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Educación rechaza los recursos de los docentes contra el recorte salarial

La consejería esgrime la grave crisis financiera internacional y los compromisos de déficit

La Consejería de Educación ha rechazado en bloque todos los recursos individuales planteados por centenares de docentes disconformes con la reducción de sus nóminas en el mes de marzo en virtud del decreto de recortes aprobado por el Consell en enero. Una resolución firmada por la subsecretaria Virginia Jiménez Martínez y que publica el DOCV invoca la grave crisis financiera internacional, los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas sobre gasto público en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por el Consejo de Ministros hasta 2014 para justificar la medida.

Centenares de docentes plantearon sendos recursos de alzada para expresar su disconformidad con la reducción practicada en la nómina del mes de marzo, en la que se redujo la cantidad abonada por el componente relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza. El recorte efectivo puede superar el 10% de la nómina habitual en el caso de los profesores que acumulan más antigüedad. el equivalente a la pérdida de una mensualidad y media de salario a lo largo de todo el año.

Educación empieza por argumentar que la figura del decreto ley es un instrumento adecuado para modificar las retribuciones de los docentes, que estaban fijadas previamente en la ley de presupuestos de la Generalitat. Apunta que el estatuto de los empleados públicos atribuye al Estado la potestad de fijar las retribuciones básicas de todos los funcionarios, pero cede a las comunidades autónomas la competencia para fijar los complementos salariales. E invoca la grave crisis financiera internacional y varias sentencias del Tribunal Constitucional para justificar los recortes.

La resolución agota la vía administrativa, pero fuentes sindicales explican que, una vez validado el decreto de recortes mediante una ley de las Cortes valencianas, es prácticamente imposible recurrir por vía judicial para reclamar el salario perdido.

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