_
_
_
_
_

Multa de 750 euros por comer un bocata o poner música en la piscina municipal

Reglamento “para favorecer la convivencia y garantizar la seguridad” en instalaciones deportivas

Piscina municipal de Peñuelas en Arganzuela.
Piscina municipal de Peñuelas en Arganzuela.SAMUEL SÁNCHEZ

El Gobierno local (Partido Popular) aprobará mañana el reglamento sobre la utilización de las instalaciones y servicios deportivos de la capital, que entrará previsiblemente en vigor en septiembre en los 69 centros municipales. El texto incluye por primera vez sanciones “para favorecer la convivencia” y “garantizar la seguridad de los trabajadores y el buen estado de las dependencias”. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha denunciado esta mañana en el pleno las tres agresiones registradas en las últimas semanas en instalaciones municipales.

El reglamento considera como falta muy grave causar “una perturbación relevante de la convivencia”; impedir el uso de las instalaciones a otros usuarios; agredir físicamente al personal o estropear el material; exhibir pancartas racistas o xenófobas; portar armas o petardos explosivos; y encender fuego.

Se tipifica como falta grave, entre otras, agredir verbalmente al personal; incumplir los horarios; usar recipientes que no sean de papel o plástico; meter animales sin permiso; no pagar; usar sombrillas, tumbonas, etcétera; practicar juegos o meter pelotas en el agua; y hacer fotos sin permiso. Falta leve será, entre otras acciones, no llevar la indumentaria adecuada; usar reproductores de música sin auriculares; y comer fuera de las zonas habilitadas.

Las infracciones leves conllevarán multas de hasta 750 euros; las graves, de hasta 1.500 euros; y las muy graves, de hasta 3.000 euros. En estos dos últimos casos, se podrá sustituir la sanción económica por la prohibición de uso de las instalaciones entre un mes y un año, para las graves; y entre un año y cinco, para las muy graves. Además, se podrá obligar al infractor a abonar los daños causados.

El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha explicado hoy que, hasta la aprobación en septiembre del reglamento impulsado de forma unánime por todos los grupos municipales en febrero, existe un “protocolo de actuación” desde febrero de 2011 para evitar conflictos, que consiste fundamentalmente en clases de prevención para los trabajadores; y seguridad privada en las piscinas de 14 distritos (con un presupuesto de 1,5 millones de euros).

La concejal de UPyD Patricia García ha solicitado que esa vigilancia se extienda a todas las instalaciones y horarios para evitar agresiones, algo que Villanueva considera imposible debido a la extensa superficie a cubrir (1.6 millones de metros cuadrados) y el alto número de usuarios (20 millones de usos al año). “Hay que medir y distribuir cuidadosamente los recursos públicos”, ha asegurado el vicealcalde.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_