Botella y Aguirre limitan el intercambio a centros de mayores y de drogadictos
El acuerdo de mínimos excluye emergencias, Madrid Salud, bibliotecas y escuelas infantiles Gallardón dejó prácticamente cerrados todos esos traspasos El intercambio de competencias afectará a 300 empleados públicos
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han cerrado la primera fase del acuerdo político para evitar que las dos Administraciones ofrezcan servicios idénticos a los ciudadanos. Esto no supone en principio que se eliminen prestaciones, sino que algunas de ellas cambiarán de manos a partir del año que viene para que cada competencia dependa únicamente de una Administración.
El documento que firmarán esta mañana la presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), determina en primer lugar los servicios en los que la oferta de ambas Administraciones se solapan: centros de mayores; centros de día para mayores; centros residenciales para mayores; centros de atención a la discapacidad; ayuda a domicilio; bibliotecas y bibliometros; centros culturales; drogodependencias; asistencia sanitaria; asistencia sanitaria de urgencia; atención telefónica de urgencia; instalaciones deportivas; albergues juveniles; escuelas infantiles; vivienda y empleo.
En esta primera fase no se contemplan todos esos servicios, sino solo los que por su naturaleza resultan más fáciles de transferir. Aquellos que entrañaban el mínimo escollo han sido postergados.
La Comunidad pondrá en manos municipales 17 centros de mayores; un centro cultural; dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles. El Ayuntamiento entregará tres residencias de mayores, siete centros de drogodependientes, dos centros de atención a discapacitados, siete bibliometros, y el teléfono de urgencias.
300 empleados afectados
El acuerdo, que afecta a 300 empleados y 41,1 millones de presupuesto, es mucho menos ambicioso de lo que se venía negociando desde otoño, y deja fuera, por ejemplo, bibliotecas y servicios de emergencia, unos traspasos que el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, tenía prácticamente cerrados. Pasa a la página 2
Esta racionalización de competencias fue una de las promesas de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) tras ganar las elecciones de mayo de 2011. Aguirre recogió el guante e impulsó una comisión en la Asamblea —donde había revalidado su mayoría absoluta— para determinar cómo hacerlo.
Sin embargo, en paralelo ambas Administraciones iniciaron una negociación. La razón viene explicada en el dictamen de la comisión parlamentaria: “Madrid, tanto por su condición política de capital de España, como por su población de más de 3.200.000 habitantes, y por su capacidad específica a la hora de garantizar la prestación de servicios públicos, será objeto de una delimitación competencial específica de común acuerdo con el propio Ayuntamiento”.
El dictamen de la Asamblea, conocido a principios de mayo, considera competencia exclusiva municipal estos servicios: atención social primaria, bibliotecas, centros culturales, centros y albergues juveniles, instalaciones deportivas, escuelas infantiles, casas de niños y escuelas de música. Concluye además que son competencia exclusiva regional los siguientes: atención social especializada; prevención, promoción de la salud y asistencia sanitaria; transporte de enfermos; drogodependencias; teléfonos de emergencias; centros de educación de adultos; políticas activas de empleo y vivienda.
Los contactos de Comunidad y Ayuntamiento permitieron llegar a un primer acuerdo en otoño: Gallardón entregó el 75% de las acciones del metro a la Comunidad, que poseía el resto; el usufructo y los derechos políticos ya estaban cedidos al Consorcio Regional de Transportes, en el que el Ayuntamiento mantuvo representación. Así, el alcalde dejó la gestión del servicio en manos de Aguirre a cambio de ahorrarse el abono cada año del 50% de sus costes de explotación (en 2011 fueron 159 millones).
Gallardón abandonó la alcaldía para ser ministro de Justicia en diciembre, pero su edil de Hacienda, Juan Bravo, había dejado muy avanzada ya la primera fase de la negociación, que rubrican hoy Aguirre y la nueva alcaldesa, Ana Botella. Este acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y se verá reflejado en los presupuestos de ese año.
