El gallego es la primera lengua cooficial con diccionario de normas y definiciones jurídicas

La obra, en la que participaron más de un centenar de juristas, fue editada por Edicións Xerais

Vilagarcía de Arousa 3 JUL 2012 - 20:45 CET

El magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, y el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, Xosé Xoán Barreiro Prado, son los coautores del primer Diccionario Xurídico Galego, único entre las lenguas cooficiales del Estado. La obra, en la que participaron más de un centenar de juristas, fue editada por Edicións Xerais e impulsada por la Revista Xurídica Galega y ha contado con la coordinación del profesor y director del Centro de Investigacións Ramón Piñeiro, Manuel González González que se ocupó de dirigir un grupo de filólogos encargados de la redacción y corrección lingüística.

 Varela y Barreiro pertenecen, además, a la Asociación Irmandade Xurídica que desde hace tiempo trabaja para dotar de un corpus documental e informativo jurídico para que el proceso de normalización lingüística en el derecho. El diccionario, de 1.800 páginas, recoge la terminología del derecho público y privado internacional.

Xosé González Martínez, presidente de la Fundación Lois Peña, secretario de la Irmandade Xurídica Galega y Medalla Castelao, afirma que este diccionario “es un instrumento fundamental y de gran utilidad porque en él se recogen de una manera sistemática las normas jurídicas y sus instituciones para facilitarle a los usuarios del derecho un medio riguroso y abundante en definiciones”.

González considera que la obra “es una herramienta imprescindible para los profesionales del derecho” y destaca que en ella participaron “muchísimos juristas”, expertos en cada una de las ramas del derecho, que garantizan el “rigor en su elaboración”. Este diccionario, como toda obra jurídica, precisará de una revisión que probablemente se hará en formato digital; una actualización marcada por futuras modificaciones legislativas para que no quede obsoleto con el paso del tiempo.

González Martínez considera que la obra debe completarse en el futuro desde dos perspectivas. La primera consistiría en la incorporación de un diccionario onomástico “que recoja la pléyade de juristas de obligado reconocimiento” desde el siglo XVIII hasta hoy. Y la segunda sería un dicionario terminológico “que estandarice un léxico jurídico-administrativo para mejor corrección y estilo en la escritura procesal”. “Estamos hablando de una obra original, y aquellas comunidades autónomas que no la tienen podrán, o bien traducirla a sus idiomas, o tomarla como referencia para algo muy semejante”, incide Xosé González.

Los coautores del diccionario han recibido ya el premio de la Fundación Lois Peña Novo, que ha valorado la obra por lo que supone para el proceso formativo de los nuevos profesionales en las facultades de Derecho y Escuelas de Prácticas Jurídicas, además de ser una obra de consulta obligatoria en los despachos de abogados y asesores jurídicos.

 

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