El Consell no hará pública la investigación interna sobre cooperación

El juez que investiga las irregularidades de la etapa Blasco reclama nuevos expedientes

Rafael Blasco, en las Cortes Valencianas. / JORDI VICENT

La investigación interna sobre las irregularidades en la concesión de las ayudas a la cooperación que prometió el Consell acabará en un cajón. El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, explicó el viernes que las conclusiones de la investigación interna sobre la gestión realizada en la etapa de Rafael Blasco al frente de la antigua consejería de Cooperación y Ciudadanía no se harán públicas. La razón es que el juzgado número 21, que instruye el caso, solicitó el pasado 22 de junio —un día antes de que concluyese el plazo que se había dado la comisión de investigación para concluir su informe— nuevos expedientes relacionados con las ayudas a la cooperación.

“Los expedientes están judicializados y no se hará público el informe”, dijo el portavoz del Consell. El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, encargado de la investigación, había solicitado una prórroga de 15 días extra, sobre el plazo inicial, para elaborar las conclusiones sobre las irregularidades. En la investigación interna se habían analizado todos los expedientes relacionados con las empresas que están siendo investigadas por el juzgado. La juez que instruye el caso ha solicitado ahora la documentación sobre ocho expedientes más, distintos de los cinco proyectos que motivaron la denuncia inicial.

En el caso de la cooperación ya hay 27 personas imputadas  por delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción también pide la imputación del portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, por prevaricación y tráfico de influencias.

Cómo completar la jornada docente

La Consejería de Educación llevó al pleno del Consell, para su aprobación, el decreto que regula cómo deben completar la jornada laboral los docentes que no tengan suficientes grupos de alumnos en el centro donde tienen su plaza.

La norma prevista por el Consell prevé tres vías para completar la jornada de 20 horas semanales de clase. La primera, que los docentes afectados acepten impartir otras materias afines a las de su titulación. La segunda, que el profesorado asuma la condición de desplazado y complete las horas de docencia de la materia en la que es especialista en otro centro, bien de la misma localidad o, en su defecto dentro de la provincia o de todo el territorio valenciano.

La tercera vía para completar la jornada docente, si no disponen en su centro de suficientes grupos de alumnos para completar la jornada, es adquirir la condición de suprimido.

En este caso, maestros y profesores pueden optar a otras plazas vacantes, de su materia o de aquella especialidad para la que puedan estar habilitados, o bien escoger un destino provisional durante un año, donde tendrán preferencia frente al profesorado desplazado o sin destino definitivo.

Si ninguna de estas opciones es elegida por el profesorado afectado, el Consell será el que decida dónde completará la jornada docente, dando prioridad a los centros de la misma localidad, o en su defecto, la misma provincia.

La Generalitat informó de que hasta el próximo 15 de julio no sabrá con certeza cuántos docentes están afectados.

Fuentes de la Generalitat admitieron que la investigación interna admite la existencia de irregularidades administrativas, aunque no entra en el fondo del asunto. Es decir, si las subvenciones otorgadas se corresponden con el gasto real efectuado en los proyectos.

El Consell no facilitará las conclusiones de la investigación interna sobre la concesión de ayudas a la cooperación a la oposición como prometió en sede parlamentaria, ya que se trata de un documento interno sobre una materia que ha sido judicializada, aunque si el juzgado que instruye el caso lo reclama lo facilitará.

El Gobierno valenciano también acordó tramitar los planes urbanísticos del Valencia CF como una actuación territorial estratégica. Estos planes, que son los primeros que reciben esta calificación, permiten al club de fútbol realizar toda la tramitación urbanística en un plazo de solo seis meses, en vez de los varios años que tardaría el proceso ordinario.

Los planes urbanísticos del Valencia CF prevén la terminación del nuevo campo de fútbol en la avenida de las Cortes Valencianas, donde se prevé una gran área comercial, y la demolición del actual campo de Mestalla, sobre cuya manzana se levantarán viviendas, espacios comerciales y dotaciones para el barrio.

El plan, aprobado con el nombre de Valencia Dinamiza, prevé inicialmente una inversión que rondará los 600 millones de euros. Con la decisión del Consell, posteriormente se abrirá un plazo de alegaciones de 45 días para que las partes afectadas se pronuncien, tras el cual el Gobierno valenciano tendrá que ratificar el plan presentado.

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, José Ciscar, evitó levantar susceptibilidades y recalcó que el Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, tendrá mucho que decir en todo el proceso.

El presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, aseguró que la decisión del Consell es un “paso fundamental” para que se puedan terminar las obras del nuevo campo de fútbol, que se quiere acabar en el plazo de dos años.

Llorente recordó que el pasado 12 de diciembre se aprobó una operación en el consejo de administración de Bankia por el que el Valencia CF podía reanudar las obras del nuevo campo, paralizadas desde febrero de 2009. El día 21 de ese mismo mes se fijó en escritura pública la permuta de los activos del club por otros solares, necesarios en la operación. El temor ahora es que la intervención de Bankia por los organismos europeos pueda paralizar una operación en la que están la citada entidad y la firma Newcoval, constituida por Bankia Habitat y el grupo Aedifica.

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