Para la segunda fase quedan los siguientes servicios: centros de día para mayores; ayuda a domicilio; bibliotecas; asistencia sanitaria; asistencia sanitaria de urgencia; instalaciones deportivas; escuelas infantiles; vivienda y empleo. En estos casos la negociación es más complicada por motivos laborales (implica a muchos funcionarios), económicos o políticos (el Ayuntamiento, por ejemplo, no quiere perder sus competencias en empleo).
Reforma legislativa
El acuerdo firmado hoy implica que cerca de 200 trabajadores de los centros municipales de atención a drogodependientes pasen a la Comunidad. El conocido como Instituto de Adicciones, que incluye además cuatro centros concertados más, pasará a integrarse previsiblemente en la Agencia Antidroga regional. Sus trabajadores llevan meses protestando ante esta posibilidad, al considerar que supone desmantelar un servicio puntero y abandonar el modelo de referencia impulsado por Gallardón. Además, 50 policías municipales que atienden en tres turnos las llamadas urgentes al 092 pasarán, según el Ayuntamiento, a reforzar las patrullas en las calles, toda vez que el servicio se integrará en el 112. Por parte de la Comunidad, unos 115 empleados de los centros de mayores se transferirán al Ayuntamiento.
20 millones de desfase
El acuerdo supondrá la transferencia de la gestión de los servicios y de los medios materiales que llevan aparejados (los edificios cambiarán de manos, pero no tendrán que dedicarse obligatoriamente al mismo fin que hasta ahora). Sin embargo, no se verá reflejado en los presupuestos de ambas Administraciones, que deberán hacer frente a sus nuevas competencias con recursos propios. Es decir, si el Ayuntamiento asume 17 centros de mayores, será cosa suya cómo sufragar su gestión y pagar a sus empleados, de igual forma que la Comunidad deberá hacerse cargo de los siete centros de drogodependencias. En total, los nuevos servicios que asume el Ayuntamiento se cuantifican en 11 millones de euros, frente a los 31,1 millones de los que recibe la Comunidad. Esa diferencia de 20,1 millones no se compensará por ahora.
Cuando concluya la segunda fase del proceso se harán cuentas para que nadie salga perdiendo. Respecto a los contratos administrativos o privados y a los convenios de colaboración en vigor, el nuevo gestor deberá subrogarse las obligaciones contraídas por el anterior.
Muchos cabos sueltos
Para una segunda fase en las negociaciones han quedado dos competencias que en principio parecían encauzadas: la asistencia sanitaria de urgencia y las escuelas infantiles.
En el primer caso, el Ayuntamiento y la Comunidad publicitaron un principio de acuerdo para que el Samur (municipal) pudiera atender dentro de las viviendas, además de en la calle. Hasta ahora, lo hacía el Summa (regional), que seguiría actuando en el resto de la región.
Las escuelas infantiles han cambiado de manos virtualmente varias veces ya. En un principio el Ayuntamiento estaba dispuesto a ceder sus 56 centros (solo dos son de gestión directa, con 40 funcionarios) a la Comunidad (que tiene 63, de los que 31 son de gestión directa, con 700 funcionarios). Sin embargo, el cambio en la alcaldía parecía haber cambiado las tornas.
El acuerdo final debe encajar todas las piezas del puzle (funcionarios, edificios, partidas presupuestarias) para que nadie salga perdiendo en un canje que incluye otra incógnita más: qué sucederá con los centros de Madrid Salud y su millar de empleados.
Las dos Administraciones aseguran que los derechos de los trabajadores “en general se mantendrán”. “No obstante, habrá que estar a lo que disponga la ley autonómica reguladora de la transferencia que al efecto se apruebe. Y que luego se concretará en los acuerdos de la comisión mixta de transferencias”. Las medidas no han sido negociadas con los sindicatos, con los que se promete hablar a partir de hoy.
Este acuerdo requiere una reforma de la Ley de Pacto Local aprobada en 2003 por la Comunidad, dado que esta preveía la transferencia de competencias regionales a los municipios, pero no el proceso contrario.
