La patronal eólica augura el fracaso del concurso por la gestión de la Xunta

Facenda pretende cobrar hasta 100 millones a los parques en tramitación

Piezas de un molino eólico, durante un embarque en el Puerto de Vigo para su exportación. / LALO R. VILLAR

La patronal eólica ya no disimula el fracaso al que, en su opinión, la gestión de la Xunta está abocando al concurso eólico. El plan que iba a sacar a Galicia de la recesión, que según cálculos “muy conservadores”, del conselleiro de Industria, Javier Guerra, supondría la creación de 13.266 empleos gracias a una inversión privada de 5.953 millones, pende de un hilo. “Con el escenario actual, el 80% de los 2.325 megavatios no se van a poder poner en marcha. Solo podrán construirse los parques más rentables, los que tengan el máximo de horas de viento”, sentencia desde la Asociación Eólica Gallega Iñigo Muniozguren. En los últimos años Galicia ha perdido su peso hegemónico en la producción de energía limpia, ha sufrido la deslocalización de una importante empresa de componentes —Gamesa— y un goteo de recursos judiciales contra la regulación de los gobiernos del bipartito y el PP. También se ha implantado el canon eólico que pagan los productores, con el que la Xunta espera recaudar 75 millones en esta legislatura. “Los problemas que podría resolver la Xunta se agravan”, afirma Muniozguren.

Si con eso no fue suficiente, la gota que colmó el vaso del desencuentro entre la patronal y la Consellería de Economía acaba de caer. Se trata de la decisión de la Xunta de comenzar a cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a estas instalaciones. Según cálculos del sector, son unos 100 millones de euros de una tasa que hasta ahora no se aplicaba porque los parques no son concesiones, sino autorizaciones administrativas, y por tanto a efectos fiscales “no se asemejan”, según EGA. De lo contrario, insisten, también podrían comenzar a liquidarse en otras instalaciones de generación eléctrica. Pero Economía defiende que no ha habido “ningún cambio de criterio”, en su decisión, y que el ITP “grava tanto las concesiones como cualquier otra figura que bajo otra denominación, comparta con las concesiones un mismo sustrato económico, como es el caso de los parques eólicos”. Esa decisión va a provocar un verdadero cuello de botella hacia finales de este año. Porque por un lado, los promotores se niegan a invertir si no se aclara el nuevo marco de las primas, y por otro, la Consellería les apremia para comenzar a conceder las primeras autorizaciones (momento en el que tienen que hacer efectivo el pago de impuestos).

Mientras eso sucede, la Consellería de Facenda comprobará “las autoliquidaciones que no se llevaron a cabo por parte de las eólicas”. La Xunta insiste en que trabaja “para intentar encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la ley y las necesidades del sector”. La medida está afectando también a los polígonos en desarrollo que se autorizaron antes del concurso eólico. “Una instalación de 50 megavatios, aplicándole el tipo máximo del 4% podría llegar a pagar hasta dos millones de euros. Y si no sabe cuál es su plan de negocio no los va a pagar”, recuerdan en EGA.

Escaso poder en Madrid

En enero, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió congelar las primas que se pagan a las empresas eólicas por producir. La Xunta de Galicia, lejos de admitir que el escollo pondría en peligro su concurso, insistió: “El Real Decreto [que las suprime] abre la posibilidad de una retribución para los megavatios que muestren un mayor rendimiento, situación en la que están la mayor parte de los parques gallegos, por lo que defiende la rentabilidad de la eólica en la nueva situación que premia la eficiencia”. Las empresas del sector se llevaron las manos a la cabeza con este razonamiento, pero ninguna se atrevió a contradecir a la Consellería públicamente. Pero pasan los meses y, aunque siguen esperando un marco que aclare su futuro, fuentes de la industria creen que el Gobierno gallego ha demostrado “no tener ningún peso en Madrid”, para arreglar la situación, y eso compromete los grandes proyectos asociados al concurso, como los más de 1.000 millones prometidos por Gas Natural. La Xunta tampoco ha dado pasos para despejar otro escollo: las deficientes infraestructuras de evacuación.

“Lo que está sucediendo no es más que una huida hacia adelante, cada parte implicada cuenta lo que le parece”, critica el directivo de una empresa mediana del sector. Hace apenas un mes, el director de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, aseguraba en sede parlamentaria que “todos los proyectos siguen adelante” y que “los promotores han confirmado su voluntad de continuar, todos han presentado la justificación de los empleos creados y las inversiones realizadas en el primer año”. Incluso Estela Eólica, la firma que está siendo cuestionada por incumplir su proyecto —la construcción de una planta de basuras—, dice que sigue adelante.

Esta circunstancia la conoce bien el presidente de la Xunta, que recientemente aseguró que “si alguna empresa no puede ejecutar sus planes, que pongan los megavatios a disposición y habrá otras que los ejecuten”. El tono de sus palabras sentó como una bomba en la patronal, que destila impotencia. “Llevamos dos años reuniéndonos con la consellería y seguimos teniendo los mismos problemas”.

 

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