La Generalitat ofreció empleo a familiares de las víctimas del metro
“Tuve la sensación de que me estaban comprando”, recuerda un viudo Juan Cotino visitó varios domicilios de Torrent entre julio y octubre de 2006
La Generalitat ofreció empleo a familias de los fallecidos en el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos. El entonces consejero de Agricultura y actual presidente de las Cortes, Juan Cotino, se desplazó a varios domicilios de Torrente entre la segunda quincena de julio y octubre de ese año.
En al menos dos de esas visitas, el dirigente popular llegó a sugerir un trabajo a los allegados directos de las víctimas, según cuatro asistentes. Cotino defendió en estos encuentros, de media hora de duración, la tesis oficial del siniestro sustentada por el Consell de Francisco Camps —el accidente fue inevitable e impredecible— y se interesó por la situación laboral de los hermanos de los fallecidos.
“Les preguntó a mis dos hijos si trabajaban o estudiaban [uno preparaba una oposición]. Y que si necesitábamos algo, solo teníamos que llamarle. Mi hijo mayor contestó que se querían ganar el trabajo a pulso, sin ayudas”, recuerda la madre de una fallecida. La respuesta precipitó el fin del encuentro: “Les dijimos adiós muy buenas y enseguida les dimos puerta. No queríamos verles”, recuerda esta mujer, que pide el anonimato “para no tener más problemas” y enmarca la visita como un intento para contentar a las familias, que por entonces se organizaban para recurrir a la vía penal contra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y constituir una asociación.
El regidor del PP de Torrent José Miquel niega las ofertas laborales
Leonardo Pedrero, de 44 años, que perdió a su padre en el mortal descarrilamiento, también recibió una propuesta laboral. “A mi casa de Torrente no llegó a ir Cotino, sino un funcionario de la Generalitat, que le ofreció a mi madre un trabajo donde yo quisiera”, asegura.
El expresidente de la Asociación de Víctimas 3 de Julio (AV3J) Enric Chulio conoce desde hace años el episodio de las visitas. Se lo contaron los afectados. “Le doy credibilidad, ya que lo han explicado varias veces”, afirma. Chulio perdió a su esposa y relaciona los encuentros con la “preocupación de la Generalitat de que se descubriese su mala gestión durante el accidente”.
Estudiantes de Derecho llevarán el caso a la ONU
La Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia, donde estudiantes de Derecho asesoran gratis a organizaciones sin ánimo de lucro, presentará el próximo año un litigio estratégico ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar “justicia material” por el accidente de metro de 2006. La decisión se produce después de que la Asociación de Víctimas 3 de Julio (AV3J), que agrupa a la mayoría de los familiares de los 43 fallecidos y 47 víctimas del descarrilamiento, se pusiera en contacto con este grupo universitario formado 20 alumnos y tres profesores, que ha analizado los recovecos del procedimiento judicial que archivó en diciembre de 2007 la causa del siniestro y que consideró que la responsabilidad penal del accidente se extinguió con la muerte del maquinista.
El litigio estratégico no tiene un carácter vinculante ni anula sentencias judiciales, pero puede dejar en evidencia internacional un proceso. Una resolución favorable, según admite la coordinadora de la Clínica Jurídica, la profesora de Derecho Tributario y Financiero de la Universitat de València María Pilar Bonet, condenaría a la Generalitat a reparar moralmente a las víctimas y a ofrecer una disculpa pública. “Deberían reconocer que no existían las medidas de seguridad suficientes en la línea 1”, explica.
Los estudiantes de la Clínica Jurídica, tras conocer el archivo de las causas, valoraron que existen “elementos razonables” para plantear una demanda al Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulneración de la tutela judicial. Alumnos de este grupo ganaron en 2010 un concurso internacional con un estudio sobre las víctimas del metro celebrado en la Universidad inglesa de Northumbria.
Cotino declinó responder a la llamada de EL PAÍS pero confirmó, a través de un portavoz, que se reunió con familiares de las víctimas en Torrent, donde residían 21 de los fallecidos. En su ronda de visitas le acompañó el entonces concejal del PP en la oposición y actual teniente alcalde del municipio José Santiago Miquel Soriano. Este regidor niega que durante los encuentros se realizasen ofertas laborales y enmarca los contactos en un “gesto” hacia las víctimas. “El actual presidente de las Cortes demostró una gran humanidad”, remarca.
