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Subvención para el talaso ilegal de Oia pese a su orden de derribo

El Hotel Talaso Atlántico obtuvo la ayuda del Igape en detrimento de otras empresas

La subvención de 1,6 millones de euros que la Xunta y el Gobierno central acaban de dar a un geriátrico a medio construir promovido en Chandrexa de Queixa (Ourense) por un exalcalde popular no es la única que el Ejecutivo gallego ha entregado en los últimos meses a un edificio ilegal y con orden de derribo. Aunque el importe es muy inferior, la Xunta también ha subvencionado con 12.000 euros a través de otra línea de ayudas al Hotel Talaso Atlántico, una mole levantada a cien metros del mar en el límite de los ayuntamientos pontevedreses de Oia y Baiona que ha sido declarado ilegal por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Si en el caso del geriátrico ourensano la selección del proyecto a apoyar con fondos públicos para el desarrollo rural corrió a cargo de la Consellería de Traballo e Benestar, en el del hotel también ilegal de Oia fue el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, el que entregó la ayuda con cargo al Programa Innoempresa.

La línea de subvenciones de la que se ha beneficiado el talaso de Oia está destinada a “incrementar la capacidad innovadora de las pymes como medio para aumentar su competitividad, contribuir a su crecimiento sostenible y, en su consecuencia, favorecer el empleo y la generación de riqueza”. El Igape le entregó 12.112 euros, el 70% de ellos procedentes de fondos europeos, según certifica el Diario Oficial de Galicia del pasado 10 de abril.

Además, el Hotel Talaso Atlántico obtuvo esa subvención en detrimento de alguna otra empresa gallega, ya que la línea de ayudas fue convocada por el procedimiento de concurrencia competitiva. Esto es, no todos los proyectos que cumplían los requisitos y pidieron la subvención la obtuvieron, sino solo los mejor valorados por el instituto de crédito de la Xunta.

Sobre el Hotel Talaso Atlántico pesa desde 2007 una sentencia del Tribunal Superior que declaró nulas las licencias de construcción y decretó su derribo. Además, en diciembre el complejo de talasoterapia fue denunciado por varias irregularidades sanitarias cuando se detectó que sus aguas residuales eran arrojadas al mar con un elevado número de coliformes fecales, una contaminación que sobrepasaba ampliamente los límites legales. El vertido sin depurar se producía, además, a pocos metros de donde el recinto capta agua para sus tratamientos.