La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en el hospital de Sant Pau crece semana tras semana. La Asociación Profesional de Enfermería (API, en sus siglas en catalán), que ejerce la acusación popular en el caso por presunta malversación de fondos, ha remitido al juez una ampliación de la denuncia en la que pide que investiguen los desvíos presupuestarios en la construcción del nuevo hospital. Como avanzó este diario, el nuevo centro (inaugurado en 2009) acumuló sobrecostes de 77 millones de euros después de una serie de modificaciones, errores y retrasos.

Según recoge la denuncia, dos de las fases de construcción del hospital “no fueron sometidas a licitación y se adjudicaron directamente a la UTE que realizó las obras”. Esa circunstancia “no permite comprobar si ha existido o no un enriquecimiento indebido por particulares o cualquier tipo de entidades”, según la denuncia. La asociación también pide al juzgado que investigue si una empresa, Intersalus, medió entre Philips y el hospital en el marco de un contrato por 5,1 millones firmado con la multinacional.

El juez de Barcelona que investiga el caso mantiene imputados a dos responsables del hospital en la época en la que presuntamente se cometieron las irregularidades: el exgerente Jordi Varela —destituido en marzo, cuando la Generalitat detectó un agujero de 30 millones en las cuentas del Sant Pau— y Albert Folia, expresidente de la fundación que gestiona el hospital. La investigación se centra en averiguar si hubo indemnizaciones y sobresueldos injustificados a altos cargos. El ejemplo más claro es el de Ricard Gutiérrez, que cobró del Sant Pau como gerente hasta 2011 pese a que había dejado el cargo en 2004.