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Justicia agiliza la asistencia a personas sin recursos con más abogados

El decreto gubernamental extiende la cobertura y facilita la elección de jurista

Varios abogados esperan su turno en los pasillos de la Audiencia de Bizkaia.
Varios abogados esperan su turno en los pasillos de la Audiencia de Bizkaia.santos cirilo

Tres años después de su planificación, el nuevo decreto que regulará en Euskadi la justicia gratuita está, por fin, en marcha. El Gobierno vasco dio la pasada semana su visto bueno a una renovación de la asistencia jurídica a las personas sin recursos con la que pretende habilitar, ante el incremento de la litigiosidad derivado de la crisis, un mayor número de abogados para agilizar los trámites. La publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) a comienzos de julio marcará la entrada en vigor de una normativa que llega, pese a todo, sin el respaldo del Consejo Vasco de la Abogacía, que sí se ha comprometido a aplicarla “siempre que sea posible”.

Las discrepancias entre el Ejecutivo y los abogados han sido la causa del retraso de una norma que estaba previsto aprobar a comienzos de año. Era uno de los grandes objetivos que se había marcado la consejería de Justicia socialista. Pese a tratarse de un decreto, el Gobierno se prestó a negociar la articulación del texto con los abogados, a cuyos colegios encarga la ley la organización y las designaciones del turno de oficio. Los encuentros bilaterales, sin embargo, no han dado los resultados esperados. Los letrados han considerado invadida su competencia y el departamento, tras realizar algunas cesiones, ha optado finalmente por aprobar la regulación sin consenso.

La normativa sale adelante a pesar de las críticas de los letrados

El anterior decreto databa de 1996 y estaba “obsoleto”, según el Ejecutivo. Por eso, decidió impulsar una reforma con la que persigue varios objetivos. Por un lado, dotar de mayor transparencia al servicio para “saber con exactitud” cuántas actuaciones se pagan, un control que hasta ahora ejercían en exclusiva los colegios de abogados. Por otro, dar cobertura normativa a un funcionamiento del servicio que hasta ahora se regía por acuerdos, y no siempre firmados, con diferencias incluso entre los distintos territorios. Además, se facilitará la libre elección de abogado y se extenderá la cobertura del servicio a menores de edad.

El Gobierno destinará más de 112.000 euros anuales para la presencia continuada de 41 abogados de guardia durante todos los días del año. Un importe superior al de ejercicios precedentes, pero con el que el departamento confía en dar respuesta a las reiteradas quejas de insuficiencia de profesionales para la asistencia jurídica gratuita. De ellos, casi 55.000 se destinarán a la prestación del turno de oficio en Bizkaia, unos 41.000 en Gipuzkoa y 16.000 en Álava. A la espera de una posible concreción posterior por partidos judiciales, la distribución de letrados por territorio será de 20, 15 y 6 respectivamente.

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Pese al descenso de algunas cuantías derivado de la crisis y la merma presupuestaria, Euskadi se mantendrá como la comunidad que mejor paga a los abogados el servicio de justicia gratuita en la mayoría de los casos (ver gráfico). En concreto, sus módulos por expediente multiplican hasta por nueve en algunas ocasiones los del Ministerio de Justicia u otras autonomías que tienen la competencia transferida. En los procesos matrimoniales de mutuo acuerdo, por ejemplo, la horquilla oscila de los 120 euros del Gobierno central a los 562 del vasco. En procedimientos sociales, en cambio, entre los 140 de Valencia y los 306 de Euskadi.

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