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Aguirre elimina el organismo que da formación a médicos y enfermeros

El PP introduce una enmienda para extinguir la Agencia Laín Entralgo de formación de sanitarios "Se extinguirán los contratos de trabajo del personal temporal", asegura el texto

Elena G. Sevillano

El PP presentó ayer casi una treintena de enmiendas al proyecto de ley que modifica sus presupuestos para 2012. Muchas de ellas corrigen artículos ya previstos en el texto original, pero hay otras nuevas que introducen más recortes. El ejemplo más llamativo es la desaparición del organismo que forma a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid. La enmienda número 20 añade una nueva disposición adicional al decreto: "Extinción de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios", llamada Pedro Laín Entralgo en honor de este médico y rector de la Universidad Complutense de Madrid en los años cincuenta.

La agencia Laín Entralgo es una entidad de derecho público que se creó en 2001 y se dedica fundamentalmente a la formación continuada de médicos, enfermeras y otro personal sanitario. También realiza actividades de investigación y cofinancia con el Estado contratos estables de investigadores y de técnicos de apoyo. La agencia también actúa como órgano de acreditación sanitaria y colabora en la elaboración de guías de prácticas clínicas, entre otras atribuciones.

La enmienda del grupo popular, que tiene mayoría absoluta en la cámara regional, precisa que el personal funcionario de carrera que presta sus funciones en la agencia "se adscribirá a la Comunidad de Madrid". Según los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, la plantilla de la agencia constaba a 31 de diciembre de 2001 de 95 personas, y la previsión para finales de 2012 era que se reduciría hasta los 93. El futuro del personal laboral que trabaja en el ente público pinta más bien negro: "Se amortizarán los puestos de trabajo y se extinguirán los contratos de trabajo del personal laboral", asegura el tercer punto de la enmienda. La Consejería de Sanidad no ha precisado, a preguntas de este diario, cuántos trabajadores están en esa situación.

Sanidad asegura que las funciones de la agencia las asume ahora la Consejería

La agencia se suprime, pero no sus funciones, asegura un portavoz de la Consejería: "Las funciones de la Agencia Laín Entralgo pasarán a una Dirección General de la Viceconsejeria de Ordenación Sanitaria. Solamente cambia la forma jurídica de cómo se aborda la formación y la investigación, como ya sucede en prácticamente todas las comunidades autónomas", añade. "De hecho, Madrid era una excepción, ya que casi todas las regiones centralizan en sus consejerías las labores de formación, acreditación y apoyo a la investigación. Este cambio se realiza en el marco de las políticas de la Comunidad de Madrid de reducir el peso de la administración autonómica, reestructurar los entes públicos para flexibilizar y optimizar la eficacia en la actuación de la Consejería y avanzar en los principios de austeridad y contención del gasto público", señala el citado portavoz.

El portavoz socialista de Sanidad, José Manuel Freire, critica la extinción de la agencia: "Su eliminación es una muestra más de en qué manos está la sanidad de Madrid. Hace unos días la Agencia era necesaria, casi la joya de la corona; hoy sin saber por qué ya no". El diputado insiste: "Esta decisión no se acompaña de un solo documento que nos diga cuánto se ahorra (si este es el objetivo), ni quién hará lo que ahora hace la Agencia (la biblioteca virtual común para todos los centros sanitarios públicos, la formación sanitaria, evaluación, etc.). Esta decisión solo parece tener una lógica: debilitar lo público. ¡Con lo que se echa de menos inteligencia sanitaria en el gobierno de la Comunidad de Madrid, no se les ocurre otra que suprimir el organismo que mejor podría contribuir a ello!".

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"Estamos de acuerdo con el adelgazamiento de la administración pública y apoyamos la supresión de la agencia", opina el portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand, que sin embargo matiza: "Es una medida improvisada, como demuestra el hecho de que el personal de la agencia se adscriba provisionalmente a un órgano de la Consejería (la Secretaría General Técnica). No parece haber un proyecto a largo plazo ni una planificación adecuada". Normand añade: "Esperamos que la supresión de la agencia no añada un recorte más en investigación a los que ya ha hecho el Gobierno de España". La formación magenta señala el coste excesivo de la sede: "La agencia lleva años alquilando un piso muy caro en la Gran Vía y de repente en una semana se han dado cuenta de que es un ente que se debe suprimir. Creemos que la forma mediante la que se está suprimiendo no va a permitir el debate político adecuado". El diputado coincide con Freire en la falta de información: "Desconocemos el impacto económico de la medida puesto que la Consejería no ha dado ninguna información pública al respecto".

El grupo parlamentario de Izquierda Unida critica la decisión de la Comunidad: la agencia "está realizando un importante labor en el campo de la formación y en el desarrollo de iniciativas para el fomento de la investigación entre los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad". Para Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad, "si al final el Gobierno Regional extingue esta agencia sería un grave error porque los resultados de formación de los profesionales sanitarios, de investigación científica y la innovación en el campode la biomedicina están siendo positivos. Eso se traduce siempre en una mejora para la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario".

El presupuesto regional de 2012 asignaba a la agencia 16,8 millones de euros (en 2011 fueron 10,1 millones), de los cuales casi cuatro millones correspondían al capítulo 1, es decir, a gastos de personal. Con ese presupuesto el ente público tenía previsto financiar 722 cursos, con un total de 12.013 horas lectivas, y una oferta de 24.850 plazas para personal sanitario de la Comunidad de Madrid, dentro del a oferta del plan de formación continuada de la agencia. El resto de actividades de formación continuada  para el Summa 112, las gerencias de Atención Primaria y las organizaciones sindicales las financia el Servicio Madrileño de Salud directamente. El alquiler anual de la sede que el ente público tiene en plena Gran Vía cuesta 1.625.290 euros.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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