El juez prohíbe a cinco familiares de Ruth Ortiz acercarse a Rafael Bretón

Los allegados a la madre de Ruh y José se han concentrado frente a la casa del tío paterno acusándole de ocultar información

Familiares de la madre de los dos hermanos desaparecidos, en una protesta ante los juzgados de Córdoba.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha dictado un auto en el que ordena “la medida cautelar de prohibición de aproximarse a Rafael Bretón” a cinco familiares y allegados de Ruth Ortiz. Rafael es hermano de José Bretón, procesado por la desaparición forzosa de sus hijos, Ruth y José, de seis y dos años, el 8 de octubre en Córdoba. Desde entonces, varios familiares y allegados de Ruth Ortiz, madre de los pequeños desaparecidos, han protagonizado protestas frente a la casa de Rafael en Tomares (Sevilla) o en la puerta de los juzgados de Córdoba, donde ha declarado. Le acusan de no ofrecer toda la información que conocen del caso a la policía y a los juzgados. Tanto Rafael como su hermana Catalina han comparecido como testigos ante el juez instructor que investiga la desaparición de sus sobrinos, pero no han sido acusados ni imputados por ningún delito.

La prohibición, que también ampara a los hijos de Rafael Bretón, afecta a cinco personas que fueron identificadas por la Guardia Civil en las concentraciones que se han venido realizando. La orden les prohíbe a partir de ahora acercarse al domicilio de Rafael Bretón y su familia, su lugar de trabajo, “o cualquier otro lugar frecuentado por los mismos, así como de comunicarse con ellos, durante la tramitación de la presente causa”.

Simón Fernández, abogado de Rafael Bretón, llegó a remitir un escrito a la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, quejándose de la actuación de la Guardia Civil en los hechos. El abogado criticaba la pasividad con la que a su juicio se ha actuado hasta ahora, permitiendo que se prolongue la presión sobre la familia de Rafael Bretón. Pero lo que más indignó a Fernández es que una de las últimas concentraciones contase con la autorización de la Subdelegación del Gobierno, a pesar de dos denuncias previas ya presentadas.

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