España necesita a Cataluña. Lo ha dicho solemnemente el presidente catalán, Artur Mas. Para salir de la crisis, hay que contar con la locomotora catalana, viejo argumento forjado en la historia económica de este país que algunos habían dado por obsoleto. Y no solo contar con ella, sino que hay que cuidarla. Buena parte de las reivindicaciones catalanas, como el pacto fiscal, el eje mediterráneo o la gestión de las grandes infraestructuras portuarias y aeroportuarias, no se justifican únicamente por los intereses de los catalanes, sino también por los intereses generales españoles. El ejemplo más plástico que se esgrime desde Cataluña es el del puerto de Barcelona: su conexión ferroviaria con un eje mediterráneo que enlace con la red europea desde Algeciras tendría un enorme impacto sobre la competitividad del conjunto de la economía peninsular.

Las nuevas teorías en boga, plenamente aceptadas por el nacionalismo catalán, nos aseguraban lo contrario, que la España de la globalización ya no necesitaba a Cataluña y que por eso se permitía desentenderse de las dificultades de los catalanes con la identidad, el encaje e incluso con los dineros. La accidentada peripecia del nuevo Estatuto de Cataluña sería, según este cuadro, la engorrosa exhibición de un esfuerzo inútil, un último espasmo de una vieja ambición periclitada. A la tradicional preocupación española le habrían sucedido el desprecio y la indiferencia hacia los catalanes. La cuarta potencia económica del euro, quinta de la UE y novena o décima del mundo empezaba, según este relato eufórico, una nueva etapa desacomplejada y tranquila en la que los catalanes se verían obligados a adaptarse, a costa incluso de su desaparición como nación diferenciada. O a irse, añadía airada la voz independentista, nada menos que la del propio Jordi Pujol.

Madrid ocupaba un lugar central en esta nueva teoría de España. Una gran metrópoli europea bien comunicada, sede de multinacionales, turísticamente atractiva, con los mejores museos del mundo, incipiente polo de innovación empresarial y tecnológica incluso, dejaba atrás la vieja idea de la capital tibetana de un imperio desaparecido, aislada en la meseta y desacoplada de la economía real. Madrid se va, escribió Pasqual Maragall. El segundo protagonista urbano de este cambio radical era Valencia, moderna ciudad portuaria, comunicada y coordinada directamente con Madrid en competencia con Barcelona. La España así vertebrada dejaba en el rincón a los catalanes, que habían pugnado secularmente por el liderazgo de España y se veían obligados ahora a competir con los valencianos y con todas y cada una de las autonomías por su ración de rancho igualitario en el reparto peninsular.

Esto era antes de la crisis. Antes del desastre de Bankia y de que Rajoy y el PP iniciaran el descenso a los infiernos de la impopularidad con su mayoría absoluta. En mitad del vendaval, cuando vuela por los aires el sistema financiero sobre el que se había asentado el proyecto popular madrileño y valenciano, cuando el prestigio de la nueva España, ahora rescatada e intervenida, está por los suelos y las instituciones han sido corroídas hasta sus raíces por la polarización partidista, parece tan difícil para España prescindir de Cataluña al menos como para Cataluña prescindir de España. No en el corazón, que quede claro. El federalismo de las vísceras, el que se siente y se vive, nunca ha tenido raigambre alguna en el centro peninsular. Pudo tenerla el federalismo de la razón, de los argumentos; aunque los últimos embates estatutarios han dejado exhaustas las neuronas y no quedan voces que lo defiendan, ni en la España central ni en la periférica.

Queda el federalismo de necesidad, reluctante y amargado, que funciona porque tiene las arcas autonómicas bajo la directa perfusión de las arcas del Estado, allana diferencias a las órdenes de Francfort, Bruselas y Berlín, y crea solidaridades obligatorias entre todas las Administraciones intervenidas, desde el municipio hasta el Estado central, pasando por las autonomías. Sin amor, pero encadenados