesoro de manos del presidente Rajoy— para reforzar la “mejorable” custodia de esa y otras piezas únicas, en pleno debate social sobre si merecen seguir al cuidado del clero. El esperpento del Códice es uno más en un rosario de destrozos en el patrimonio histórico que la Iglesia tiene a su cargo. En el juzgado contiguo al que instruye el sumario del robo, se acumulan más de 2.000 folios del caso Retablo que mantiene imputado al exobispo de Tui José Diéguez Reboredo, a un par de parrocos y a dos funcionarios de la Xunta en una trama generalizada de corrupción en la restauración de arte sacro en el sur de Galicia, que además de un presunto fraude de fondos públicos acabó deteriorando un buen número de piezas.
La juez que instruyó desde el principio este caso dejó escritas sus sospechas: el restaurador entonces en la Xunta Carlos Gómez Gil-Aizpurúa, imputado por graves delitos, otorgaba subvenciones a distintas diócesis a cambio de que estas adjudicasen los trabajos a empresas amigas. El resultado es un estropicio en distintos retablos ourensanos, tal y como puso de manifiesto un perito experto contratado por la Xunta. El dictamen cita desastres en la rehabilitación de templos como Santa María La Real de Entrimo, Santa María de Melón, San Salvador de Prado de Limia en Muiños o Santa María de Lamas en Xinzo. Las chapuzas son de tal calibre que el experto alude a trabajos “realizados sin criterio alguno y con formas incomprensibles y toscas”. El informe aportado a la causa concluye: “Gran cantidad de joyas de la provincia de Ourense son irrecuperables”.
En Ourense, “gran cantidad de joyas restauradas son irrecuperables” según un perito de la Xunta
En su comparecencia ante el Parlamento, el director general de Patrimonio José Manuel Rey Pichel admitió que la Consellería de Cultura tuvo que paralizar tres obras de retablos en Tui, Oimbra y Pontevedra, todas ejecutadas por firmas implicadas en el supuesto caso de corrupción. Su dictamen no escatima reproches: “Pésima praxis, intervenciones incorrectas, inadecuadas y agresivas con las obras de arte”. En Celanova directamente desapareció toda la madera del suelo que componía el coro de la iglesia. El párroco llegó a presentar una denuncia ante la Guardia Civil en la que aseguraba que aquellas vigas y tablas “eran suficientes para amueblar un salón”. Nunca más se supo. Episodios parecidos se han repetido en muchas de las 3.792 parroquias gallegas, en ermitas, conventos y monasterios donde reposa “entre el 70 y el 80% del patrimonio histórico y artístico gallego conocido”, según un estudio de la fiscalía.
A raíz de la desaparición del Códice, el ministerio público pidió que las diócesis inventariasen sus objetos de valor y detallasen los agujeros de seguridad para establecer sistemas de protección en cada templo. Ha pasado un año y solo el Obispado de Astorga que gestiona una parte mínima del Patrimonio ha respondido afirmativamente. La cuestión preocupaba ya al anterior Papa, Juan Pablo II que en 1999 dirigió a los obispos una Carta Pontificia sobre la necesidad y urgencia del inventario y catalogación de los bienes culturales de la Iglesia. En Galicia siguen a la intemperie.
La Iglesia ignora un protocolo de la fiscalía
La tragicomedia del Códice ha vuelto a refrescar el protocolo de vigilancia Proxecto Igrexa Segura-Patrimonio Protexido que impulsó la Fiscalía Superior de Galicia que dirige Carlos Varela en colaboración con la Xunta el año pasado poco después del robo. El ministerio público persiste en la necesidad de implementar medidas de seguridad dentro de los templos para que las obras de arte no pierdan su contexto y puedan seguir expuestas al público en el lugar al que pertenecen.
Un año después, ningún obispado gallego se ha sumado a esta iniciativa. El de Astorga, que gestiona parte de ese patrimonio, en cambio ha respondido afirmativamente. Según la fiscalía, ocho de cada 10 obras del patrimonio histórico y artístico gallego es de carácter religioso.
El delegado de patrimonio del Obispado de Ourense, Miguel Ángel González, llegó a mostrarse hace unos meses "muy disgustado" con ese protocolo. Considera un despropósito afirmar que el problema del patrimonio eclesiástico gallego son los robos. Su homólogo de la diócesis de Lugo, Cesar Carneiro, tampoco está muy seguro de la utilidad del citado documento y asegura que los hurtos son “anecdóticos” dentro del panorama español. Para Carneiro, el problema es la falta de recursos para conservación de obras, unos fondos que en su opinión no solo han de llegar de la Iglesia sino de la Administración. La fiscalía se desmarcó aun esta semana de esas declaraciones y recordó que el protocolo sigue en manos de la Iglesia ya que le ha sido remitido a la Conferencia Episcopal.
A esto se une la necesidad de elaboración de un inventario de urgencia para la identificación del patrimonio que aun se conserva en edificios religiosos, a pesar de los expolios constatados, de manera destacada en la provincia de Ourense.
Las recientes declaraciones del deán de la catedral de Santiago, José María Díez, a EL PAÍS, en las que afirmó que el Códice se esconderá “en un lugar secreto” y que “se prohibirán las visitas”, dejan abrigar ciertas dudas de que la Iglesia haya decidido avanzar en la línea que pretende el ministerio público. Hace un año, la fiscalía ya advertía en el proyecto presentado, que “Se han registrado casos de párrocos que toman la iniciativa o son inducidos a cambiar con libre voluntad piezas antiguas por piezas modernas”. Y les pedía dejar constancia de cualquier manipulación de los objetos de valor. Citaba casos en que los sacerdotes decidieron llevarse a casa algunas joyas artísticas mientras se restauraban sus iglesias. El fiscal superior ya advertía entonces que esas situaciones provisionales tienen muchas veces por inercia y hábito a convertirse en permanentes.