El marido de una víctima mortal resta generosidad a la iniciativa. “Venían de manera interesada, para que nos retirásemos del procedimiento judicial. No me lo pidieron textualmente, pero hay muchas formas de decir las cosas”, recuerda. En la citada reunión, en la que participaron tres familiares de una fallecida de Torrent, el portavoz de la Generalitat llegó a ofrecer un trabajo “en una empresa pública o privada” al hijo de la víctima, que entonces estudiaba. A los tres días de la cita, según este relato, el viudo recibió una llamada telefónica nocturna de un responsable del PP local, entonces en la oposición, para preguntarle si se replanteaban el ofrecimiento. “Le contesté que lo tenía pensado desde el principio y que no me volvieran a llamar. Por supuesto que rechacé la oferta, tuve la sensación de que me estaban comprando”, concluye.
“Con la visita de Cotino no percibí nada. Fue tras la llamada cuando noté que querían contentarnos”, añade la hermana de la víctima, que pertenece a la AV3J.
Considerada la mayor tragedia de metro de España, el descarrilamiento del convoy de la línea 1 entre las estaciones de Plaza de España y Jesús (rebautizada por el Consell como Joaquín Sorolla-Jesús) de Valencia causó 43 fallecidos y 47 heridos. El tren circulaba a 80 kilometros por hora, el doble de la velocidad permitida en la curva mortal. La juez Nieves Molina archivó definitivamente en diciembre de 2007 la investigación al considerar que la responsabilidad penal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se extinguió con la muerte del maquinista. La decisión judicial exculpa a la Administración, al atribuir el accidente a un error humano del conductor fallecido. Los familiares sostienen que el vuelco del tren se pudo evitar con la programación de una baliza que frenara el tren a los 60 kilómetros. La asociación AV3J celebrará el próximo martes el sexto aniversario de la tragedia. Los familiares reclaman al jefe del Consell, Alberto Fabra, la apertura de una investigación “sin versiones oficiales dictadas de antemano” y denuncian la ausencia de dimisiones.
La asociación reclama una investigación “rigurosa”
Los familiares de la Asociación de Víctimas 3 de Julio (AV3J) reclaman desde hace seis años una investigación “rigurosa” sobre las causas del descarrilamiento. La indagación judicial atribuyó al maquinista fallecido el accidente y eximió a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de responsabilidad penal. La causa del siniestro se archivó por primera vez en marzo de 2007, dos meses antes de que el PP de Francisco Camps reforzase su mayoría absoluta en las urnas, y se reabrió en junio de ese año. La falta de “rotundidad” de los peritos sobre si la instalación de una baliza, que FGV colocó meses después, hubiera evitado la tragedia justificó el archivo definitivo. Durante este tiempo, los familiares han criticado la ausencia de dimisiones y la “rapidez” con la que la Generalitat dio carpetazo al asunto.
“Hay personas cuyo trabajo derivó en un accidente y siguen en sus cargos. Queremos que asuman su culpa”, explica el ingeniero Enric Chulio, que perdió a su esposa de 34 años. La gerente de FGV desde 2003, Marisa Gracia, concentra las miradas de la asociación. Gracia ha declinado atender a EL PAÍS.
“En este tiempo he aprendido que no existe justicia y que todas las personas tienen un precio”, remarca María José Gilabert, de 40, hija de una fallecida. María Teresa Navarro, 63, cuya hermana quedó atrapada para siempre en las vías, se siente “menospreciada y humillada”. Y acude a las concentraciones mensuales con un objetivo: “Evitar que la Generalitat se salga con la suya”.
Seis años después de la mayor tragedia de metro de España, los familiares se debaten entre la impotencia y el pesimismo. “Ni se reabrirá el caso, ni se investigará”, augura desde el municipio de Real Josefa Lluch, de 52 años, que se enteró de la muerte de su hija, de 21, cuando se recuperaba en el hospital de la rotura de la cadera, la tibia y siete costillas que se fracturó en el vagón mortal. Esta mujer que habla por primera vez arrastra una invalidez, sufre pesadillas y ya no coge el metro. “Nos han tratado como animales”, dice.
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