La Xunta se enreda con Telmo Martín
El pleito por el ‘perdón’ de tres millones a Construcuatro se basa en que el edificio de Silgar carece del preceptivo permiso sectorial del Gobierno gallego
Los únicos informes conocidos de técnicos de la Xunta sobre el edificio de Construcuatro en la playa de Silgar, en Sanxenxo, son los del expediente sancionador, y nadie ha cuestionado su rigor. A la empresa de Telmo Martín —alcalde entonces de la localidad—, según concluyó, le correspondía pagar una sanción de tres y pico millones de euros y reponer la legalidad urbanística. Luego irrumpieron como en comedia de enredo Cristina Paz-Curbera y Llovet, técnica de la Demarcación de Costas de Pontevedra, y Enrique López Veiga, a la sazón conselleiro de Pesca y ahora senador. López Veiga condonó aquella sanción con el aval de un informe de Paz-Curbera y aun exponiendo en su resolución que no era de su competencia concluir el expediente, que ya es enredo. Tuvieron que pasar cinco años para que el Tribunal Supremo lo desenredara.
En una sentencia de medio folio, el alto tribunal dictaminó en junio de 2011 que, efectivamente, por la cuantía de la sanción, solo el Consello de la Xunta podía retirar la multa al constructor y dirigente del PP. El expediente volvió, pues, al momento en que sus técnicos formularon la propuesta de sanción. El Consello de la Xunta de Feijóo, sin embargo, con nuevos “informes técnicos” que hurta al Parlamento, según afloró en su último debate, aprobó en septiembre “convalidar” el sobreseimiento que resolvió López Veiga —más enredo— y condonar así la sanción a Construcuatro.
“Fue una carallada”, sostiene Paz-Curbera. Las esquinas de la fachada del edificio de Construcuatro, en primera línea de la playa de Silgar, distan 18,20 y 17.81 metros respectivamente de la línea del dominio público marítimo terrestre. Tendrían que estar a 20 metros, como ordena la Ley de Costas (1988) y lo hacían las normas subsidiarias del urbanismo local (1990). Pero el edificio creció sin que los vigilantes de Costas, contra lo habitual en otros casos, realizaran ningún informe sobre la obra, pese a lo visible y emblemático del lugar. Hasta que la asociación ecologista Salvemos Pontevedra denunció la infracción.
En Sanxenxo gobernaba Telmo Martín (1999-2007) y al enredo se suman los dos organismos hermanados con competencias en la disciplina urbanística del litoral, la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio de Usos do Litoral, de la Consellería de Pesca. El primero lo dirigía José Antonio Rueda Crespo, padre del actual conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y su tía Paloma era la delegada de Pesca en Pontevedra. Esta coincidencia cobra relieve por el empeño personal del conselleiro Rueda en promover de nuevo a Paz-Curbera para la jefatura de Costas, que ya desempeñó después de su padre.
En la Demarcación de Costas Paz-Curbera es responsable desde 1999 del servicio de Dominio Público, cargo que compatibilizó con la jefatura provincial de Costas (2004-2009) y en el que no ha cesado tras recuncar en esa jefatura en abril pasado.
En Sanxenxo el deslinde de Costas comenzó en 1998 y 14 años después aún no ha concluído, lo que también contribuye a enredos. En la exposición inicial del plan general aprobado por el Ayuntamiento en 2003, por ejemplo, en los planos de la Dirección General de Costas la línea de protección partía en dos el chalet de la propia Paz-Curbera; en los definitivos del plan, sin embargo, lo salvan con una extraña parábola hasta el límite de la piscina.
En 2005, en el “informe aclaratorio” para López Veiga sobre el edificio de Silgar, Paz-Curbera alude a las arduas dificultades encontradas para fijar la línea de protección en la zona y atribuye a un hipotético “error de grafiado” de los propios planos de Costas la indución a la infracción de Construcuatro. Pero en la tramitación del expediente sancionador, según técnicos de Costas consultados, no existe ningún acto ni resolución administrativa de Costas o de Usos do Litoral que, basándose en supuestos planos erróneos, determinara la infracción de la construcción. El “error” que descubre Paz-Curbera remite a que “en un primer momento” la línea se marcó, absurdamente, a 19 metros, distancia que, por lo demás, también invade el edificio.
Este enredo, con todo, a día de hoy se vuelve irrelevante. El Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a trámite el contencioso de Salvemos Pontevedra contra el acuerdo de condonar la sanción a Construcuatro porque su edificio invade la zona de protección “careciendo de la preceptiva autorización sectorial de la Xunta”, el quid de la cuestión, ya que Construcuatro ni siquiera llegó a pedirla. Por esta “carallada”, en fin, “el pobre Telmo Martín” está siendo víctima de “una canallada”, según Paz-Curbera, o de una “persecución inadmisible” por pate de la oposición, según el conselleiro Agustín Hernández. Para enredar lo obvio.
Otra vara de medir para un vecino de Vigo
José Ramón Quiroga, pequeño empresario constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, “dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros”. La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de Protección do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.
Después de más tres años de calvario judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su “rectificación de un manifiesto error de hecho”: el linde de protección en la zona de marras, donde él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró. Tampoco la fiscalía.
Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El “error” fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.
