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El PP avala otra vez el euro por receta que Rajoy quiere recurrir

La Cámara catalana insta por mayoría a CiU a volver a dar merienda a los presos

Àngels Piñol
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, y Artur Mas, ayer, en el Parlament.
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, y Artur Mas, ayer, en el Parlament.CARLES RIBAS

El Partido Popular de Cataluña afronta problemas que los últimos años solo parecían afectar a los socialistas catalanes. La actuación del PP en el Parlament, donde mantiene un férreo pacto no escrito con Convergència i Unió, está provocando un desajuste con el discurso de la dirección nacional. Esta situación se visualizó ayer cuando volvió a avalar una medida que el Gobierno central rechaza y que incluso amenaza con recurrir ante el Tribunal Constitucional: el cobro de un euro por cada receta médica.

El PP tenía en sus manos aprobar una resolución en el Parlament, acompañando a la izquierda, para anular la tasa, pero rectificó. Pasó en horas de reclamar la “supresión” como muy tarde el 31 de diciembre a pactar con CiU “valorar su continuidad” en los presupuestos de 2013. El análisis se hará en función de si los ingresos de la tarifa quedan compensados con los derivados por el gravamen sobre los medicamentos fijado por el Ministerio de Sanidad.

La resolución

1. Analizar en los próximos meses los efectos que, sobre les finanzas públicas catalanes, tendrá la aplicación de les medidas del Gobierno del Estado en relación al gasto farmacéutico, así como la tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes a los procesos para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación.

2. De acuerdo con los resultados del análisis anterior y en el marco de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2013 y de acuerdo con los objetivos de déficit, valorar la continuidad de la tasa sobre los actos preparatorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes a los procesos para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación.

El pleno consagró la tercera oleada de recortes —1.500 millones— del Ejecutivo con la abstención del PP, que avaló después el euro por receta. El texto fue aprobado con 79 votos a favor, de CiU y el PP; 38 en contra, del PSC e Iniciativa, y 11 abstenciones (ERC y Joan Laporta). Los populares cerraron así el culebrón sobre el futuro de la tasa, en el que han representado todos los papeles: primero dieron luz verde para implantarla en las cuentas de 2012 —aunque la moderaron retrasando su aplicación y excluyendo a sectores de la población— y después exigieron que se derogara cuando el Gobierno de Rajoy anunció que estudiaba elevarla al Constitucional.

Desde hace semanas, el PP clama por la anulación de la tasa sosteniendo que los catalanes sufren un doble castigo respecto a los ciudadanos del resto de España al abonar el euro por receta más el impuesto sobre los medicamentos. Por ello, el miércoles esbozó un primer acuerdo con los diputados de CiU con vistas a derogarla a final de año. Pero el presidente Artur Mas se negó en redondo a rubricarlo. La estrategia del PP irritó sobremanera a Mas, que impuso su criterio. La realidad es que el Ejecutivo no tiene la menor intención de renunciar a una tasa que entró en vigor el día 23.

Durante el debate, Santi Rodríguez, diputado popular, quiso ver el vaso medio lleno y subrayó que su partido había abierto una “grieta” en el Gobierno catalán para que en el futuro pueda desaparecer el euro por receta, medida que calificó de “injusta e insolidaria”. “Nuestro camino es el más eficaz y corresponsable para la supresión”, dijo. La izquierda cargó con dureza contra el PP. Jordi Miralles, de Iniciativa (ICV-EUIA), acusó a los populares de ser “cómplices” de CiU. “Vayan a las farmacias y explíquenlo. Son ustedes unos tragaperras como los de Eurovegas”. Y Jordi Cañas (Ciutadans) acusó al PP de ejercer el “trilerismo político”. La alianza CiU-PP no se trasladó a una medida que rechazó toda la Cámara: la supresión de la merienda para los presos. La resolución, que no es de obligado cumplimiento, la presentó ICV y logró 67 votos, frente a los 61 de CiU.

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