Alaya investiga los 12,5 millones que aportó Economía para los ERE
La juez analiza las subvenciones de la consejería a 12 empresas
La juez Mercedes Alaya investiga los 12,5 millones que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia gastó para contribuir al fondo para empresas en crisis, una partida correspondiente a la Consejería de Empleo que Alaya considera ilegal. En su último auto, el pasado martes, la magistrada exige a la Junta que en el plazo de dos días le entregue los expedientes de 18 empresas, entre ellas 12 firmas subvencionadas por Economía como Astilleros de Sevilla y Promi, pero también algunas abonadas por Empleo como Delphi (un expediente de 100 millones del que se han pagado 10 millones) o incluso por la Consejería de Medio Ambiente como parte del expediente de Boliden Apirsa por 450.000 euros.
Alaya destaca la ayuda dada por Economía para Abantia, Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla para paliar la crisis generada ante el cierre en la construcción de barcos en las dos capitales andaluzas. “Hemos intentado todo”, afirmó el viceconsejero de Economía, Luis Nieto, dos meses después de conceder las ayudas en el verano de 2010. La juez destaca que el ex director general de Trabajo imputado Daniel Alberto Rivera justificó el abono de Economía por “un compromiso asumido por las viceconsejerías” el 26 de enero de 2010. La cifra de 3,5 millones abonados en tres acuerdos entre marzo y julio no sirvió para frenar el cierre de la industria y concretar un acuerdo con los sindicatos. Ahora la juez investiga ese acuerdo entre consejerías para ayudar a la industria naval. “La existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo, habrán de ser investigadas”, dispone Alaya, que le pide a la Junta que le envíe el convenio de colaboración entre Empleo y Economía.
La juez solicita asimismo a la Junta que le aclare otras ayudas que no ve claras después de que el Gobierno andaluz le enviara el último desplegable con el total de las subvenciones a ERE y ayudas a empresas. Entre estas figura la de la firma TPM Inversiones Plásticas por valor de 1,5 millones que en un principio figuraba con cargo a Empleo, pero según el último desplegable está abonada por Economía. También pide Alaya el expediente de Acyco por 109.620 euros que coincide con la factura que emitió el despacho Garrigues “y que no consta en el expediente relativo a dicha empresa remitido por la Junta”, subraya la juez. Entre los expedientes destaca Pack Sur Artes Gráficas, una subvención de 450.000 euros que culminó hace dos años con la suspensión de pagos de la firma.
La magistrada suma a sus peticiones al Gobierno los expedientes de las empresas Virgen de la Luz (Coviluz) que recibió una ayuda directa de 440.000 euros, la de Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección con una subvención de 405.916 euros, “que no aparecía en el anterior desplegable”, la empresa de la Sierra Norte sevillana Grueso y García SL y finalmente Industrias Elizana que recibió 1,1 millones en dos ayudas sociolaborales. Rivera admitió en una conversación privada con la técnica imputada María José Rofa haber dado “alguna cosa” a la empresa Elizana. Rivera concedió a esta firma de muebles la segunda subvención en función de un convenio que firmó cuatro días después de su toma de posesión como director general. La juez entregará hoy a las partes la documentación recibida por la Junta.
IU defiende que tres meses es suficiente para investigar los ERE
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, defendió ayer el “ritmo adecuado” y la “temporalidad” para los trabajos de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre los ERE fraudulentos. La comisión se ha marcado como plazo hasta el próximo 30 de septiembre para concluir sus trabajos.
“La comisión de investigación va bien, por buen camino, por un camino cierto, con un ritmo adecuado y tiene una temporalidad”, aseguró Valderas, antes de añadir en referencia al PP: “Parece que se han puesto nerviosos los que no esperaban que la comisión de investigación fuera bien (...) Lo que no seamos capaces de alcanzar o descubrir en 90 días será difícil que se pueda hacer en 120”.
El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, informó de que plantearán la comparecencia de todas aquellas personas que puedan aportar información “que sea de interés por su conocimiento directo de lo que ha ocurrido”. De momento ningún grupo ha querido desvelar sus cartas sobre qué personas pedirán que acudan a declarar ante la comisión, un plazo que concluye mañana.
Mientras, el PP avisó ayer de que está “mirando con lupa” el retraso del informe que elabora la Cámara de Cuentas sobre los ERE. El coordinador del área económica, Rafael Carmona, alertó de la responsabilidad del presidente del órgano fiscalizador, Antonio López, sobre dicha “dilación”.
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