Un juzgado investigará a la Xunta por la venta de bienes de una anciana

La incapacitación de la mujer fue anulada cinco años después de aprobarse

Santiago de Compostela 5 JUL 2012 - 20:20 CET

Mercedes Rodríguez Mouríz / Óscar Corral

Mercedes Rodríguez Mouríz lleva peleando en los tribunales ocho años desde que en diciembre de 2002 un juzgado declaró su incapacidad que revocó cinco años después. En este tiempo la Fundación Galega para la Tutela de Adultos (Funga) vendió la casa donde vivía sola, un céntrico edificio catalogado y de doble fachada en el centro de Vilagarcía, por 549.577 euros a una promotora. Un precio considerado la décima parte de su valor real en el mercado por la que ella percibió 55.000 y un primer piso en el mismo inmueble que fue reconstruido.

Ahora, Mercedes Rodríguez, de 87 años, ha presentado una querella por prevaricación administrativa contra la Funga en un juzgado de Santiago en la que también comparece como acusación particular el Sindicato Colectivo de Empleados contra la Corrupción, —escisión del Sindicato Manos Limpias— y que ha sido admitida a trámite.

El arquitecto que tramitó la incapacidad de la anciana trabajaba en la promotora que compró su vivienda, según la denuncia

Una denuncia que se promueve después de que hubiera reclamado sin éxito, también por la vía penal, la devolución del edificio y de todo el mobiliario y enseres personales que se encontraban en la vivienda el día que fue desalojada de ella para ingresar en un asilo y cuyo paradero aún se desconoce. El tribunal acordó que la demandante reclamase a la empresa constructora que compró el edificio, Promociones Domicres, y no a la Xunta. Para la acusación, la venta del solar se llevó a efecto sin valorar los 384 metros cuadrados construidos y considera que se han perdido 427.174 euros. “Esto lo ha generado la Funga con su fugaz, amañada y generosa venta que no se ajusta a lo acordado por el juez que sólo la autorizó si se pagaba al contado”, señala.

Denuncia también el hecho de que la Funga presentase varias ofertas, como la del arquitecto técnico, también perito, José Lino Rodríguez Márquez, que también tramitó la incapacidad de la anciana. Ésta resultó para la Xunta la más ventajosa, cuando no lo era, y el edificio terminó en manos de Domicres, donde trabajaba Rodríguez Márquez.

El forense  concluye que Mercedes “no presenta patología psiquiátrica alguna”

Mercedes Rodríguez pide a la justicia que aclare cómo en un edificio catalogado y no declarado en ruina se pudo permitir semejante irregularidad, y qué connivencia había entre el arquitecto técnico y la promotora, ya que se registraron otras ofertas mejores, como la de las empresas Provao y Construcciones Mesejo. Además, la querella alega la invalidez del acto judicial en el que fue declarada incapaz, ya que no se cumplieron las normas exigidas al no comparecer un letrado de la Xunta, un representante de la Funga y, sobre todo, el médico forense. En todo momento el juzgado sostuvo que el patrimonio de Mercedes “estaba perfectamente salvaguardado” pero la Funga nunca hizo un inventario. La denunciante pide también que se investigue dónde están los muebles (de gran valor ya que su padre era un reconocido ebanista), que fueron inventariados por ella misma, “sin que el juzgado haya tenido en consideración este expolio”, y pese a un informe judicial de la trabajadora social de la Funga que lo valora como “importante”.

Sobre los informes médicos emitidos sobre su incapacidad, la querella denuncia la contradicción que existe entre ellos por lo que considera que “se actuó con mucha ligereza e irresponsabilidad porque no existía ninguna prueba forense para declararla incapaz”. Cuando se promovió la reintegración de la capacidad de Mercedes por unos parientes que la localizaron en el asilo, el informe del psiquiatra del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago diagnosticó que “no existía patología psiquiátrica, deterioro cognitivo ni otros trastornos” aunque sí aprecia que la anciana “está ligeramente deprimida debido a su situación de indefensión”. El forense de Vilagarcía también concluye que Mercedes “no presenta patología psiquiátrica alguna ni deterioro cognitivo que le impida gobernar su persona y sus bienes” y que “el único hallazgo significativo es el perjuicio sufrido en relación a la vivienda familiar”.

 

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