Cuatro ‘mossos’ condenados por torturas piden otro indulto para eludir la cárcel

La Audiencia de Barcelona les castigó con penas ejemplares, de hasta seis años de prisión, por torturar a un detenido; el Tribunal Supremo les rebajó notablemente la condena,  y el Gobierno central les concedió un polémico indulto que, en principio, les permitía eludir el ingreso en prisión al dejar la pena en dos años. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero Manuel Farré, Jordi Perisse, Joan Salva y Fernando Cea, los cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra condenados por apalear a un rumano al que confundieron con un ladrón, han vuelto a la casilla de salida y su ingreso en prisión, pese a la medida de gracia, es casi inevitable. Pero se han reservado una última carta: han pedido el indulto. Por segunda vez.

La Audiencia de Barcelona ha confirmado en última instancia que los policías deberán ir a la cárcel. La Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, que  les condenó, decide sobre la ejecución de esa condena. Con el indulto en la mano, los agentes pidieron que la pena fuera suspendida. Pero los magistrados rechazaron esa pretensión en mayo con el argumento de que los hechos son “muy graves” y apelando a la “peligrosidad criminal” de los policías.

Los mossos presentaron entonces un recurso de súplica, uno de los pocos instrumentos que les quedaban para no ir a la cárcel, para que se atendiera a sus “circunstancias personales”. La fiscalía se adhirió al recurso. Pero la Audiencia lo ha desestimado por idénticas razones. El auto dictado la semana pasada rechaza, además, que se sustituya la prisión por una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad.

Puñetazos y amenazas

Los abogados defensores trabajan para evitarles el mal trago de pasar una temporada entre rejas. Al conocer la resolución de la Audiencia, de mayo, solicitaron de nuevo un indulto al Gobierno con la esperanza de que sea total, no parcial. Ahora, al saber que la sala ha reiterado su postura, han pedido que se suspenda la ejecución hasta que se resuelva la petición de indulto. En caso de que, como es previsible, tampoco prospere esa petición, aún podrían plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La agresión, uno de los casos de torturas a detenidos más graves en Cataluña, ocurrió en julio de 2006. Los agentes, del grupo de atracos de los Mossos en Barcelona, se abalanzaron sobre un ciudadano rumano, Lucian Paduraru, al que confundieron con un asaltante de viviendas. Sin identificarse, le propinaron “reiterados golpes y puñetazos por todo el cuerpo”, lo amenazaron de muerte y lo insultaron. En el traslado a la comisaría de Les Corts, famosa por los episodios de malos tratos, uno de los agentes le introdujo una pistola en la boca y volvió a amenazarle. Paduraru, de 28 años, iba acompañado de su mujer, embarazada, que también recibió un trato degradante. El hombre volvió después a Rumanía, donde trabaja como albañil.

Tras la primera sentencia, de 2008, y la confirmación parcial por el Supremo, al año siguiente,el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero la medida de gracia. El Ministerio de Justicia justificó el indulto por el “currículo” de los procesados, por la “multitud de adhesiones” que había suscitado su causa y, sobre todo, por unas “investigaciones policiales posteriores” que, en su opinión, aportaron “nueva y valiosa información sobre los hechos”.