Barberá no ve motivos para disculparse con la conductora de la EMT

Los socialistas preguntan a la alcaldesa si piensa excusarse ante la trabajadora a la que recriminó su sueldo

La regidora del PP responde que simplemente se dirigió a una trabajadora de la empresa

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, no tiene nada de qué disculparse con la conductora de la EMT a la que recriminó su sueldo el pasado fin de semana. “¿Piensa disculparse?”, le preguntó el viernes el concejal socialista Pedro Sánchez durante la junta general de la EMT. “No me voy a disculpar porque no tengo nada de qué disculparme”, replicó.

El edil socialista había emplazado minutos antes a la regidora, dado el conflicto laboral que hay abierto en la EMT, a que buscara “vías de diálogo en vez de desprestigiar a los trabajadores o contribuir a crispar más la situación”. La empresa municipal plantea recortes del 10% del sueldo —que los sindicatos elevan al 15% o 17%, según los casos— o, en caso contrario, amenaza con 208 despidos. El comité de empresa lleva meses de protestas, que culminaron con una huelga de 24 horas el pasado sábado, día en que se produjo el careo con una de las conductoras de la EMT.

“Parece que le moleste que me acerque a hablar con los trabajadores, que es lo único que hice”, le contestó Barberá, negándose a dedicarle más tiempo a “manipulaciones y mentiras continuadas”.

La regidora intentó cerrar así lo sucedido el sábado pasado, cuando se encaró con una conductora  por el contenido de los carteles de protesta que colgaban de los autobuses municipales, en los que podía leerse: “Rita no paga”. Según la versión de la conductora, Barberá acabó llamándola “sinvergüenza y mentirosa” tras un tenso diálogo sobre las razones del paro y después de reprocharle delante de todo el pasaje que los conductores cobran 3.300 euros de media al mes.

La alcaldesa explicó poco después que se dirigió a ella para preguntarle qué se suponía que ella no pagaba para, a continuación, asegurar que los empleados cobran todos los meses.

Acto seguido se votaron las cuentas de la EMT de 2011, que salieron adelante con el único apoyo del PP. El PSPV, Compromís y EU las rechazaron.

Tampoco prosperó en este pleno la propuesta de Compromís de que se declare desierto el concurso de la contrata de mantenimiento de edificios públicos. El vicealcalde Alfonso Grau dijo que lo que proponía la edil Consol Castillo era ilegal y la emplazó a acudir a los tribunales si detectaba irregularidades. En alusión a las críticas de la oposición a la limitación de la baja económica que ha impuesto el Consistorio a los ofertantes —“No es lógico cuando su argumento es agrupar todas las contratas para ahorrar”, argumentaron—, Grau aseguró que limitaron la rebaja económica al 2% para evitar “ofertas excesivas que afecten a la gestión”. Castillo le recriminó la lista de precios tan elevados de la contrata, a lo que el vicealcalde replicó: “La bombilla no es lo que se cobra, sí la colocación de un punto de luz”.

PP y PSPV aprobaron una moción conjunta donde instan al Gobierno para que impulse la Carta Municipal para Valencia, así como la petición expresa al Consell de que impulse la construcción en Malilla del IES Nou Patraix, defendido por la asociación de vecinos. La Asociación de Malilla denunció con la lectura de una carta en el pleno el estado de abandono en que se encuentra la zona.

Los otros dos temas que provocaron un agrio debate entre Gobierno y oposición fueron el pago de millones de euros en expropiaciones a las familias Cotino y Trénor. “De 700.000 euros hemos pasado a tener que pagarles unos ocho millones de euros por los mismos terrenos”, describió el socialista Sánchez. El portavoz de Compromís, Joan Ribó, apostilló que en Valencia sucede lo contrario que con Robin Hood. “Aquí se quita a los pobres para dárselo a los ricos”.

Y hubo un segundo encontronazo por la degradación del barrio de El Cabanyal-Canyamelar. Los tres partidos de la oposición criticaron con dureza que el Consistorio no actúe contra la ocupación ilegal de casas y solares de su propiedad en aquella zona, así como otros tantos conflictos que lo convierten en un “polvorín social”. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, culpó de la situación al Gobierno del PSOE y el socialista Vicent Sarrià no se mordió la lengua: “[La ministra del PSOE] Sinde estuvo 20 meses en el Gobierno y ustedes llevan más de 20 años. Han dejado que se pudriera la situación”.

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