Montes asegura que realizó los trabajos que cobró a Loizate
El juez sospecha que podría haber recibido comisiones
El último imputado en la fase de instrucción del conocido como caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción a la que están vinculados importantes excargos del PNV, Josu Montes, declaró ayer en los juzgados de Vitoria, donde explicó los detalles de los contratos de la empresa de la que fue administrador durante varios meses, la extinta Ortzi Muga, una de las mercantiles vinculadas a la supuesta trama.
En el auto de imputación, el juez Roberto Ramos, encargado de la instrucción del caso, señaló a finales de mayo que “existe la sospecha de que dicho pago no tuviera su efectiva contraprestación en un trabajo real por Ortzi Muga”. Se refería a la mercantil Construcciones Loizate, propiedad de Jon Iñaki Echaburu, otro de los imputados, que en mayo de 2006 pagó 6.000 euros a la empresa que por aquel entonces tenía como administrador al propio Montes.
Ayer, el imputado, que no contestó a las preguntas del fiscal jefe de Álava, aseguró que realizó los trabajos, pese a que el juez sospechaba que este pago podría haber sido similar a otros dos de la constructora a Errexal, una de las principales empresas de la trama, por 7.000 y 10.000 euros, detrás de los cuales el juez sospecha que existe un pago de comisiones por la adjudicación de otros contratos de mayor envergadura.
Una trabajadora de Kataia subraya la unión entre Alberdi y la empresa
En octubre dejó la administración de Ortzi Muga en manos de Iñaki San Juan, en cuyo poder estaría la mercantil cuando se firmaron otros contratos, esta vez con la administración pública vasca, concretamente con la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, entonces en manos de Xabier Sánchez Robles, que también han sido investigados. Para entonces, Montes había dejado Ortzi Muga y había pasado a trabajar a Errexal, otra de las sociedades de la supuesta trama, por unos meses.
Tras él declaró, a petición de la defensa del exdiputado foral Alfredo de Miguel, y en calidad de testigo, la trabajadora de Kataia Consulting Ana Rodríguez, que ya testificó meses atrás. La asalariada de Kataia acudió a los juzgados con documentación que justifica su trabajo en la mercantil y aseguró que se reunía asiduamente con Ainhoa Alberdi, la abogada que denunció por un presunto intento de extorsión a Alfredo de Miguel y a Aitor Tellería, una denuncia que puso sobre la pista de la presunta trama que aún está siendo investigada. En este sentido, la trabajadora de Kataia hizo hincapié en la estrecha relación laboral que unía a la letrada y a la empresa nuclear del caso de Miguel.
Con estos dos últimos testimonios finaliza la última tanda de declaraciones solicitada hasta el momento por el juez Ramos, en la que han sido llamados a declarar los presidentes de las cuadrillas alavesas en 2005 o los exresponsables forales Iñaki Nafarrate e Izaskun Martínez de Lahidalga.
