El TSJ vuelve a forzar a la Generalitat a aceptar el término “lengua catalana”

La sentencia estima parcialmente la reclamación de la Universitat Jaume I

Durante una década Educación, ha objetado 35 sentencias del TSJ, Supremo y Constitucional

Una nueva vuelve a obligar a la Generalitat Valenciana a aceptar el término “lengua catalana” como el establecido y reconocido “académicamente” entre la comunidad científica. Asimismo, el fallo de la sección 5 de la sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordena al Gobierno autonómico a recoger dentro de los estatutos universitarios el término propuesto por el Claustro de la Universitat Jaume I de Castellón sobre el “ámbito lingüístico catalán”.

Durante casi una década el departamento valenciano de Educación se ha negado sistemáticamente acatar las 35 sentencias dictadas por tres tribunales (el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo y el Constitucional) sobre la unidad lingüística del catalán y el valenciano.

Esta política de insumisión y de recursos ha costado miles de euros a las arcas públicas (16.500 euros), incluyendo sentencias que han sido auténticos varapalos que han llevado a la Generalitat a enfrentarse en paralelo a cargos “incumplimiento de sentencia”, “prevaricación” y “malversación de fondos públicos”.

Incluso, un juez del TSJ, el magistrado Rafael Manzana Laguarda, condenó a la Generalitat a pagar las costas porque imputó a la Administración valenciana una conducta de desobediencia, que calificó de “temeraria” ante tanto incumplimiento.

Esta política de insumisión y de recursos ha costado miles de

euros a las arcas públicas

La rendición llegó en mayo de 2010, cuando la Generalitat sacó por fin la bandera blanca en su persecución contra el valenciano y aceptó que la única titulación reconocida en el Estado es la de Filología Catalana y que debía aceptar el término “lengua catalana” en las disposiciones oficiales, como la convocatoria de oposiciones, y en los estatutos universitarios.

Desde que en 2002, la Generalitat, entonces gobernada por el dimitido Francisco Camps, introdujo la obligación de certificar el conocimiento del valenciano para acceder al cuerpo de profesores de Primaria y Secundaria, se ha negado -convocatoria tras convocatoria- a eximir del examen de valenciano a los titulados de Filología Catalana. Esto provocó un éxodo durante años de profesores y maestros en busca de plazas en Cataluña o Baleares.

En el camino ha quedado una ingente y desproporcionada jurisprudencia consolidada, incluida la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre las dos cuestiones que el PP valenciano ha negado desde que llegó al poder en 1995.

Primero, que “hay campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales”.

El segundo elemento clarificador común de las sentencias es que “la licenciatura de Lengua o Filología Catalana avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta Comunidad, denominada oficialmente valenciana en su Estatuto de Autonomía, y, en el ámbito académico, catalana”.

Menos valenciano, más inglés en las escuelas

En plena vorágine de reformas y contrarreformas, el PP ha vuelto a proponer hoy una nueva ley educativa, en la que, según las declaraciones de principios del ministro de Educación, José Ignacio Wert, se primarán más horas de estudio del castellano, matemáticas e inglés.

Esta propuesta es previsible que devenga en un recorte de las competencias en materia lingüística de las que han gozado hasta ahora para fijar el 45% del curriculum y del horario lectivo.

De entrada, la Consejera de Educación del tercer presidente del PP en la Generalitat, Alberto Fabra, ha presentado ya al Consell Escolar Valenciano una proyecto de decreto de plurilingüismo para introducir el inglés desde los 3 años que elimina de un plumazo uno de los tres programas lingüísticos aprobados en 1983 en la Llei d’Ùs i Ensenyament del Valencià en las Cortes por consenso de todos los grupos políticos de la Transición.

El borrador de decreto consagra la eliminación de los programas de incorporación progresiva

La consejera María José Catalá propone la eliminación de los programas de incorporación progresiva por el que los centros educativos que eligen este programa dan, además de la materia de Lengua y Literatura valenciana, un mínimo de otra asignatura más en valenciano (Coneiximent del Medi) y tienen la posibilidad de ampliar el horario lectivo de valenciano.

Catalá tampoco ha autorizado la decena de colegios que desde años quiere cambiar a línea en valenciano y que, tras la documentación en regla y la autorización de sus respectivos consejos escolares, sigue sin poder implantar el valenciano como lengua vehicular.

Tampoco incluye la reivindicación histórica de que haya una catalogación de puestos lingüísticos de Secundaria en valenciano, con lo que la falta de profesorado especializado capacitado en la lengua propia, reduce a la mitad la matrícula de valenciano cuando los alumnos llegan a los institutos.

En la actualidad 222.236 alumnos de 881.000 estudian en valenciano, la mayoría en colegios de Primaria (158.830), ya que en Secundaria no hay la mismo proporción de líneas en valenciano (la matrícula cae a 63.406 alumnos).

Y para contentar a los grupos defensores del castellano, el decreto, en un gesto insólito en el ámbito académico, permite que las familias elijan en qué idioma se examinan sus hijos de castellano, valenciano e inglés. Toda una incongruencia pedagógica.

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